📉 De la misma forma que unos impuestos excesivamente altos minan el potencial recaudatorio al destruir actividad económica, el exceso de regulación tiene consecuencias negativas que golpean de forma directa el crecimiento y minan el bienestar de los ciudadanos.
📊 La nota cosechada por España en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 puntos en 2022, un desplome del 50 por ciento que pone de manifiesto la evolución a peor de nuestro marco normativo. De un total de 63 economías desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking.
💸 El “impuesto oculto” de la regulación supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros, con un efecto equivalente a 1.470 euros por ciudadano o, lo que es lo mismo, 4.410 euros por hogar. 🧾 Las trabas normativas y la burocracia conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la innovación y la generación de riqueza.
📈 Ligando la relación entre el crecimiento promedio del PIB real per cápita y el número de normas aprobadas por las comunidades autónomas, hallamos la Curva de Laffer Regulatoria aplicable a la economía regional española.
🏙️ Los hallazgos de la investigación prueban que comunidades como Madrid o País Vasco apoyan su crecimiento económico en un marco regulatorio menos restrictivo. En sentido inverso, Cataluña destaca como un territorio autonómico con mayor carga normativa y, a consecuencia de ello, sale peor parada. El volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en Madrid o el País Vasco.
⚠️ Los ejemplos de mala regulación están a la orden del día, lo que da buena cuenta del impacto que tiene este problema en nuestras vidas:
🏗️ La complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas. A esto se suman cargas fiscales elevadas y regulaciones sobre el alquiler que estrangulan la oferta y encarecen el acceso a la vivienda.
🛍️ España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. El propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros.
💊 La nueva Ley del Medicamento ha recibido cerca de 400 alegaciones por su opacidad en precios y falta de competencia. Además, España tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos, lo que la sitúa como uno de los países más lentos de la UE. En paralelo, el Plan Antitabaco ha sido criticado por vulnerar principios comunitarios y por restringir productos de reducción de daño como el vapeo o las bolsas de nicotina, alejándose de las mejores prácticas internacionales y presentando una normativa carente de evidencia empírica, tal y como ha señalado la CNMC y de acuerdo con lo que han reivindicado otros países europeos críticos con los planes del gobierno español, como Suecia, Italia o Chequia.
🌿 España ha aprobado seis veces más normas medioambientales que Francia, sin obtener mejores resultados: está por detrás en el índice de desempeño ambiental de Yale y emite más CO₂ por habitante y por unidad de PIB. En marcado contraste con nuestro país vecino, nuestras trabas a la energía nuclear han empobrecido el mix energético, aumentando la vulnerabilidad del sistema y sin beneficios ambientales comparables.
🚫 En los últimos años, las Administraciones Públicas han aprobado un sinfín de trabas que dificultan el desarrollo de nuevos modelos de economía colaborativa y plataformas digitales de servicios, pese a que estas iniciativas generan más competencia, impulsan la innovación y amplían la oferta de productos y servicios, facilitando la vida cotidiana de millones de personas. Este intervencionismo se ha traducido en restricciones a los vehículos VTC, cuyas licencias se han limitado artificialmente, o en la proliferación de normas que impiden el uso libre de viviendas como alojamientos turísticos. En este contexto, destaca también el caso del sector del reparto a domicilio, donde la llamada Ley Rider ha resultado contraproducente: el empleo ha caído un 7 por ciento, los salarios por hora un 3 por ciento y las horas trabajadas un 2,5 por ciento, según un estudio del instituto IZA, de Alemania. La normativa no solo ha reducido la flexibilidad laboral y encarecido la contratación, sino que ha generado una oferta más escasa y de menor calidad, perjudicando tanto a los repartidores como a los consumidores.
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