Racionalidad económica y política en los negocios internacionales
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En el actual escenario económico y político global, los conceptos de racionalidad económica y política han cobrado una gran relevancia a la hora de evaluar el comportamiento de los actores económicos —sean privados o públicos—, así como el de las políticas comerciales de las principales potencias económicas internacionales, en términos de sus decisiones de orden geoeconómico y geopolítico.
Las tensiones geopolíticas y geoeconómicas entre los Estados Unidos y China, principalmente, sumadas a la guerra de aranceles de EE. UU. frente a sus históricos socios comerciales, han puesto en el tapete, de manera implícita y explícita, el choque entre dos concepciones distintas de abordar la toma de decisiones de políticas económicas.
La racionalidad económica
La racionalidad económica tiene sus raíces en la teoría del homo economicus. Los orígenes de esta se encuentran en el ensayo sobre la economía política escrito por el filósofo, economista y político inglés John Stuart Mill en el año 1836, titulado Sobre la definición de economía política y sobre el método de investigación para ella. John Stuart Mill no acuñó el término homo economicus directamente; no obstante, su obra sentó las bases para la idea de un ser humano racional y maximizador de su propio interés económico.
Mill concibió al individuo en economía como alguien que busca la riqueza a través de una evaluación eficiente de los medios para obtenerla. Veía al hombre económico como un ser que busca maximizar su riqueza y bienestar, utilizando la razón para evaluar las mejores opciones a su alrededor. Por lo tanto, para Mill, lo que posteriormente fue conceptualizado como homo economicus era una herramienta metodológica para analizar la economía.
Homo economicus
La racionalidad económica se basa en la conceptualización del homo economicus, un concepto que describe, de manera abstracta, la capacidad de los agentes económicos para tomar decisiones lógicamente fundamentadas en una relación costo-beneficio. Estas decisiones tendrían como objetivo optimizar beneficios, así como reducir costos, operando dentro de las restricciones de recursos y conocimientos disponibles. En esencia, implica elegir la opción más ventajosa después de evaluar las alternativas y sus respectivas consecuencias.
La característica más importante del homo economicus es que toma decisiones basadas en un análisis racional de costo-beneficio, tanto desde el punto de vista del empresario —que se preocupa principalmente por maximizar las ganancias a través de un proceso de toma de decisiones eficiente— como desde el del consumidor, que busca maximizar su utilidad al comprar cualquier bien o servicio.
No obstante, los supuestos básicos sobre los cuales se sustenta el concepto abstracto y cuasi-modelístico de la racionalidad de los agentes económicos han recibido críticas tanto metodológicas —en cuanto a la validez de su aplicación práctica— como teóricas, como por ejemplo el supuesto de que los tomadores de decisiones tendrían acceso a toda la información existente.
Si enmarcáramos este concepto de racionalidad económica —y su subyacente homo economicus— en el actual contexto económico global, los agentes racionales deberían aprovechar la libertad del flujo de capitales y de los factores de producción. Esto se traduciría en la búsqueda de ventajas competitivas y comparativas, la optimización de la inversión en cuestión y la maximización del comercio, así como en la adaptación a las fuerzas del mercado como eje rector de sus decisiones de inversión o desinversión.
La racionalidad política
El concepto de racionalidad política no ha escapado de la abstracción ni de los factores inherentes a ella, como las influencias ideológicas o políticas —sean de tipo cultural o coyuntural— sobre los tomadores de decisiones a la hora de establecer las políticas económicas en sus respectivas naciones.
La racionalidad política ha sido definida por algunos autores como “una racionalidad práctica. Esto significa que no es una racionalidad externa a la acción, sino que es una racionalidad propia de la acción humana. Y como tal, solo es posible en relación con un agente y un contexto objetivo. Frente a la racionalidad teórica, que considera ‘desde fuera’ los procesos para aplicarles una técnica o normativa que los ordene a un fin estratégico”. (Luis Alejandro Auat, La racionalidad política: principios y mediaciones, Revista de Filosofía de Santa Fe, N.º 11, 2003, p. 46).
Siguiendo con el concepto de racionalidad política ya mencionado, es importante citar a Cruz Prados, quien sostiene que “la racionalidad de la acción solo es posible en el seno de un ethos objetivo. No sería posible, entonces, determinar la racionalidad o no de una acción si no contamos con un contexto de referencia”. (Cruz Prados Alfredo, Ethos y Polis. Bases para una reconstrucción de la filosofía política, EUNSA, Pamplona, 1999).
Cabe aclarar que el ethos es un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad, teniendo como fin lograr adhesiones a un proyecto político determinado, que puede tener diversos matices ideológicos o ser netamente pragmático. Estos conceptos son relevantes para entender la interconexión entre la racionalidad económica y la política dentro del actual escenario global de los negocios.
Interconexión entre la racionalidad económica y la política
La economía y la política están intrínsecamente ligadas, ya que las decisiones políticas pueden tener un impacto significativo en la economía, y las condiciones económicas pueden influir en las decisiones políticas.
Por ende, la racionalidad económica, a menudo asociada con la relación costo-beneficio y su maximización —como ya hemos señalado—, se ve desafiada por consideraciones políticas que obedecen a una racionalidad que prioriza intereses políticos presentes y de corto o mediano plazo. La estabilidad y la equidad social, entre otras consideraciones de índole sociopolítica, suelen supeditarse a factores políticos de corte electoralista que pretenden establecer una gobernanza que garantice legitimidad y apoyo popular en función de un proyecto político determinado.
Todos estos procesos, en distintos grados, introducen sesgos en los procesos de toma de decisiones. La influencia de grupos económicos, políticos o gremiales determinados, la búsqueda de rentas por parte de funcionarios, y el intercambio de favores terminan llevando a lo que la escuela de la Public Choice ha destacado: que la toma de decisiones públicas “no es un mecanismo de mercado”, y que las fallas de mercado deben compararse con los costos de la intervención pública, sea esta de alcance nacional o internacional.
El ciclo político de los negocios en el actual contexto global
La compleja relación entre economía y política debe analizarse también a través de la teoría del ciclo político de los negocios. El origen de esta teoría se encuentra en el artículo del economista William D. Nordhaus, de la Universidad de Yale, titulado The Political Business Cycle (abril de 1975), publicado en The Review of Economic Studies. Este artículo no solo definió un nuevo riesgo exógeno para el funcionamiento de los mercados —el ciclo político de los negocios—, sino que identificó tendencias intrínsecas en los sistemas políticos democráticos para manipular la economía en beneficio de las élites políticas y económicas, especialmente para influir en los resultados electorales y así conservar el poder político.
Nordhaus planteó que, dentro de este concepto, existiría un ineficiente “ciclo político” mediante el cual los gobiernos, a través de la manipulación de instrumentos de política económica (fiscal, monetaria y comercial), buscarían preservar el poder.
Dentro de esta teoría se distinguen dos tipos de modelos: los oportunistas, donde los políticos solo buscan maximizar votos, y los partidistas, donde adoptan políticas que reflejan una ideología definida y están orientadas a beneficiar a sus representados.
Si bien esta teoría nació como una modelización para explicar el comportamiento de gobiernos democráticos en su afán de moldear la economía según sus intereses electorales, también puede aplicarse, aunque parcialmente, a regímenes cuasidemocráticos o autoritarios. En estos casos, la manipulación económica no se orienta a la reelección, sino a la expansión de la influencia geoeconómica y geopolítica en el escenario internacional.
Hoy, en el plano internacional, observamos un contraste: por un lado, el gobierno actual de los Estados Unidos encuadra su racionalidad política dentro de los dos modelos arriba mencionados al implementar sus políticas económicas exteriores. Por otro, China actúa según una racionalidad política que no se explica por procesos electorales internos ni por la necesidad de adhesión al establishment por parte de su ciudadanía, sino por su proyecto de expansión global. Este proyecto, en ciertas áreas económicas, compite de forma desleal —desde el punto de vista de las reglas del libre mercado— con los Estados Unidos y el resto del mundo occidental.
Conclusiones
La racionalidad política, tal como se ha explicado en el marco de la teoría del ciclo político de los negocios, ha venido marcando —y seguirá marcando— las pautas de reconfiguración del actual sistema económico y geopolítico internacional.
Este ciclo político de los negocios ha minado los fundamentos del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial. A través de guerras comerciales, competencia desleal y el uso de aranceles como instrumento de presión política y económica (justificada o no), se ha generado un entorno global altamente impredecible y desafiante para los agentes económicos, que solían tomar decisiones dentro de un marco de racionalidad económica y bajo unas reglas más o menos claras y predecibles del libre mercado de bienes y servicios.
