Sobre el anarcocapitalismo (IX): en torno a la omnipotencia del estado

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El jurista alemán Carl Schmitt, que por cierto vivió varios años en Galicia al acabar la Segunda Guerra Mundial, y conocido por ser uno de los creadores de las infames leyes habilitantes que permitieron establecer la dictadura de Hitler, fue un muy perspicaz y erudito analista político a pesar de su falta de escrúpulos morales, o quizás gracias a ella, pues para analizar bien la política hay que presuponer malicia y no bondad en sus actuaciones, como se hace desde la Public Choice.

Al analizarla así, en la mejor tradición realista, el autor destapa muchos de los mitos que envuelven el discurrir político. Sus críticas al parlamentarismo de su época, por ejemplo, son demoledoras. Fue él quien afirmó que la mayoría de los conceptos de la teoría política contemporánea no son más que conceptos religiosos secularizados. Por lo menos en lo que se refiere a los estados contemporáneos, parece tener razón, pues estos suelen atribuirse a sí mismos atributos de omnipotencia y la omnisciencia a imagen y semejanza del Dios cristiano. Se presupone que los estados cuentan con medios para resolver crisis de todo tipo, sean económicas, pandemias o desastres naturales. Incluso se apuntan méritos que no les corresponden a ellos, al menos en exclusiva, cuando se obtienen buenos datos económicos, educativos, sanitarios o incluso deportivos.

También supuestamente lo conocen todo, gracias a sus expertos y técnicos. Saben cómo gestionar cualquier incidencia y su saber es de una categoría superior a la del resto. Sus datos son oficiales y, por tanto, se presumen veraces, frente a los ofrecidos por instituciones privadas o incluso por organismos internacionales. En la pandemia se pudo ver cómo eran los expertos del estado los que dirigían la gestión de la crisis y cómo sus cifras eran las supuestamente verdaderas y las que importaban a la hora de cerrar o abrir territorios. Y buena parte de la población y de los medios de comunicación las aceptaban. De hecho, una de las funciones de los sistemas educativos estatales es la de construir esta creencia, de tal forma que lo que se enseña en el curriculum, y por tanto lo que entra en los exámenes, es lo oficial y verdadero, mientras que cualquier otra información queda relegada a mera opinión.

Pero el estado moderno no es para nada omnipotente, ni siquiera poderoso, como puede verse en la gestión reciente de los incendios, o hace poco con la DANA, el apagón o el volcán de La Palma, aparte de muchas otras cuestiones de la política cotidiana. Pero es en las catástrofes donde menos puede disimular su impotencia. Ni siquiera tiene fuerza para poder reparar los daños causados por estas catástrofes naturales. Las ayudas prometidas son en buena medida, aunque para ser justos no todas, avales de crédito que hay que devolver después. Tiene algo de razón entonces, aunque no lo dijo en el momento más adecuado, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, cuando lamentaba que los gobiernos autónomos le pedían cosas imposibles de cumplir.

Incluso el más eficaz de los gobiernos del mundo sería incapaz de atender eventos extremos como los incendios del mes pasado por la sencilla razón de que no cuenta con medios suficientes, salvo que los pida prestados a otros países, en el caso de que estos no los necesiten también. El estado español cuenta con buenos medios, pero no son los suficientes para atender eventos que los desborden, pues no hay a corto plazo ni medios humanos ni materiales suficientes para atenderlos.

El problema es que la población, creyendo que el estado los protegerá en caso necesario, puede no tomar las medidas adecuadas de autoprotección que habrían minimizado los daños. Los recursos humanos y materiales son escasos y tienen coste, y otras veces no son disponibles a voluntad o de inmediato aun disponiendo de medios para poder pagarlos, pues hay que pedirlos, adaptarlos, y si no hay stock encargar su fabricación. Cuando se diseña la prestación de cualquier servicio público a medio y largo plazo se hace atendiendo a sus previsiones de uso en circunstancias normales, esto es promediando las necesidades de los últimos años.

Ningún servicio público es capaz de afrontar demandas extraordinarias del mismo sin que su calidad se resienta. Pensemos en la pandemia, por ejemplo, o ahora con los incendios. También hay que desterrar el mito de que la prestación de un servicio público es uniforme, esto es, que puede atender por igual a todos los territorios que engloba un estado cualquiera. La calidad de los medios nunca es exactamente igual, pues por pura lógica los medios más modernos se usarán en unos sitios y los más antiguos o de peor calidad en otros. La experiencia de la mano de obra nunca es la misma, pues hay territorios como Galicia, en la que los incendios son frecuentes, que cuenta con brigadistas bien organizados y muy experimentados, mientras en otras zonas no cuentan con tales medios. En otro tipo de catástrofes sucedería muy probablemente al revés.

La distancia física a los medios también es relevante a la hora de afrontar cualquier problema pública. Pensemos en las universidades públicas o en los hospitales. La calidad de los servicios prestados nunca es exactamente homogénea entre ellos, pues no cuentan exactamente con los mismos medios, ni su personal tampoco es exactamente el mismo, pero aunque dentro de una misma instalación pública la prestación es más homogénea, aunque tampoco nunca lo sea del todo por las mismas razones antes expuestas, no lo es en cuanto a la percepción del usuario. Para muchos usuarios es muy costoso en tiempo y en dinero acceder a ellos, pues se encuentran a una distancia grande, mientras que otros pueden tenerlos literalmente al lado de la casa e ir paseando a ellos.

En el caso de los hospitales, se le podría añadir también el tiempo crítico de atención en caso de una urgencia. En unos casos podrán ser atendidos al momento, mientras que en otros serán atendidos con retraso, lo que a veces puede tener consecuencias severas. En el caso de la atención a una catástrofe, la distancia a los medios humanos y materiales también es muy relevante y a veces decisiva, pues quienes tengan los medios más cerca pueden ser atendidos con mayor celeridad.

Si a esto se le suma que muchos medios estatales dependen de un gobierno centralizado, sobre todo si están militarizados, dependerán no solo de la celeridad del despliegue, sino también de la priorización que el gobierno hace de ellos, esto es, deberá decidir a dónde envía primero su personal y dónde coloca sus escasos medios materiales. Tendrá que optar por una u otra localización y usando criterios que mezclan lo técnico, lo político y lo económico. Es decir, hay habitantes de un estado que verán preteridas sus demandas, y sus propiedades no podrán ser salvadas, y otros que sí se verán atendidos. En conclusión, el estado no puede atenderlos a todos a la vez, a pesar de que en teoría todos son iguales y todos pagan impuestos. El estado no tiene poder para atenderlos a todos por igual, a pesar de su retórica de omnipotencia y omnisciencia.

Lo expuesto contradice el discurso de que los estados pueden protegernos siempre y en toda circunstancia, y de ahí que la disputa política se lleve al plano de la política de partidos, pues se achaca siempre a mala gestión las consecuencias del desastre, cuando este no podría ser afrontado con la mejor de las gestiones del mundo. Pero vale todo antes que reconocerlo. Las previsiones de medios materiales y brigadistas presumo que se harían con las medias de incidencias de los últimos años, y estas fueron mucho más bajas que otros años, de ahí que estos sean escasos. Como es de suponer, hacer previsiones suponiendo el peor de los casos implica que la mayor parte de los años buena parte de los recursos se encontrarían infrautilizados y sin poder dedicarlos a otros servicios, que no podrían llevarse a cabo por falta de medios.

Tampoco, como vimos, pueden los estados una vez acontecido el evento catastrófico disponer de los medios necesarios a voluntad. El personal cualificado o los medios materiales como hidroaviones o autobombas no se consiguen de la noche a la mañana, pues en el primer caso hay que formar y capacitar al personal, lo que requiere una previsión que no siempre es posible; en el segundo caso requiere su adquisición en el caso de que estén disponibles para la venta inmediata, y en el caso de que sea así para traerlos y adaptarlos. Puede ser que también sean necesarios en otros lugares y no puedan prestarlos, venderlos o alquilarlos, y que otros países pujen más por ellos. Pero vimos cómo incluso en los incendios de California, uno de los territorios más ricos del mundo, hubo carencia severa de medios, y los incendios llegaron a afectar incluso a la ciudad de Los Ángeles.

Lo ideal sería dar algún tipo de formación a la población que se encuentre en zonas de riesgo y algún tipo de medios básicos de fácil acceso, pero esto tampoco se ha previsto, como muchas otras medidas que podrían haberse tomado antes, pero que tampoco se habían previsto. Quien mejor puede atender a una catástrofe en primera instancia es siempre la población local, si cuenta con algún medio, conciencia del riesgo y experiencia en cómo afrontarlo. Pero el discurso de la omnipotencia estatal y de su superior capacidad de previsión tiene una derivada muy peligrosa, y es que la población confía en estas supuestas capacidades estatales y descuida las precauciones que durante siglos han permitido mitigar los daños de las catástrofes y, por tanto, queda indefensa ante ellas.

Además, en muchas ocasiones el propio gobierno desalienta el trabajo de la sociedad civil afirmando que estos problemas son asunto de especialistas o de los expertos estatales. Algo que puede ser cierto, en el caso de que estos estén disponibles en número suficiente y que lleguen a tiempo. Si no, lo mejor es confiar en quien está más cerca. Por eso es bueno recordar que los estados no son omnipotentes, porque si no pueden dejar desamparada a la población.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

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