La gran condonación de deuda en España
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Por Mark Nayler. El artículo La gran condonación de deuda en España fue publicado originalmente en FEE.
El gobierno español liderado por el Partido Socialista (PSOE) ha condonado recientemente 83.300 millones de euros de deuda adeudada por quince de las diecisiete comunidades autónomas del país. Aunque forma parte de un acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los separatistas catalanes de quienes depende su coalición minoritaria, no solo beneficia a la rica región de Cataluña.
Andalucía, históricamente una de las regiones más pobres de España, sería la mayor beneficiaria, con casi 19.000 millones de euros, o el 47,2% de su deuda total, condonados. En segundo lugar está Cataluña (actualmente bajo control socialista), a la que se le cancelarían 17.000 millones de euros; y en tercer lugar la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular (PP) conservador, con 11.300 millones de euros condonados. Como los ministros se esfuerzan en destacar, no se trata solo de favoritismo hacia los aliados socialistas: siete de cada diez euros condonados provendrían de comunidades controladas por el PP.
Solicitar la condonación de deuda es voluntario, una medida que ya ha enfrentado a las comunidades autónomas españolas, ferozmente independientes y la mayoría de ellas gobernadas por administraciones conservadoras. Aquellas que se unan a Cataluña en la aceptación del acuerdo verán su deuda transferida al gobierno central. Aunque María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera de España, no ha explicado cómo operará el plan, sí ha anunciado, sorprendentemente, que no aumentará la deuda pública nacional de España.
Montero describió la decisión como una “medida claramente positiva y generosa”. Al permitir que las comunidades autónomas redirijan fondos que de otro modo se destinarían al servicio de la deuda hacia los servicios sociales, dijo, “refuerza el estado del bienestar”. Ciertamente no es casualidad que Andalucía sea la mayor beneficiaria. Tradicionalmente un feudo socialista, ha estado bajo el control del presidente conservador Juan Moreno desde 2019.
Pero Montero, andaluza que ocupó puestos clave en el gobierno de la región entre 2004 y 2018, anunció en enero que se presentará como candidata socialista a la presidencia en las próximas elecciones andaluzas, previstas antes de junio. Algunos especularon que Sánchez había forzado la salida de su predecesor como secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas Cejas, al considerar que Montero tenía más posibilidades de vencer al PP. Montero está actualmente inmersa en una amarga disputa con Moreno sobre un posible nuevo hospital en Cádiz, culpándose mutuamente de los retrasos en la construcción.
Dado este contexto, no sorprende que Moreno haya emergido como uno de los críticos más férreos de la iniciativa de la deuda, argumentando que es otra concesión del gobierno central a los separatistas catalanes, diseñada para ayudar a Sánchez a aprobar el primer presupuesto estatal desde 2022 (los presupuestos posteriores han sido bloqueados por un apoyo insuficiente entre partidos). Los líderes regionales del PP, que controlan doce de las quince regiones incluidas en el paquete, se han unido en apoyo del líder andaluz. Tanto Moreno como María José Sáenz de Buruaga, presidenta de la región norteña de Cantabria, lo han descrito como una “trampa”.
La división sobre la iniciativa ha invertido la dinámica tradicional, en la que regiones ricas como Cataluña se resienten de subvencionar a las zonas más pobres y se quejan de contribuir más en ingresos fiscales de lo que reciben en inversión pública. Ahora, Moreno y Buruaga argumentan que Andalucía y Cantabria acabarán asumiendo una parte de la deuda catalana, en el caso de esta última con 523 euros por persona (según Buruaga).
La presidenta del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha rechazado la oferta por “responsabilidad y respeto a la verdad”, porque, como señala, la deuda regional simplemente está cambiando de manos, no desapareciendo. Ayuso afirma que, como resultado de la condonación de Cataluña, cada ciudadano de Madrid deberá 483 euros más, mientras que cada catalán deberá 410 euros menos.
Discrepancias similares podrían ocurrir en todo el país, ya que los residentes de las comunidades que no acepten la transferencia (la mayoría de ellas, incluidas las más pobres) pagarían la factura de las que sí lo hagan, incluida la región nororiental que genera el 20% del PIB de España. Es una posible inversión de un desequilibrio que también se observa a nivel de la UE, donde los planes de mutualización de deuda suelen ser apoyados por los países mediterráneos con dificultades, pero rechazados por las naciones del norte más ricas. Ahora, es como si Alemania o Francia quisieran deshacerse de su deuda, pero España e Italia se negaran.
Aun así, Montero afirma que será “muy difícil” para los gobiernos regionales del PP justificar ante sus electores la negativa a la transferencia. Argumentó que la iniciativa “encaja perfectamente” con la política de su gobierno de asignar más fondos a las regiones desde que asumió el poder en 2018. También se adhiere a la narrativa fiscal general de la coalición de izquierda, que se puede resumir de la siguiente manera: nada cuesta nada. Cada vez que Sánchez anuncia un enorme impulso en el gasto social, o pide prestados miles de millones más a la UE bajo el plan Next Generation, insiste en que el contribuyente español no se verá perjudicado y que la deuda pública, actualmente en el 103,5% del PIB, no aumentará.
Así ocurre con el último plan sin condiciones, que depende de si los españoles, como contribuyentes, son clasificados como residentes de una región específica o de España. Si la deuda de Cataluña se transfiere primero al gobierno central, ¿no debería entonces parte de ella volver a los residentes de la región, que la pagarían no como catalanes sino como españoles? Por supuesto, eso anularía cualquier ganancia potencial, haciendo que la transferencia carezca de sentido.
Sin embargo, si no es así, la redistribución de la carga fiscal sería flagrantemente injusta. También existe la objeción de que, si asumen las deudas de otras regiones, las comunidades no participantes como Andalucía y Cantabria verán limitada su capacidad para gastar más en servicios sociales, precisamente lo que el plan fue diseñado para potenciar. Una vez más, Montero aún tiene que abordar estos problemas públicamente.
Finalmente, el plan no es tan igualitario como podría parecer. Al calcular la cantidad de condonación que se ofrecerá a cada región, los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) fueron un factor crucial. Se condonará más deuda en aquellas regiones que aumentaron el IRPF entre 2010 y 2023, y se pondrán a disposición 917 millones de euros adicionales para aquellas que hayan aumentado la regulación fiscal.
Montero afirma que “sería incoherente beneficiar a quienes asumen el mayor riesgo político”, lo que significa, en efecto, que las regiones económicamente liberales como Madrid serán castigadas, mientras que aquellas con los impuestos más altos y más burocracia serán recompensadas. Esto difícilmente respalda la afirmación del gobierno de que la transferencia de deuda beneficia a todas las regiones, independientemente de si están gobernadas por la izquierda o la derecha.
En todos los aspectos clave, la iniciativa es comparable al plan de financiación anunciado por el gobierno de Sánchez en julio, que permitiría a Cataluña recaudar su propio impuesto sobre la renta. Aunque supuestamente de potencial beneficio para todas las regiones de España, tras una inspección más cercana, parece diseñado principalmente para mantener a bordo a los separatistas catalanes. Es probable que solo otras dos comunidades autónomas se unan a Cataluña para aceptar la transferencia de deuda: Asturias y Castilla-La Mancha, ambas controladas por los socialistas, con una deuda combinada de 6.600 millones de euros (sumados a los de Cataluña, ascienden a 23.800 millones de euros). Si lo hacen, el resentimiento y la animosidad regional en España solo aumentarán.
