Cooperativas energéticas: orden espontáneo frente a la planificación energética

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Todos conocemos las cooperativas agroalimentarias: si tienes viñas u olivares, llevas la uva o la oliva y te devuelven aceite o vino… y dinero. Pero si no tienes ni viñas ni olivos, puedes comprar vino o aceite en la cooperativa a mejor precio que en el supermercado. Una cooperativa energética es igual, pero con energía. Y puede ser una herramienta clave para solucionar varios problemas económicos —de precios, cálculo, incentivos y eficiencia— que el sistema energético actual no resuelve, lastrado por regulaciones y por la distorsión de precios que provocan las subvenciones. Y lo mejor de todo: no hace falta cambiar leyes ni crear subvenciones. Las soluciones ya existen. Son legales. Y funcionan.

Una solución para que los productores valoricen su producción

Producir energía renovable está al alcance de muchos ciudadanos. Instalar paneles solares en casa se ha abaratado, y la tecnología para autoconsumo está madura. Sin embargo, vender el excedente energético sigue siendo un laberinto burocrático.

El productor doméstico se enfrenta a registros, trámites ante la distribuidora, contratos de compensación de excedentes, conexión a red, y precios impuestos que le impiden obtener ingresos de su inversión. En la práctica, para un pequeño productor doméstico que pueda tener entre 5 y 10 kWh de excedentes diarios, los costes fiscales y burocráticos de operar como autónomo superan a los ingresos que puede obtener por los excedentes generados. Y para los grandes productores independientes, la situación tampoco es sencilla.

El mercado spot de OMIE —el Operador del Mercado Ibérico de Energía— fija precios horarios para la electricidad, lo que significa que, durante muchas horas del día (especialmente en fines de semana soleados), el precio de la energía fotovoltaica es cero euros. Incluso precios negativos. Literalmente.

El informe anual de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) recoge que muchas plantas de generación están optando por desconectarse en fines de semana o festivos, simplemente porque producir energía en esos momentos no les compensa. Aquí es donde las cooperativas energéticas ofrecen una alternativa de mercado.

En lugar de vender al precio spot, el productor puede ceder su energía a una cooperativa, que a su vez la distribuye entre sus socios consumidores, obteniendo a cambio retornos cooperativos estables y predecibles. Es decir, no venden energía a un tercero anónimo, sino que la ponen al servicio de su propia comunidad, recuperando valor a través del uso compartido.

Una solución para los consumidores y su cálculo económico

La energía, como cualquier otro bien, especialmente los bienes de producción, requiere precios estables y predecibles para facilitar el cálculo económico. Sin embargo, la realidad del mercado energético actual es una volatilidad constante de precios. La factura de luz de un hogar o empresa puede variar radicalmente de un mes a otro sin que cambien sus hábitos de consumo. Esto convierte el cálculo económico en una especie de ruleta: los agentes no pueden anticipar con precisión sus costes, lo que reduce su eficiencia y su capacidad de inversión.

Imaginemos una fábrica con un consumo intensivo de energía. Hace un presupuesto hoy. Se lo aprueban dentro de tres meses y tiene que entregar el trabajo dentro de seis meses. Y en este plazo el precio de la energía ha subido al doble. La tragedia está servida. O que hace un presupuesto hoy, pero contando con que, quizá dentro de seis meses, le suba el precio de la electricidad. Y hace el presupuesto con ese sobrecosto, que compite con otra empresa que usa la energía de la cooperativa de su pueblo. Al ser más competitiva esta segunda empresa, se lleva el pedido.

Una cooperativa energética permite una solución alternativa: pago de cuotas estables a cambio del derecho de uso de una determinada cantidad de energía. Es decir, el socio paga no por cada kilovatio hora, sino por el derecho a consumir de una fuente comunitaria. Como si entre varios vecinos pagaran el pozo del agua y luego cada uno sacara de él según sus necesidades… hasta un límite. Este límite es clave para evitar el fenómeno del free rider o, más visual y más castizo, el “gorronismo energético”. Cada socio tiene asignado un derecho de uso proporcional a su participación y compromiso. El consumo energético vuelve a integrarse en el cálculo económico individual, racional, basado en información local y precios internos estables.

El autoconsumo compartido y la copropiedad de las instalaciones

Uno de los grandes avances recientes en la legislación española ha sido la aprobación del autoconsumo compartido. Gracias a ello, varias personas pueden compartir la energía generada en una misma instalación. Sin embargo, el modelo aún tiene limitaciones: los puntos de consumo deben estar a menos de 2 km del punto de generación, lo que limita la escala del proyecto y la flexibilidad para el consumidor.

No obstante, desde una perspectiva de mercado, este modelo refuerza un principio fundamental: la propiedad privada sobre los medios de producción, incluso en algo tan aparentemente técnico como una instalación fotovoltaica. Al copropietar una instalación junto con otros socios, cada individuo se convierte en coempresario energético, con incentivos alineados hacia la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad.

Además, el coste de la generación y almacenamiento energético sigue disminuyendo. No sólo se abaratan los paneles, sino también los sistemas de baterías y gestión inteligente, lo que permite que cada comunidad energética se autoabastezca cada vez con mayor autonomía a un precio muy inferior a crear instalaciones domésticas individuales. No es lo mismo consumir energía que ser copropietario de la fuente de esa energía. En el primer caso dependes; en el segundo, decides.

No sólo de sol vive el enchufe

Aunque la energía solar sea la opción más extendida, las cooperativas energéticas no están limitadas a ella. De hecho, una verdadera descentralización energética exige diversidad tecnológica, adaptada al entorno, a la geografía y a las capacidades de cada comunidad. Existen cooperativas que usan pequeños saltos de agua, digestores de biogás a partir de purines animales, molinos eólicos comunitarios o incluso redes de calor con biomasa. Esto permite adaptar la tecnología a las condiciones locales, y distribuir la generación a lo largo del día y el año, reduciendo la dependencia de grandes plantas o infraestructuras estatales.

Herramientas de mercado en lenguaje cooperativo

Las cooperativas energéticas pueden ofrecer servicios muy similares a los de fondos de inversión, mutualidades o planes de ahorro… Pero sin operar como entidades financieras reguladas. ¿Cómo? Gracias a una diferencia de lenguaje. Un “fondo cooperativo de inversión energética” no es técnicamente un fondo financiero: es una bolsa común de recursos invertidos voluntariamente por los socios, que reciben retornos en forma de energía o de beneficios sociales cooperativos. Este tipo de herramientas existían mucho antes que los estados modernos o sus reguladores.

En Aragón, solemos decir que “aquí hubo leyes antes que reyes”, pero también podríamos decir que hubo cooperativas antes que estados, como demuestra la Casa de Ganaderos de Zaragoza, cooperativa activa desde 1218, operando mucho antes de que existiera un Ministerio de Economía o una Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las cooperativas fueron —y siguen siendo— herramientas de mercado nacidas de la sociedad civil, sin necesidad de coacción ni planificación central. No necesitan ser toleradas por el estado. Lo preceden. Y lo superan en legitimidad. Porque quienes estaban antes eran las cooperativas y las instituciones espontáneas del mercado, que sobreviven a pesar del estado.

Cooperativas: menos impuestos, más libertad

Operar a través de una cooperativa tiene también ventajas fiscales significativas. Por ejemplo, las cuotas de participación no están gravadas con IVA ni otros impuestos indirectos. Y los retornos cooperativos, si se estructuran correctamente, tampoco. Esto convierte a las cooperativas en estructuras más eficientes fiscalmente que muchas otras fórmulas societarias.

Para quien valora la libertad individual y la soberanía económica, esto no es un detalle menor. Es una forma de que el retorno vaya para el que lo genera. Porque en un mercado tan intervenido como es el energético, el productor eficiente paga impuestos para financiar al ineficiente a través de subsidios, subvenciones o rescates. ¿No sería más justo que cada quien viviera de lo que produce, sin tener que financiar modelos ineficientes por imposición política?

Mercado y medioambiente

La política energética actual se basa, en muchos casos, en grandes instalaciones fotovoltaicas subvencionadas, planes estatales de inversión o figuras de intervención como los PIGA (Planes de Interés General de Aragón). Pero, ¿interés general de quién?

Aragón —como cualquier entidad política, que también se podría aplicar a eso que le llaman “España”— no tiene una existencia ontológica. No siente, no produce, no necesita energía. Sus habitantes, sí. Sus empresas, también. Pero esas decisiones deberían tomarse desde abajo, no desde arriba. Porque esos intereses generales no son de “Aragón”. Son los intereses de Marcelino Iglesias (creador de los PIGA) o de Jorge Azcón, actual heredero de la tradición expropiadora de sus predecesores más inmediatos.

Las cooperativas energéticas permiten que la transición energética sea impulsada por los propios ciudadanos, no por burócratas ni promotores que buscan rentas mediante intervención estatal. En este sentido, la figura de Elon Musk resulta inspiradora: sin necesidad de ser político ni regulador, ha hecho más por electrificar el transporte y promover la energía renovable que los gobiernos y legisladores del mundo.

Pero no hace falta ser Musk. Basta con que un grupo de vecinos se unan y funden una cooperativa. O que usen la cooperativa del aceite o del vino y amplíen su objeto social. Eso también es innovación. Y también es mercado. Y, sobre todo, es libertad.

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