No era idóneo

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Álvaro García Ortiz ha tenido una carrera desde luego lustrosa, en términos sanchistas. En 2020 fue promocionado a fiscal de sala (la categoría más alta dentro de la carrera) por su predecesora en el cargo, Dolores Delgado. En 2022 fue promocionado a Fiscal General del Estado por el gobierno de Pedro Sánchez. Para llegar a ese puesto, el procedimiento estipula que se necesita un informe del Consejo General del Poder Judicial, órgano casi tan politizado como el Tribunal Constitucional, RTVE, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, por citar algunos. Pues bien, el primer mérito sanchista de García Ortiz es haberse convertido en el primer Fiscal General del Estado con un informe desfavorable de este organismo. Textualmente: “Quien hace una utilización tan espuria de sus potestades no puede ser considerado idóneo para fiscal general”. Vamos, que ya en 2022 el CGPJ sabía que se trataba de un personaje que ni por asomo iba a intentar la más mínima apariencia de imparcialidad, que su nominación no era más que un paso en la utilización de la Fiscalía General con un interés político. Primera en la frente.

Eso sí, García Ortiz practicó desde el comienzo la máxima “de bien nacidos ser agradecidos”. Nada más llegar al cargo, se le ocurrió promocionar a fiscal de sala (recuerden, el rango más alto en la carrera fiscal) a su predecesora en el cargo. No se conformó con una cena homenaje o una placa de plata estilo “De todos tus compañeros”. Nada. Primero, en junio de 2022, un mes después de acceder al cargo, García Ortiz la nombró fiscal de sala de la Fiscalía Togada, esto es, jurisdicción militar. Menos un año después, en junio de 2023 fue promocionada a fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Entre sus cometidos estarían perseguir delitos cometidos previos a tres amnistías, hace al menos medio siglo y con la práctica totalidad de sus perpetradores en el otro barrio. Lo que viene siendo un uso óptimo del dinero público.

Pero aquí llega la segunda y tercera grandes proezas de García Ortiz: ambos nombramientos fueron anulados por el Tribunal Supremo. Primero, en noviembre de 2023 la Sala Tercera del Tribunal Supremo (contencioso-administrativo), anuló el nombramiento por “desviación de poder”. Como si eso fuera algo malo o a evitar en el socialismo. Pero eso no fue nada comparado con lo que llegó en mayo de 2024: el segundo nombramiento tampoco fue válido. Aquí fueron estimados los tres recursos planteados. Segunda proeza: García Ortiz se convirtió en el primer fiscal con no uno, sino dos nombramientos anulados. Tremendo.

Pero eso no ha sido nada comparado con el penúltimo capítulo de su trayectoria (falta la anulación de la sentencia por el Tribunal Constitucional o el indulto del gobierno): la condena por filtrar datos personales de un ciudadano. Se ha quedado en dos años de inhabilitación, una multa de 7.200€, una indemnización de 10.000€ a la víctima (sí, hay una víctima de su delito del que poco se habla) y la condena en costas. El peón de Sánchez, utilizado para atacar a una rival política, tirado por el fango por fiel.

Porque no se puede olvidar el eje sobre el que pivota la defensa mediática de García Ortiz: el fin justifica los medios. Si alguien (supuestamente) defrauda a Hacienda, bienvenido sea dejarlo sin el más mínimo derecho de defensa. Aquí se ha filtrado el expediente tributario de un contribuyente y Hacienda no ha hecho ni el amago de investigarlo. Imagínense la situación de desprotección en la que se queda cualquier contribuyente a partir de ahora. Por no hablar de otra cuestión: la investigación contra González Amador nace de su intención de deducirse los datos de dos viajes por negocios. Como para Hacienda existe presunción de culpabilidad, se le denegó. Ahora bien, como las dos deducciones sumaban más de 120.000€, delito fiscal, la situación pasó a la Fiscalía de Delitos Económicos. Y aquí estaba la maquinaria sanchista esperando. “El defraudador confeso”. Ahora tendrán que tragarse la nulidad de actuaciones por la indefensión que le ha causado la filtración de sus datos realizada por el fiscal general. El marcador ya va 5-0.

Efectivamente, García Ortiz no era el idóneo para asumir el cargo de Fiscal General del Estado. Ahora bien, para asumir el puesto de Fiscal General del Estado con un gobierno de Pedro Sánchez, es difícil imaginar otro. Aunque ya se habla de Baltasar Garzón como su sucesor, otro condenado por pasarse el derecho de defensa por el arco del triunfo. Pero bueno, si algo nos ha enseñado este sanchismo, filial aventajado del kirchnerismo, es que las crisis son utilizadas por redoblar la apuesta. No nos extrañe ver a Conde-Pumpido otra vez como fiscal general.

Author: Cristóbal Matarán