Groenlandia no es una empresa (y el mundo no es un Excel)

En los últimos años nos hemos acostumbrado a que casi cualquier asunto público termine expresado en forma de gráfico, ratio o valoración. Ciudades que compiten por atraer “inversión” como si fueran startups, universidades que se presentan como “activos” de una cartera, gobiernos que hablan de su población en términos de “capital humano” y de su sistema sanitario en términos de “eficiencia del gasto”. No es que la economía no importe, al contrario: sin números es imposible gobernar mínimamente bien. El problema llega cuando el lenguaje financiero deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en la lente principal, casi única, a través de la cual se mira el mundo.

En ese contexto, quizá no debería sorprendernos tanto que un presidente de Estados Unidos llegara a plantearse si sería posible “comprar” Groenlandia, como quien pregunta si puede adquirir una participación en una empresa cotizada. La idea, que en su momento la Casa Blanca no se esforzó demasiado en desmentir, sonaba tan extravagante que muchos optaron por tomarla como una excentricidad más, una ocurrencia pasajera destinada a llenar titulares de agosto. Sin embargo, la reacción inmediata de buena parte del ecosistema mediático y político no fue tanto “esto es absurdo” como “¿y cuánto podría costar”.

Ahí es donde la anécdota se convierte en síntoma. Bastó con que alguien sugiriera la posibilidad para que no pocos analistas sacaran la calculadora y empezaran a tratar Groenlandia como si se tratase de una compañía cotizada. ¿Cuál sería el valor de sus recursos minerales todavía sin explotar? ¿Cuánto vale su posición estratégica en el Ártico, en un escenario de deshielo, nuevas rutas marítimas y tensión con Rusia? ¿Cómo podría uno actualizar operaciones históricas, como la compra de Alaska o de territorios coloniales, para deducir algún tipo de “precio por kilómetro cuadrado” aplicable hoy? De pronto, lo que en apariencia era una boutade se estaba discutiendo en términos de tasación y comparables, como si el problema fuese encontrar la cifra correcta y poco más.

Esa forma de plantearlo revela algo importante: el salto mental de considerar un territorio como un “activo” transferible ya se ha dado. Quien se pone a estimar cuánto “vale” Groenlandia está aceptando, aunque no lo diga así, que la pregunta es legítima, que existe un valor económico agregable a una hoja de cálculo y que, si se superara cierta cifra, la operación podría tener sentido. A partir de ahí, la analogía con las fusiones y adquisiciones casi se escribe sola: habría un potencial comprador, un dueño actual, unos “accionistas” a los que convencer y un debate sobre si la oferta debe hacerse solo en efectivo o también en acciones, es decir, ofreciendo ciudadanía y acceso al mercado estadounidense.

Si uno quiere forzar el paralelismo, puede imaginar la escena casi como una OPA. Por un lado, el Estado que hoy ejerce la soberanía formal, Dinamarca, que mantiene una relación compleja con una Groenlandia dotada de un amplio autogobierno. Por otro, la población groenlandesa, que sería, en realidad, el accionista de referencia, porque sin su consentimiento cualquier movimiento carecería de legitimidad democrática. En medio, un comprador muy poderoso que cree que incorporar esa pieza a su “grupo” le proporcionaría ventajas estratégicas y económicas. Bajo esa lógica, bastaría con que el precio fuera lo bastante atractivo y la promesa de futuro lo bastante seductora para que la operación pudiera prosperar.

El problema es que, en cuanto uno se aleja medio metro del planteamiento financiero y mira el asunto con un mínimo de realismo político, el castillo de naipes se desploma. Cambiar de bandera no es canjear una acción por otra, ni vender una división de negocio que no encaja en la cartera. Es alterar de raíz la pertenencia política de decenas de miles de personas, su relación con el Estado, su lugar en la historia. No se trata solo de qué recursos se explotan, sino de quién decide, bajo qué instituciones, con qué filosofía de gobierno. Pensar que todo eso se puede condensar en un número, por grande que sea, es un error categórico.

Se dijo en su momento que una forma de hacer atractiva la propuesta sería ofrecer a cada groenlandés la nacionalidad estadounidense y una suma significativa de dinero como compensación, algo así como una especie de signing bonus. El cálculo, de nuevo, se hace rápido: con una población en el entorno de las decenas de miles, incluso cifras aparentemente desorbitadas por persona se traducirían en un coste agregado manejable para un país del tamaño de Estados Unidos. Sobre el papel, sería una de las adquisiciones estratégicas más baratas de la historia. Pero no es difícil entender por qué la idea no entusiasma precisamente en Nuuk.

Porque lo que se ofrece no es solo un cheque, sino un modelo. A la hora de cambiar de pasaporte, la comparación relevante no son los gramos de minerales raros en el subsuelo, sino la calidad de vida, el tipo de Estado del bienestar, el grado de cohesión social. Y ahí, la imagen del gigante americano pierde parte del brillo. Un sistema sanitario desbordado y extraordinariamente caro, una esperanza de vida más baja que la de muchos países europeos, una tasa de violencia armada que no admite comparación con la experiencia cotidiana de un danés o de un groenlandés, un gobierno que toma día si día también decisiones completamente arbitrarias y que ponen en jaque al Estado de Derecho, etc. Si se pregunta de forma honesta a quienes allí viven, lo lógico es que la inmensa mayoría prefiera seguir siendo lo que son antes que pasar a formar parte de un país cuya promesa de prosperidad viene acompañada de riesgos que hoy no sienten como propios.

Las encuestas apuntaban precisamente en esa dirección: una oposición masiva a cualquier idea de anexión a EEUU. Y, sin embargo, el mero hecho de que el debate se planteara en términos de “¿cuánto?” y no de “¿de qué estamos hablando?” deja cierta inquietud en el aire.

No se trata de idealizar el pasado. La historia está llena de territorios comprados, vendidos o intercambiados sin pedir permiso a sus habitantes. Estados Unidos adquirió enormes extensiones en el siglo XIX mediante pagos a otros Estados, a veces de forma relativamente pacífica, a veces como epílogo de conflictos armados. Potencias coloniales se repartieron regiones enteras del mundo como quien dibuja parcelas en un plano. Las fronteras de buena parte de África y Oriente Medio se trazaron en despachos con una regla sobre el mapa y poco interés por las realidades locales. Nada de eso puede borrarse, ni conviene olvidarlo cuando hablamos de soberanía.

La diferencia, hoy, es que hemos construido, con muchas incoherencias, sin duda, un marco jurídico y normativo que considera inaceptable que el destino de una población se decida sin contar con ella. El derecho internacional, la idea de autodeterminación, los procesos de descolonización, todo eso configura un entorno donde la compraventa de territorios ya no encaja en el marco occidental del Estado de Derecho. Por eso, cuando un presidente sugiere rescatar esa lógica y aplicarla a un caso contemporáneo, la reacción no debería limitarse a la burla. Deberíamos preguntarnos qué está fallando para que ese tipo de estrategias políticas vuelvan a aparecer.

El problema es que, en política, hay cosas que no son activos, sino marcos. Un tratado no es una participación en una sociedad, es un compromiso mutuo que no se liquida vendiendo la posición. La ciudadanía no es un producto financiero, es una pertenencia que se construye a lo largo de generaciones. La integridad territorial no es una línea en un balance, es la representación jurídica de un espacio donde unas normas concretas se aplican a unas personas concretas. Confundir esos planos no es solo un error teórico, sino una puerta abierta a decisiones profundamente desestabilizadoras.

Desde Europa, y muy en particular desde países pequeños y medianos, esta forma de pensar debería encender todas las alarmas. Si aceptamos sin demasiadas reservas que se puede plantear la compra de un territorio porque encaja en los planes estratégicos de una gran potencia, el mensaje implícito es desolador: los mapas vuelven a estar en juego. Y cuando los mapas vuelven a estar en juego, la experiencia histórica indica que los primeros en pagar el precio son precisamente los que menos capacidad tienen para defenderse, aunque en realidad pertenezcan a la OTAN.

Groenlandia, además, es un caso paradigmático de otra tensión de fondo. Durante años ha pasado relativamente desapercibida para la opinión pública internacional, más allá del interés científico y de alguna referencia al deshielo. De repente, el cambio climático, la carrera por los recursos y la nueva centralidad del Ártico la convierten en una pieza disputada. No solo por Estados Unidos, también por China y por Rusia. El debate serio que interesa a quienes allí viven no es si un presidente americano podrá sacar la chequera, sino en qué términos se va a negociar el uso de sus recursos, qué parte del valor se va a quedar en la isla, cómo se van a gestionar los impactos ambientales y sociales del desarrollo, con quién se van a firmar acuerdos y con qué garantías. Es decir, política con mayúsculas, no subastas.

Por todo ello, más que hacer chistes sobre la ocurrencia, quizá convendría aprovechar este episodio para trazar alguna línea roja conceptual, principalmente desde las instituciones europeas. Una de ellas, bastante básica, es que los Estados pueden comprar y vender edificios, infraestructuras, concesiones, participaciones en empresas, pero no deberían ni siquiera flirtear con la idea de comprar y vender territorios habitados sin que medie un proceso de decisión protagonizado por quienes viven allí. No solamente por moralidad, sino porque cualquier alternativa de ese estilo nos retrotraería a un mundo mucho más inestable en el que la fuerza económica y militar de los estados vuelve a ser el criterio último y casi único.

En última instancia, por el momento se ha dejado claro que Groenlandia no está en venta, y es una buena noticia. No solo para los groenlandeses o para Dinamarca, sino para cualquiera que crea que la política internacional debe aspirar a algo más que a un catálogo de transacciones entre potencias, y que crea que las instituciones multilaterales deben primar sobre un mundo que gire exclusivamente sobre dos ejes geopolíticos. La economía es imprescindible para entender el mundo, sí; pero el mundo no cabe entero en una hoja de cálculo. Y olvidar esa diferencia, sobre todo cuando uno gobierna un país como EEUU, no es solo un error de concepto. Es una forma bastante eficaz de empobrecer la geopolítica.

Author: Álvaro Martín