Todos los gobiernos democráticos son falaces, populistas y demagógicos: utilizan mentiras, dádivas, favores y privilegios para capturar votos. El mal llamado Estado social y democrático de Derecho (las tres mentiras) y su corolario, el Estado de bienestar, no hace otra cosa que confiscar, de forma creciente, a la mayoría de la población para luego entregar el dinero a específicos grupos con una clara finalidad electoral. La realidad confirma lo que la teoría predice: el sistema demagógico de captura de votos, necesariamente, es expansivo pues contiene la «semilla de su propia destrucción» (Huerta de Soto, 2014). Describir aquí la variedad de ayudas y subsidios haría innecesariamente extenso este artículo.
Sin embargo, pocos han reparado que este perverso medio de «redistribución» de la riqueza —confiscar para regalar— podría ser revertido, también de forma populista, pero virtuosa: suprimir las dádivas y privilegios para devolver el dinero confiscado sus legítimos dueños, sin que el político se enfrente a una derrota electoral.
¿Por qué aumenta el gasto público?
En primer lugar, la sociedad capitalista (suponiendo que la intervención del Estado no asfixie la economía) produce una creciente cantidad y calidad de bienes y, por ello, el gobierno tiene también la posibilidad de incrementar su ingreso fiscal. En segundo lugar, los subsidios producen un beneficio electoral neto porque la pérdida económica que produce la confiscación se diluye entre millones de contribuyentes mientras que los beneficiarios del botín fiscal perciben nítidamente la ayuda en sus bolsillos. Paradójicamente, los gobiernos sacan pecho cada vez que aumenta su presupuesto cuando lo suyo sería avergonzarse de su voracidad fiscal.
¿Sería posible reducir el Estado?
La sociología sostiene que el poder del Estado y, en general, de cualquier grupo humano organizado, tiende a concentrarse en unas pocas personas, algo que Robert Michels llamó «ley de hierro de la oligarquía». Por su parte, los líderes que constituyen la oligarquía democrática tienen un «apetito natural por el poder» (Michels, 2003: 9). El poder político, cual tumor, siempre es expansivo y detrimental para las masas. Jesús Huerta de Soto advierte que, una vez admitida la existencia del Estado, por mínimo que sea, «es imposible poner freno a su crecimiento sin límites» (Huerta de Soto, 2014). Este paradigma político, sin embargo, ha sido cuestionado por la irrupción de líderes políticos (i.e. Javier Milei) que desean reducir el tamaño del Estado.
Los dividendos por reducción del Estado
Esta propuesta consiste en utilizar el propio populismo democrático para revertir, de forma virtuosa, el actual sistema de compra de votos. Los privilegios que reciben ciertos elementos del Estado (sector público) pueden eliminarse para repartir el dinero ahorrado entre todos los contribuyentes. En definitiva, se trata de devolver a sus legítimos dueños el dinero robado en impuestos, siempre de forma ostensiva. Por ejemplo, RTVE tiene actualmente un presupuesto de 1.220 millones de euros.
Supongamos que el gobierno privatiza el ente público y lo vende por esa misma cantidad, acto seguido envía una carta (tal y como hace el gobierno cuando actualiza las pensiones) donde se informa a cada uno de los 23 millones de declarantes de la renta que recibirán un ingreso en cuenta corriente por importe de 53 €. Asunto: «Reparto de dividendo por privatización de RTVE». Teniendo en cuenta que el Estado se ahorrará (de por vida) el mencionado recorte, el dividendo podría ser plurianual (i.e. 4 años) y acumulativo. Veamos una simulación si se privatizara, una cada año, estas cuatro empresas públicas:
| Ahorro obtenido por privatización o cierre | Dividendo | ||||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | |
| Adif: 5.400.000.000 € | 235€ | 235€ | 235€ | 235€ | |||
| Correos: 2.301.000.000 € | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | |||
| Navantia: 1.574.000.000 € | 68€ | 68€ | 68€ | 68€ | |||
| RTVE: 1.220.000.000 € | 53€ | 53€ | 53€ | 53€ | |||
| Total dividendo | 235€ | 335€ | 403€ | 456€ | 221€ | 121€ | 53€ |
Conclusión
Teniendo en cuenta que existen aproximadamente 220 empresas públicas (o entidades) dependientes del gobierno central, 1.580 de los gobiernos autonómicos, 650 de las diputaciones, cabildos y consejos; y 3.700 de los ayuntamientos,[1] el potencial de esta innovación política es inmenso. El ritmo de privatización o cierre de empresas y entes públicos puede ser progresivo de tal forma que el mercado pueda recolocar tanto el capital como los empleados. Este sistema de reducción de impuestos es claramente superior a la vaga e imprecisa promesa electoral de «bajada de impuestos», que ya nadie cree. Somos conscientes que la inmensa mayoría de políticos —«yonquis» del poder— preferirá mantenerse en la poltrona al modo perverso pero, al menos, presentamos una vía para aquellos que opten por hacer lo justo sin temor a perder las próximas elecciones.
Bibliografía
Huerta de Soto, J. (2014): «Liberalismo vs anarcocapitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CRef2_aRmII
Michels, R. (2003). Los partidos políticos II . Buenos Aires: Amorrortu.
[1] Datos consolidados del Inventario de Entes del Sector Público (INVENTE)
