Ceuta indefensa (II)
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El pasado mes especulamos sobre los posibles motivos del gobierno español para traicionar a los ceutíes, incumpliendo su deber de protegerlos antes, durante y después de la invasión de 80.000 personas, los días 30 y 31 de julio. También analizamos la incapacidad del Régimen de 1978 para reaccionar: el Rey, a pesar de ser nominalmente el jefe supremo de las FAS (CE, art. 62. h), carece de poderes ejecutivos sobre los ejércitos. Los funcionarios —militares, policías y guardias civiles— obedecen fielmente las órdenes de no hacer nada y tal como previmos, la crisis de soberanía de Ceuta sigue enquistada dos meses después de la invasión.
¿Es España un Estado fallido?
Estado fallido es aquél incapaz que asegurar el orden social y ejercer la soberanía en todo o parte de su territorio. El Estado no tiene existencia ontológica, es un ente integrado por personas —políticos y funcionarios— y son estas quienes fallan. El Estado español tiene sobrados medios para repeler la agresión de Marruecos y restablecer el orden social en Ceuta, a saber, identificando, deteniendo y expulsando a los miles de invasores que todavía permanecen en la Ciudad. El Estado es dirigido por su gobierno y éste (por razones no declaradas oficialmente) ha renunciado a su deber constitucional de defensa de la soberanía e integridad territorial.
Por su parte, el resto de instituciones del Estado —Monarquía, Parlamento, Fiscalía, Tribunal Supremo, FAS y FCSE— asiste pasivamente a lo que constituye un delito de traición. Únicamente VOX ha propuesto la aplicación del art. 102. 2. de la Constitución para que Sánchez y sus ministros pueden ser acusados de traición a iniciativa de una cuarta parte del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta. En definitiva, en lo que respecta a Ceuta, España es claramente un Estado fallido.
El mito del interés general
La expresión «interés general», omnipresente en la Constitución (12 veces) y en las leyes, no es solo un concepto jurídico indeterminado, sino un mito en toda regla. La existencia de un interés general compartido por todos los habitantes de un país es sencillamente imposible; en efecto, en una sociedad abierta hay multitud de intereses compartidos, pero también contrapuestos; por ejemplo, el de un fabricante de armas frente al de los jóvenes reclutados para ir a la guerra, o el de la población ceutí (que sufre la invasión) frente a las ONG que están haciendo su agosto. No puede haber «interés general» porque «El interés, al igual que la razón, la inteligencia o la voluntad, es un atributo exclusivo del individuo pues solo los individuos piensan y actúan» (Mises, 2010: 217).
Quienes —políticos y funcionarios— forman el Estado tienen sus propios intereses y rara vez coinciden con los de los ciudadanos. En el caso de Ceuta, Sánchez y sus 21 ministros cometen traición por propio interés, 179 diputados mantienen al sátrapa en el poder por propio interés, el Rey Felipe VI no pone en riesgo la Corona por propio interés y, por último, los funcionarios —militares, policías y guardias civiles— cooperan sumisamente con el traidor para no poner en riesgo sus puestos de trabajo. Todos ellos, activa o pasivamente, incumplen su deber de defender el orden constitucional en Ceuta.
Una historia de traiciones
La traición de Sánchez y sus ministros no es algo novedoso. La historia nos recuerda que, llegado el caso, un gobernante no tiene empacho en sacrificar la integridad territorial de su país buscando su propio interés. Según documentos secretos de la CIA, desclasificados en 2017, el entonces Príncipe Juan Carlos habría acordado con Henry Kissinger y el Rey Hasán II que España no opondría resistencia militar a la Marcha Verde; a cambio, EE.UU. garantizaría la estabilidad de su futura corona tras la muerte de Franco. Mientras el gobierno de Arias Navarro defendía la autodeterminación del Sáhara ante la ONU, el futuro Rey negociaba privadamente la entrega del territorio para asegurar su entronización.
Otros ejemplos de traición son las abdicaciones de Bayona, en 1808, cuando Carlos IV y Fernando VII entregaron la corona de España a Napoleón Bonaparte a cambio de rentas millonarias y castillos en Francia (Chambord y Valençay); o la del general Santa Anna, que vendió más de 76.000 km² de territorio mexicano (Arizona y Nuevo Méjico) a EE.UU. por 10 millones de dólares.
Conclusión
Los ceutíes (y también el resto de españoles) deben ser conscientes que el Estado español (o cualquier Estado al que pudieran adherirse) no puede garantizar su seguridad porque, como dice Jasay (1985: 17): «El Estado, no importa lo conciliador que sea, no puede perseguir otros fines que los suyos propios». Políticos y funcionarios tienen sus propias agendas y la mayoría siempre antepone su propia seguridad (física, laboral y económica) a la de los ciudadanos que dicen defender. Los ceutíes, melillenses y canarios harían bien en comprender la naturaleza del Estado y su escasa fiabilidad como protector.
Bibliografía
Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Jasay, A. (1985). El Estado. [Versión ePub base r1.0]: Leviatán
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