Pedro Sánchez: el hombre que vendió el mundo
Tags :
Share This :
Fiat iustitia, ruat caelum. («Hágase justicia, aunque caiga el cielo»).
Lucio Calpurnio Pisón Cesonino
La recta final de la legislatura ya es un hecho. Pedro Sánchez no solo ha cronificado la polarización, sino que ha inducido la necrosis del Estado de derecho atentando contra la Verdad. Su proyecto personalista ha acorralado a los contrapesos garantistas en una guerra de desgaste sostenida por un apoyo popular disperso, pero persistente. Por tanto, queda diseccionar qué estrategias han sostenido este andamiaje, y si bastarán para atrincherarse unos años más en el Palacio de la Moncloa.
En su ensayo Verdad y política, Hannah Arendt se planteó el coste real de sacrificar la Verdad en el altar de la estabilidad institucional. ¿El ocultamiento de los hechos está justificado si con ello se logra evitar el desmoronamiento del sistema? Tras años de reflexión, su conclusión fue tajante: la mentira política termina por dinamitar el propio suelo sobre el que la sociedad se sostiene y se orienta. Bajo esta premisa, las legislaturas de Pedro Sánchez han funcionado como un laboratorio perfecto donde el pánico a que caiga su cielo particular ha servido de coartada para neutralizar, una a una, las verdades que amenazaban su supervivencia.
Precisamente, el miedo ha sido uno de sus mayores aliados. Al caricaturizar a la insulsa oposición como salvajes extremistas, ha secuestrado la racionalidad de parte de sus votantes e inoculado la fe ciega en su figura. Rothbard lo advirtió: una de las mejores bazas para perpetuarse en el poder es inducir al temor hacia las posibles fechorías de la alternativa y asegurarse así el monopolio depredatorio. Esta coartada convierte cualquier exceso gubernamental en un mal menor para sus votantes. Así se explica la anestesia frente a noticias recientes, donde testimonios vinculan las cloacas del partido con negocios mafiosos para eliminar a una jueza «problemática».
Sin embargo, el miedo no siempre es suficiente. Los intereses económicos son otra fuente de fidelidad que el Gobierno ha explotado a fondo. Desde 2018, hay en España entre un millón y medio y dos millones de personas más cuya renta principal depende del presupuesto: unas 600.000 nóminas públicas nuevas —que engordan todas las escalas de la Administración bajo el paraguas de la expansión fiscal del Estado— y una prestación, el IMV, que no existía y que hoy alcanza a cerca de 2,7 millones de personas. El paro protegido no ha crecido en beneficiarios, pero sí en cuantía y cobertura. Las pensiones, por su parte, suman cientos de miles de perceptores extra por puro envejecimiento demográfico, pero con una factura que se ha disparado desde su indexación al IPC; una lealtad comprada, en última instancia, a costa del poder adquisitivo del resto de la población productiva.
Con el fin de blindar esta red de apoyos, el asalto a la realidad debe ser total. Para que todo el engranaje sirva al líder, se ha de desplegar una estrategia mediante la cual los ciudadanos acaben considerando los intereses del Ejecutivo como propios. Con dicho fin, Hayek evidenció tácticas que hoy vemos replicadas en el actual proyecto gubernamental: la creación del mito, el control del relato y la justificación técnica mediante los aparatos de comunicación, y, sobre todo, la resignificación de las palabras.
El diseño del mito de Sánchez precede, de hecho, a su llegada al poder con una épica a su medida, la leyenda del Peugeot. Se proyectó la imagen de un candidato humilde y repudiado por las élites, que recorría España en un vehículo modesto para devolverle la voz a las bases. Hoy, la hemeroteca y las investigaciones periodísticas han desnudado la puesta en escena. Aquel coche no albergaba a un grupo de idealistas solitarios —ni siquiera se sabe con certeza si realmente usaron siempre un Peugeot—, sino al núcleo duro de una facción, cuyos principales integrantes han terminado purgados por el propio líder o situados en el epicentro de las tramas de corrupción que hoy cercan a los ministerios. El mito del héroe popular no fue más que la incubadora del caos.
Por otro lado, el control del relato y su justificación técnica operan bajo una premisa ya evidente. El aparato de comunicación estatal y su séquito de “intelectuales” sincronizados traducen cada necesidad política al lenguaje de la evidencia, de modo que cuestionar al Ejecutivo parezca un acto de negacionismo frente a los hechos.
La colonización de RTVE ilustra a la perfección esta metamorfosis. La corporación ha mutado en una extensión orgánica del poder, operando con un sesgo estructural que el Instituto Juan de Mariana radiografió en 2025: el bloque gubernamental acapara sistemáticamente más del 60 % del tiempo de palabra, mientras las menciones negativas a la oposición se duplican matemáticamente. El descaro es tal que ya no es anecdótico ver a presentadoras del ente público repitiendo, sílaba a sílaba y sin inmutarse, el argumentario exacto de la portavocía gubernamental. Cuando el líder necesita una cortina de humo, el aparato fabrica la prueba: el caso más flagrante ocurrió en mayo de 2025, RTVE y cadenas privadas muy afines imputaron un falso plan de atentado contra el Presidente a un agente de la UCO usando “bomba lapa” basándose en supuestos mensajes de texto, revistiendo de rigor técnico un bulo que su propia redacción de informativos repudió. Si la amenaza es judicial, se decreta su inexistencia y se borran durante semanas de las escaletas territoriales las investigaciones sobre la esposa del Presidente. El hecho incómodo se extirpa; la consigna, se televisa con cargo al presupuesto.
Sin embargo, el triunfo definitivo sobre la realidad se alcanza con la resignificación de las palabras, el último precepto hayekiano. La hemeroteca de esta legislatura es un ejercicio constante de vaciado semántico. El término «lawfare»deja de nombrar el uso torticero de los tribunales para estigmatizar cualquier instrucción judicial que incomode al poder. Etiquetas como «ultraderecha» o «fascista» se desprenden de su rigor histórico para aplicarse como un rodillo a la oposición o a cualquier voz disidente. Incluso conceptos como «bulo» o «desinformación» se reservan en exclusiva para lo que contradice el relato oficial, jamás para la falsedad propia. El problema real de esto último no es el descaro per se, sino la limitación de la comunicación. Cuando el vocabulario se resignifica, se dificulta que dos personas ideológicamente opuestas puedan debatir en los mismos términos, aislando a su electorado en una cámara de eco.
Asimismo, esta plasticidad verbal se expande, inevitablemente, a las instituciones. Si el diccionario se deforma, la norma también. Así se explica que líneas rojas antaño inasumibles, como la amnistía o los indultos, se transformen de la noche a la mañana en pilares de la convivencia y asépticos ajustes de «homologación europea». El código penal y las flaquezas de la Constitución pierden su vocación de generalidad para redactarse con nombres y apellidos tras colonizar al Tribunal Constitucional. Incluso la «extraordinaria y urgente necesidad» reservada para los decretos o la Diputación Permanente se torna en la necesidad del líder.
Las consecuencias de todo lo anterior condicionan profundamente la psique de sus propios votantes. Víctimas de la maquinaria, acaban asimilando el doblepensar orwelliano como un mecanismo de supervivencia política, sosteniendo genuinamente creencias contradictorias de manera simultánea. Así, el simpatizante se percibe a sí mismo como el muro de contención y último bastión de la democracia, al tiempo que justifica sin rubor que se disuelvan las Cortes para aprobar por la puerta de atrás los decretos que el Parlamento acaba de rechazar. Tacha de «bulo» las evidencias que señalaban la rotura de la vía de Adamuz como causante del accidente, asumiendo sin rubor, un año más tarde, la investigación que lo confirmaba. Compra la versión oficial de que el reciente apagón nada tuvo que ver con la gestión de las renovables, mientras asume con total normalidad que el Ejecutivo las regule de extrema urgencia precisamente para evitar que se repita el colapso. Y contempla sin espanto la pasividad en la invasión híbrida de Ceuta, la cual no tenía solución hasta el día antes de disolver las Cortes, mientras conviven con unos informes del CNI de Schrödinger que existen o desaparecen según sople el viento de la necesidad gubernamental.
Llegados a este punto, la pregunta inicial sobre si estas estrategias bastarán para asegurar su permanencia resulta casi secundaria frente a la magnitud del daño estructural. La supervivencia de su proyecto ha requerido la demolición de la realidad, sustituyéndola por una obediencia basada en el miedo, la dependencia material y el doblepensar. Retomando el dilema de Arendt, el Gobierno ha decidido que sacrificar el suelo bajo nuestros pies es un precio aceptable para mantener intacto su propio techo. Esa es, en definitiva, la autopsia de estos años: la de un líder que no se limitó a gestionar un país, sino que deconstruyó su idioma, sus instituciones y su verdad. Pedro Sánchez trascenderá como el hombre capaz de vender el mundo, mientras deja a un país incapaz de ponerse de acuerdo sobre el color del cielo que se derrumba.
