El Instituto Juan de Mariana presenta el informe La factura de la okupación en España. Cómo la inseguridad jurídica en torno a la propiedad privada contribuye a empobrecernos y eleva los precios del alquiler, elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López.
El estudio ofrece una estimación del coste económico de la okupación ilegal en nuestro país, examina la evolución de las denuncias y de los tiempos judiciales, analiza la respuesta legislativa de los últimos años y plantea diez reformas destinadas a garantizar una protección más eficaz de la propiedad privada.
La investigación concluye que la okupación no solamente perjudica a los propietarios que sufren directamente estos delitos, sino que también supone una carga económica para las Administraciones públicas, genera inseguridad jurídica y desincentiva la puesta en alquiler de viviendas, contribuyendo a agravar las dificultades de acceso al mercado residencial.
Entre los hallazgos y conclusiones del estudio, destacan los diez siguientes puntos:
- La okupación cuesta 1.212 millones de euros al año a los españoles. El IJM estima que la factura anual asciende a 1.212 millones de euros, con una horquilla de entre 342 y 2.470 millones según los supuestos empleados. El escenario central incorpora 741 millones en alquileres que los propietarios dejan de percibir, 189 millones en gastos de recuperación de inmuebles, otros 189 millones en desperfectos, 57 millones en suministros y al menos 37 millones de gasto público. El coste medio equivale a unos 12.700 euros por vivienda okupada y año.
- La factura acumulada desde la llegada de Pedro Sánchez alcanza los 8.620 millones. Entre junio de 2018 y septiembre de 2026, la okupación ha generado unos costes estimados de 8.620 millones de euros en el escenario central del estudio. La factura anual ha pasado de 899 millones en 2018 a 1.212 millones en 2025, lo que supone un incremento aproximado del 35%. Incluso en el escenario más conservador, el coste acumulado desde 2018 supera los 2.300 millones de euros. Se trata, por tanto, de un problema con consecuencias económicas de gran magnitud.
- España tiene unas 95.500 viviendas okupadas, cinco veces más de las que refleja la aproximación basada en denuncias. El informe distingue entre los nuevos episodios denunciados durante un año y el número total de inmuebles que permanecen okupados. Combinando la estadística del Ministerio del Interior con la duración de los procedimientos judiciales, se estiman unas 19.200 viviendas con okupaciones denunciadas todavía sin resolver. Al incorporar la infradenuncia mediante referencias independientes, el cálculo central aumenta hasta las 95.500 viviendas en 2025, con una horquilla de entre 39.800 y 132.200. Esta estimación no incluye los supuestos de impago contractual o inquiokupación.
- Las denuncias han aumentado un 22% desde 2018 y se registran más de 40 casos diarios. Los hechos conocidos por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles ascendieron a 14.875 en 2025, frente a 12.214 en 2018. La cifra actual multiplica por 2,4 la registrada en 2012. Cataluña concentra 5.913 casos, equivalentes al 39,7% del total nacional, seguida de Andalucía (1.909), Comunidad Valenciana (1.805) y Madrid (1.269). La evolución de las denuncias refleja un problema persistente, aunque no permite recoger todos los conflictos que se resuelven fuera de los juzgados.
- Recuperar una vivienda okupada puede exigir más de dos años de procedimientos judiciales. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial analizados por el IJM, los procedimientos civiles por okupación ilegal de viviendas tardan una media estimada de 14,4 meses en primera instancia, frente a los 3,8 meses de 2018. Si se añade el tiempo medio de apelación, el plazo estimado alcanza los 27,4 meses, frente a los 10,6 meses de 2018. El incremento es de 2,6 veces. En Castilla-La Mancha, el plazo combinado llega a 42 meses, y en Murcia, a 37,4. Esta lentitud judicial agrava los daños sufridos por los propietarios y reduce la efectividad de la protección legal de su patrimonio.
- Más de 24.000 viviendas okupadas están a la venta, con pérdidas patrimoniales estimadas en 1.787 millones. A finales de 2025 había más de 24.000 inmuebles okupados anunciados para su venta en Idealista. El IJM calcula que la depreciación de estas propiedades supone una pérdida patrimonial cercana a los 1.787 millones de euros en el escenario central. Esta cifra es independiente de la factura anual anteriormente descrita, puesto que mide la pérdida de valor de los activos. La venta forzosa con fuertes descuentos, los acuerdos privados con okupas y la contratación de empresas especializadas evidencian que numerosos propietarios buscan soluciones fuera del sistema judicial ante la falta de respuestas suficientemente rápidas.
- La okupación también perjudica al parque de vivienda pública y a las familias necesitadas. El fenómeno no afecta exclusivamente a propietarios particulares. En la Comunidad de Madrid, la Agencia de Vivienda Social ha reconocido que 2.530 de sus 24.916 viviendas están okupadas, el 10,2% de su parque residencial. Esto dificulta la adjudicación de inmuebles a las familias que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda social. A su vez, las Administraciones destinan recursos crecientes a vigilancia, protección y recuperación de activos. El IJM identifica al menos 37 millones de euros anuales de gasto público relacionado con estas actividades, una estimación no exhaustiva.
- La inseguridad jurídica desincentiva el alquiler y contribuye a encarecer la vivienda. La tolerancia de la okupación y los largos plazos para recuperar un inmueble elevan el riesgo que asumen los propietarios. Esto puede llevar a retirar viviendas del mercado del alquiler, endurecer las condiciones de acceso o incorporar primas de riesgo a las rentas exigidas. El informe considera que las reformas legislativas de los últimos años no han corregido adecuadamente estos problemas. La Ley de Vivienda de 2023 ha introducido nuevos requisitos procesales, mientras que la Ley Orgánica 1/2025 obliga a acudir a mecanismos previos de negociación en los desahucios por impago, aunque excluye de esta exigencia el procedimiento posesorio específico frente a la okupación. Proteger la propiedad privada resulta esencial para recuperar la confianza y estimular la oferta de vivienda.
- El Congreso ha bloqueado las reformas contra la okupación pese al amplio respaldo ciudadano. Las proposiciones de ley presentadas por el Partido Popular y Junts acumularon 139 ampliaciones de sus plazos de enmiendas hasta julio de 2026, de las cuales 91 corresponden a la primera iniciativa y 48 a la segunda. Además, el 19 de mayo de 2026, PSOE y Sumar votaron contra la toma en consideración de otra reforma promovida por el PP, que salió adelante con 171 votos favorables pero todavía sin convertirse en ley. Todo ello contrasta con una encuesta de GAD3 según la cual el 83% de los españoles considera eficaces las leyes más duras contra la okupación, una posición compartida por amplias mayorías de los votantes de los principales partidos.
- El IJM plantea diez reformas para acabar con la impunidad y proteger a los propietarios. Entre las propuestas destaca la creación de un registro estadístico unificado que permita medir correctamente el problema, la implantación de un procedimiento de desalojo en 24 horas cuando los ocupantes no puedan acreditar un título legítimo, el endurecimiento de las penas y la generalización del desalojo cautelar con garantías judiciales. También se propone suspender la carga efectiva del IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio de los inmuebles okupados, compensar automáticamente a los propietarios cuando las Administraciones suspendan lanzamientos por razones de vulnerabilidad, reforzar la capacidad de actuación de las comunidades de vecinos, recuperar las viviendas públicas ilegalmente okupadas y perseguir de manera más contundente a las organizaciones criminales que promueven estos delitos.
Una reforma necesaria para proteger la propiedad y ampliar la oferta de vivienda
La principal conclusión del estudio es que la okupación no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los delitos denunciados. Sus consecuencias se extienden al patrimonio de las familias, al gasto público, a la seguridad jurídica y al funcionamiento del mercado inmobiliario.
Cuando recuperar una vivienda requiere meses o años de procedimientos, el derecho de propiedad pierde buena parte de su protección efectiva. El resultado es un sistema que impone costes a los propietarios perjudicados y añade incertidumbre al mercado residencial.
El Instituto Juan de Mariana defiende que combatir la okupación, agilizar los desalojos y garantizar la propiedad privada son condiciones necesarias para recuperar la confianza, favorecer una mayor oferta de viviendas en alquiler y contribuir a reducir los problemas de acceso a la vivienda que sufren los españoles.
🔗 Haga clic aquí para descargar el informe completo


