Asfixia empresarial: Un análisis de la sobrerregulación y la burocracia en España

“Asfixia empresarial” es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, en colaboración con el Aula José Ramón Garcia. A lo largo de casi 70 páginas, el documento presenta un vistazo al problema de sobrerregulación que enfrenta la economía española, llegándotelo a destacadas conclusiones:

• Cuatro de cada diez empresarios consideran que el problema de sobreregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España. De hecho, otorgan a esta cuestión una importancia similar a la que asignan a los impuestos, de modo que la presión normativa ya tiene una trascendencia comparable a la presión fiscal. Siete de cada diez empresarios consideran que la excesiva carga regulatoria es uno de los factores que más esta afectando a los niveles de inversion, que de hecho llegaron a finales de 2024 por debajo de las cotas alcanzadas en 2019.
• Los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5 por ciento del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5 por ciento del PIB. En total, el coste de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y dentro de España asciende a 90.000 millones de euros, una cifra que equivale a 4.660 euros por hogar.
• El 36 por ciento de la actividad económica desarrollada en España se da en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. Solamente en la última década se han conocido al menos 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país.
• Al actual ritmo de creación de normas, España perderá 100.000 empleos en la próxima década debido a la acumulación de nuevos requisitos, restricciones y prohibiciones regulatorias. Esa complejidad también conduce a una mayor litigiosidad, desviando recursos de la economía productiva. De hecho, reducir a la mitad los niveles de congestión judicial apreciados en la jurisdicción civil de nuestro poder judicial permitiría elevar estructuralmente la inversión privada en unos 1.500 millones de euros.
• La comparativa por comunidades autónomas resulta interesante, puesto que la carga regulatoria efectiva en Cataluña duplica la de Madrid, lo que reduce la renta de la primera comunidad en 1.141 por persona, destruyendo asimismo unos 52.400 puestos de trabajo.
• Si comparamos a España con Europa, encontramos que igualar nuestra calidad regulatoria y nuestro aparato burocrático a los niveles observados en Dinamarca permitiría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. Lamentablemente, los distintos indicadores referidos a la calidad regulatoria en la UE y la OCDE nos relegan a la zona baja de la tabla.
• Las regulaciones verdes han crecido con fuerza en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022. Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones. Sin embargo, la evidencia muestra que una mayor carga regulatoria conduce a peores, no mejores, niveles de protección del medio ambiente. Hay, por tanto, una relación inversa entre regular más en esta línea y obtener mejores resultados.
• De 1996 a 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, más de un 80 por ciento de las cuales han sido impulsadas por los gobiernos autonómicos. En base a la evidencia disponible, no se aprecia una correlación entre introducir más carga normativa en este ámbito y obtener mejores resultados en los indicadores de referencia dedicados a la cuestión de igualdad hombre-mujeres, de modo que la clave no es regular más, sino regular menos y regular mejor.
• La empresa promedio carga con una larga lista de requisitos burocráticos, como encuestas, obligaciones tributarias, obligaciones contables, procedimientos medioambientales e instancias de otro tipo. Su incidencia es muy significativa en términos de tiempo y recursos perdidos por las empresas afectadas, así como en lo tocante a la naturaleza intervencionista de muchas de estas disposiciones.
• Asimismo, España tiene en vigor alrededor de 10.300 regulaciones laborales, de modo que el principal coste de empresa (mano de obra) está también sujeto a cotas de hiperregulación que han contribuido a hacer de España el país con más paro de la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria.
• Las obligaciones tributarias no se quedan a la zaga, puesto que hay más de 200 modelos en vigor y las obligaciones de información son cada vez más extensas y tienen distintos calendarios de periodicidad.
• Como medida complementaria de la complejidad asociada a la regulación tributaria en vigor, vale la pena señalar asimismo que las dificultades asociadas al cumplimiento de la normativa tributaria van también a más. Por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó en la campaña de 2023 una extensión de 1.921 páginas. En caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciéndelas a 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso del Impuesto de Sociedades.
• Además de deprimir la inversión, la sobrecarga normativa mina el emprendimiento. España está en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios. En lo tocante a las licencias de obra y construcción, recalamos en el número 79 del ranking. Incluso cuando ya se pone en marcha un negocio, el régimen de restricciones puede ser tan asfixiante como vemos en el caso del comercio, donde los grandes establecimientos ven limitada en un 90 por ciento su capacidad de apertura en domingos y festivos, a lo que hay sumar dobles licencias para el funcionamiento cotidiano, limitaciones de las ventas promocionales, impuestos específicos sobre este tipo establecimientos, etc.
• La nueva Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad eleva de 80 a 1.125 los requerimientos d datos que deben suministrar las empresas. De esos 1.125, solamente un 20 por ciento son cifras puramente cuantitativas, de modo que las empresas deberán generar ingentes cantidades de nueva información cada año. Para una compañía de tamaño mediano, el coste anual rondará los 400.000 euros. Asimismo, la nueva Ley de Consumo Sostenible quiere imponer un régimen de multas especialmente oneroso, con sanciones de 100.000 euros a quienes se desvíen de unas pautas de comunicación recogidas en una guía de 60 folios. Otro reto en materia normativa es el llamado Gran Hermano Turístico contemplado por el Real Decreto 933/2021, que introduce la obligación de recabar hasta dieciocho nuevos datos de los clientes de hoteles, pisos turísticos y otros establecimientos del sector.

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Author: juandemariana