La sentencia del Tribunal Constitucional es una buena noticia para las personas incursas en procedimientos sancionadores por incumplir el confinamiento domiciliario.
La concesión de los indultos por parte de este gobierno abriría fácilmente la impugnación contencioso administrativa y el ejercicio de acciones penales por prevaricación.
Ante la probabilidad de que, debido a las mutaciones del Covid-19, se haga necesaria la vacunación periódica, los estados europeos deberían limitarse a comprar y distribuir vacunas a las personas que carecen de medios para hacerlo.
La asombrosa desfachatez de los portavoces del gobierno justificando las ayudas concedidas revela una temeridad poco común. Sin perjuicio de las acciones judiciales que deben emprenderse en el orden interno español, la temprana reacción de algunos medios de comunicación y las denuncias ante la Comisión europea del eurodiputado Garicano deberían servir, por lo menos, deberían servir para detener la rapiña de los fondos públicos destinados a paliar las consecuencias económicas de la pandemia.
Dada la dependencia económica que mantiene la Iglesia Católica con el Estado, algo que plantea otro género de debate, no deben descartarse nuevas actuaciones del gobierno para intervenir su rico patrimonio inmobiliario.
A pesar de los múltiples defectos de la Unión Europea, desde que accedió a la jefatura del gobierno español un individuo presto a burlarse de todas las barreras legales para mantenerse en el poder, vengo advirtiendo
Apenas unos días antes del comienzo de las Navidades, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo[1] dio a conocer un Auto, que, según informa confusamente el portal del Poder Judicial “inadmite las
La avalancha de legislación autoritaria que el gobierno actual está introduciendo en España con el pretexto de la pandemia de la covid–19 ha tenido un nuevo eslabón recientemente con la
El envío de una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por parte del Juez Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García
Después de su investidura, el 12 de enero de este año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, designó a los ministros de su nuevo gabinete de coalición PSOE/Podemos. Entre