Los destrozos que el movimiento independentista y el PSOE están causando a los españoles, incluidos los catalanes, son ya directos y evidentes.
El objetivo es eliminar el español como lengua común mediante métodos intimidatorios.
Los planes de Pedro Sánchez pasan por sacar el máximo partido de los plazos para mantener un Gobierno en funciones.
Lo cierto es que una verdad judicial tan chocante como en el caso de Borja no constituye un fenómeno aislado.
Corresponde al Tribunal Constitucional la grave responsabilidad de atajar tanto desmán en el uso fraudulento de la potestad legislativa de urgencia.
Los partidarios de reducir los impuestos y el gasto público podrían llegar a un acuerdo con los defensores de la recaudación.
Quedarán abiertas muchas cuestiones relacionadas con esta insurrección de un Gobierno autonómico contra el Estado que ampara su existencia.
Es una lástima que el chusco episodio de Echenique no sirva para desmontar el disparatado ordenancismo laboral y tributario.
Cabe esperar una contracción de la oferta de vivienda de alquiler y un encarecimiento de las rentas y garantías que propondrán los arrendadores para celebrar el contrato.
Las referencias de la vicepresidenta no se compadecen con los criterios de los organismos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos.