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Adaptabilidad y flexibilidad para la recuperación económica

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Madrid, 4 de febrero de 2021.-

La generación de un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible es clave para el buen funcionamiento de las empresas y para el crecimiento económico. Existe una estrecha vinculación entre el desarrollo económico de los países y las buenas prácticas regulatorias, con especial incidencia de las referentes a la seguridad jurídica. Pero la crisis del coronavirus ha puesto de relieve ciertos problemas que han hecho que el Instituto de Estudios Económicos, el Instituto Juan de Mariana, la Fundación Civismo, el Instituto Ostrom y la Fundación para el Avance de la Libertad organicen una jornada sobre regulación inteligente para reflexionar acerca de la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad como motor de la recuperación económica. Todos estos trabajos se han recogido de forma íntegra en un número monográfico de la revista del IEE titulado “Informe sobre Regulación inteligente 2021. Adaptabilidad y flexibilidad para la recuperación económica” que se presenta en el marco de la jornada.

Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, ha sido el encargado de abrir esta jornada, en la que ha señalado que todas las buenas prácticas regulatorias tienen que originar cambios normativos graduales, progresivos y sin urgencia. Además, se deben establecer normativas coherentes entre sí, que eviten solapamientos, y con diálogo previo por parte de todos los agentes económicos implicados y un consenso final en el establecimiento del ordenamiento normativo jurídico. Por su parte, Gregorio Izquierdo, director general del IEE, ha destacado la importancia de la seguridad jurídica y reivindicado la relevancia de la regulación económica en el periodo histórico reciente como búsqueda de la eficiencia de la provisión de determinados bienes y servicios, a través de la consecución de unas adecuadas condiciones de competencia en los mercados. Ha indicado que la adaptación del marco institucional y regulatorio a las mejores prácticas aportan certidumbre y tiene una especial incidencia sobre el nivel de bienestar de cualquier economía. El concepto de ‘regulación inteligente’ propone racionalizar la elaboración de las leyes y apuesta por una regulación más eficiente considerando la importancia de mantener siempre un entorno económico atractivo y flexible, es decir, que favorezca el desarrollo de la actividad del sector privado con el mínimo coste. El informe recoge que el nivel de calidad regulatoria en España es un 13% inferior al promedio de la Unión Europea, habiéndose producido además un deterioro en los últimos años. En el caso del indicador de la seguridad jurídica estamos en torno a un 10% por debajo de la media de la Unión Europea, siendo también la tendencia de esta variable de retroceso en la última década.

Santiago Calvo, del Instituto Juan de Mariana, en su intervención ‘Facilidad para hacer negocios en España y propuestas de mejora’ constata que un exceso regulatorio es directamente proporcional a una baja productividad y promueve la desigualdad, dado que las empresas terminan por trasladar estos costes regulatorios a los consumidores, afectando en especial a los hogares con menos recursos. Además, las cargas regulatorias suponen una barrera para el uso eficiente del capital humano y un incentivo para la generación de economía sumergida. Ha concluido con una serie de propuestas de mejora, entre las que se destacan el impulso de la simplicidad regulatoria, el asegurar la unidad de mercado y reducir el coste y el número de procesos necesarios para crear un negocio.

Por otro lado, los cambios regulatorios están siendo muy relevantes en el contexto actual en el mercado de la vivienda, en particular, la destinada al alquiler. El debate público en España ha girado en torno a la posibilidad de intervenir directamente el mercado y limitar los precios de los alquileres. Francisco Cabrillo, desde la Fundación Civismo, señala que la eficacia del control de alquileres debe juzgarse sobre la base de su capacidad para satisfacer dos objetivos: reducir el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda. En algunos casos, el control de alquileres puede reducir el precio de los alquileres de las familias arrendadas, aunque lo hace a costa de los inquilinos de áreas o viviendas no reguladas, de los potenciales inquilinos que no están arrendados aún y de los inquilinos futuros. Respecto al acceso a la vivienda, es claro que esta política agudiza el problema, al terminar reduciendo la oferta y provocando subidas de los alquileres en el sector no regulado. La alternativa es presentar un marco regulatorio que mejore la seguridad jurídica de los propietarios de la vivienda que se dispone en alquiler y se promueva el desarrollo de empresas especializadas en el alquiler de viviendas.

Roger Medina, desde el Instituto Ostrom, presenta la problemática acerca de la regulación del suelo y su incidencia sobre las empresas. Las cuestiones urbanísticas y de regulación sobre la habilitación y uso del suelo son determinantes y generan un impacto muy relevante en la competitividad empresarial, lo que incide en los niveles de empleo de la economía. Según dicho Instituto, las barreras que se están generando se podrían solventar a través de un enfoque policéntrico al urbanismo. Las buenas prácticas regulatorias facilitarían las soluciones a pequeña escala, beneficiando a todos los usuarios del contexto local. Por ello, se propone para avanzar hacia un funcionamiento competitivo del mercado del suelo en beneficio del interés general, la simplificación de los plazos de modificación de los planes urbanísticos, la revisión del escenario ‘ventanilla única’, la reducción del grado de detalle del planteamiento urbanístico general o la importancia de la disponibilidad y el uso de los datos agregados para poder evaluar la actuación administrativa en materia de urbanismo.

Otro de los sectores con una amplia y compleja normativa es la sanidad, además de abarcar un amplio abanico de servicios y productos, actualmente condicionada por la pandemia del covid-19. Juan Pina, Secretario General de la Fundación para el Avance de la Libertad, comenta que, desde la perspectiva de una necesaria mejora de la competencia entre múltiples proveedores, se plantea una mejora de la calidad y una ampliación de la accesibilidad por parte de los usuarios al reducirse sus costes y el precio que pueden ofrecer a la sociedad que adopta unos productos y servicios descartando otros. Por otro lado, la sanidad privada ha demostrado una gran capacidad para atender las necesidades de la sociedad, por lo que es urgente proponer, no solo su continuidad sino también un proceso de mejora de la regulación que permita mejorar las condiciones de su provisión a través del mercado.

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Recursos adicionales:

  • Descargar informe completo aquí.
  • Descargar nota de prensa aquí.
  • Descargar resumen ejecutivo aquí.

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