Una sociedad de propietarios – Nota de prensa

Puedes descargar la nota de prensa en este enlace.

Puedes descargar el informe en este enlace.

El Instituto Juan de Mariana y Value School publican el informe Una sociedad de propietarios: una transición urgente e ineludible. El informe plantea una alternativa al Estado del Bienestar, e incluye estas conclusiones y propuestas:

• El Estado del Bienestar ha tenido un crecimiento indebido. Muchas decisiones que deben recaer en el ámbito de la familia o el individuo han sido asumidas por el Estado, con perjuicio de la sociedad en su conjunto. 
• El Estado está condicionado por unas carencias que explican que no dé una respuesta adecuada a los retos a los que se enfrenta: le falta información relevante y sus decisiones están marcadas por incentivos perversos. A ello se suman dos condicionamientos: actúa con uniformidad, cuando la sociedad es compleja y cambiante, y con una perspectiva cortoplacista. 
• Hay una alternativa: la sociedad de propietarios.
• Por ejemplo, si los trabajadores quedasen liberados de pagar la Seguridad Social, y pudieran invertir esas cantidades a largo plazo, podrían obtener unas pensiones muy superiores a las actuales. Un sueldo de 24.000 euros (incluidos todos los costes para la empresa), que destinase el 25% durante 40 años, y obtuviese un rendimiento real del 5% anual, lograría un capital de 761.038 euros.
• A partir de 2027, el Estado exige haber cotizado durante 38 años y medio, por lo que el supuesto de 40 años es razonable. Por otro lado, entre 1802 y 2008 la Bolsa norteamericana, con dividendos, proporcionó una rentabilidad media del 6,5%. Una rentabilidad del 5% es un supuesto conservador, pero se puede hacer el cálculo con un 7%, que no es descabellado; de hecho, es más realista.
• Así, un sueldo de 18.000 euros (incluidos todos los costes para la empresa), que destinase el 25% durante 40 años, y obtuviese un rendimiento real del 7% anual, lograría un capital de 961.243 euros.
• El informe propone varias medidas: – Volver a los tipos vigentes en el IRPF antes de 2010. – Eliminar de una vez por todas el impuesto sobre el patrimonio. – Incentivar el ahorro, por ejemplo, por medio de planes de empresa. – Crear una figura conocida como “SICAV para todos”, con una primera aportación a cargo del Estado de 1.000 euros para quienes cumplan 18 años y destinada al ahorro a largo plazo.
• El informe recoge la visión positiva que tiene el economista francés Thomas Piketty sobre la inversión. Pero propone que sean todos los trabajadores quienes se beneficien de los efectos sobre el patrimonio de invertir a largo plazo. “Aunque parezca extraño, la misma izquierda que celebra las tesis pikettianas sobre el retorno del capital, quiere privar a los trabajadores de esta magnífica herramienta de enriquecimiento”.

Enlaces:

Informe Una sociedad de propietarios: una transición urgente e ineludible

Presentación del informe en la sede de Value School

Estado del Bienestar: un crecimiento indebido

El sistema político elogia al ciudadano responsable y comprometido, y le otorga el poder de decidir sobre las cuestiones más complejas por medio del voto. Pero al día siguiente a las elecciones, el mismo sistema considera al ciudadano un ser incapaz de organizar los aspectos más nimios de su día a día. Por ejemplo, no nos permite decidir cuándo nos jubilamos, o pactar todas las condiciones de trabajo; tampoco nos permite elegir quién será nuestro médico o el profesor de nuestros hijos. 

Esta paradoja se ha producido por un enorme crecimiento del poder del Estado sobre nuestras vidas. Ese poder se ha encarnado en la forma del Estado del Bienestar. Y este informe pone en duda algunos de los principales argumentos en favor del mismo:

El argumento económico: los ciudadanos no podrían pagarse por sí mismos los servicios básicos (sanidad y educación). El informe lo pone en duda, entre otros motivos, porque si se permitiera a los trabajadores retener la parte de su sueldo que ahora se llevan los impuestos correspondientes, podrían destinarlo a sufragar esos servicios.

El argumento solidario: aun así hay una parte de la población a la que le costaría acceder a esos servicios públicos. El informe también lo pone en duda porque no es lo mismo que el Estado pague un servicio a que lo preste él mismo. Es decir, podría sufragar los servicios públicos a las familias más necesitadas, y permitirles elegir en el mercado a quienes les prestasen un mejor servicio. Hay ejemplos de que esto se está haciendo, como el cheque escolar o el cheque sanitario.

Uniformidad y cortoplacismo

El informe también critica la posición de que la posibilidad de que tomemos decisiones erróneas justifique automáticamente el estatismo. El motivo es que el propio Estado actúa sin poder acceder a toda la información que está dispersa en la sociedad, y está sometido a unos incentivos que no coinciden con los intereses generales de la población. 

En este sentido, el informe incide en dos críticas a la actuación del Estado que no se suelen resaltar, pero que son muy importantes: (1) la uniformidad. “En un Real Decreto uno no puede establecer diferencias por los gustos o los requerimientos de los beneficiarios. Esto contrasta con nuestra vida cotidiana, donde cada persona y cada familia son diferentes, como lo son también sus necesidades”. 

La otra hace referencia al (2) cortoplacismo del proceso político. Las promesas electorales tienen una vista muy corta; como mucho llegan a los próximos cuatro años. Esto contrasta con el capitalismo. “En realidad, el capitalismo, como su propio nombre indica, nace del ahorro y la inversión (la acumulación de capital) aplicada a procesos productivos cada vez más extensos y complejos que nos permiten fabricar bienes y proporcionar servicios que cubren necesidades más alejadas de la mera supervivencia. De ahí que las sociedades capitalistas sean más ricas y por eso mismo ofrezcan más posibilidades de consumo”.

Del subsidio al patrimonio

El informe reconoce todas las virtudes de los sistemas públicos de pensiones, pero recoge las advertencias que se están haciendo sobre su sostenibilidad a largo plazo desde hace décadas. 

Y plantea una alternativa: si al sueldo de un trabajador (que incluya todos los costes laborales) le liberamos del pago a la Seguridad Social y destinamos una cantidad similar al ahorro y la inversión a largo plazo, las pensiones serían mucho mayores. Para ello, el informe parte de los siguientes presupuestos: 

• Tener en cuenta el salario bruto real; es decir, todos los costes que asume un empresario para poder contar con los servicios de un trabajador.
• Ahorro durante 40 años. Es un período razonable para hacer la comparación, ya que el sistema público de pensiones exige 38,5 años de cotización para conceder el 100% de la pensión. 
• Una rentabilidad media del 5% anual. Es un supuesto conservador, teniendo en cuenta que, como señala el informe, entre 1802 y 2008 la Bolsa norteamericana, con dividendos, proporcionó una rentabilidad media anual real de alrededor del 6,5 % (descontada la inflación).

Con estas cifras, hemos planteado algunos supuestos numéricos:

• Con un sueldo bruto real de 18.000 euros, y una aportación del 25% anual (4.500 euros por año), con una rentabilidad del 5%, el trabajador acumula un capital de 570.779 euros.
• Con un sueldo bruto real de 24.000 euros, y una aportación del 25% anual (6.000 euros por año), con una rentabilidad del 5%, el trabajador acumula un capital de 761.038 euros.
• Con un sueldo bruto real de 36.000 euros, y una aportación del 25% anual (9.000 euros por año), con una rentabilidad del 5%, el trabajador acumula un capital de 1.141.558 euros.

Por lo tanto, el trabajador de nuestro ejemplo, con un sueldo real anual de 36.000 euros (que equivale aproximadamente a 1.590 euros netos al mes en nuestro actual modelo de Seguridad Social) y capitalizando el 25 % de su sueldo, obtendría el doble de valor de lo que supondría una pensión pública media.

• Una pensión pública de 1.590 euros al mes sería el equivalente a tener un capital a los 65 años de unos 550.000-575.000 euros.
• Una persona que gane un sueldo neto de 1.590 euros genera en realidad unos costes laborales de unos 3.000 euros al mes. Con el 25 % de esa cifra, invertida durante 40 años y al 5 % de rentabilidad, tendría 1,1 millones de euros. 

Propuestas de cambios legislativos

El informe propone las siguientes medidas:

1. Detener el castigo al ahorro iniciado hace unos años y, como mínimo, volver a los tipos vigentes en el IRPF antes de 2010.
2. Olvidar de una vez por todas el Impuesto sobre el Patrimonio. Es un tributo injusto, que recauda poco, que distorsiona muchísimas decisiones y que nos convierte en una anomalía en Europa. Nuestros políticos, que constantemente nos animan a compararnos con nuestros vecinos del norte, lo olvidan cuando se trata de este impuesto. En este caso, además, al ser el único país que mantiene un tributo de este tipo, la comparación es aún más pertinente, dado que es mucho más probable que frene la llegada de inversiones y nuevos contribuyentes.
3. Amplios límites exentos en el Impuesto de Sucesiones y tipos más reducidos. En la línea de lo apuntado a lo largo de este informe, creemos que el impuesto de sucesiones es injusto y que suele penalizar a las familias de clase media y media-alta que han construido un pequeño patrimonio con muchísimo esfuerzo.
4. Incentivar el ahorro por medio de planes de empresa. De los algo más de 35 puntos de cotizaciones que se pagan en la actualidad, se podrían usar entre 3-4 puntos (dos de las cotizaciones para el desempleo y dos de contingencias comunes) para este nuevo fondo de ahorro individual.

SICAV para todos. Cada español mayor de edad poseería una cuenta de largo plazo abierta a su nombre. La única decisión que tendría que tomar es en qué banco se deposita. Incluso, puede plantearse la opción de que la cuenta esté abierta en el ICO, para aquellos jóvenes que quieran poner todo su patrimonio bajo gestión en manos del Estado. Incluso podría plantearse que la primera aportación de la cuenta, casi como regalo de cumpleaños por la mayoría de edad, proceda del Estado: teniendo en cuenta que hay unos 450.000 – 475.000 jóvenes que cada año cumplen los 18 años, una aportación de 1.000 euros tendría un coste total de algo menos de 500 millones de euros anuales.