El (mal) pasante Bolaños y los jueces huelguistas

Dentro de la cohorte de edecanes del dictador Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sobresale un peón que emula los delirios de grandeza de su valedor, llamado Félix Bolaños García[1]. Nada más asaltar el poder su superior en junio de 2018, accedió al cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, con categoría de subsecretario, al mismo tiempo que su jefe inmediato, Iván Redondo Bacaicoa, un consultor político externo al PSOE maestro en convertir la inanidad en mantras propagandísticos, era nombrado director del gabinete, con categoría de secretario de estado.

Durante al menos un año y medio, el enrevesado organigrama burocrático diseñado para desplegar las malas artes del entonces incipiente caudillo[2], atribuyó al ínclito Félix Bolaños, entre otras, la competencia para “la asistencia a los distintos órganos de la Presidencia del Gobierno en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones”. Si bien el galimatías de competencias solapadas quedaba bajo la supervisión del director del Gabinete de la Presidencia, esta asignación de tareas, tendrá unas inesperadas implicaciones en relación con la contratación administrativa de Cristina Álvarez Rodríguez como ayudante para los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno.

Esta situación administrativa se mantuvo hasta la crisis de gobierno de julio de 2021, en la que fueron destituidos el ministro de transportes y secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos Meco y el director del gabinete Iván Redondo, así como la vicepresidenta primera Carmen Calvo Poyato. En la estela de esta última emergió Bolaños como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, después de haber dirigido en 2019 – sin bajas aparentes – las operaciones de exhumación, traslado y re inhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde al alimón con la inefable Dolores Delgado García.

En un claro gesto totalitario, como resultado de la última remodelación de gobierno en 2023, se desgajó de sus funciones la cantinela de “Memoria democrática” y se le añadió, nada menos, que el título de Justicia. Pedro Sánchez agrupaba así a los tres poderes clásicos del Estado de Derecho, con el afán de someterlos por delegación a sus órdenes, cual Calígula posmoderno.

Por otro lado, el ministro por triplicado compagina su puesto en el ejecutivo con su escaño en el Congreso de los diputados de esta décimo quinta legislatura.

Pues bien, acaso por su experiencia como pasante en el área de derecho laboral del reputado bufete de abogados Uría y Menéndez y posteriormente Letrado del Banco de España, Félix Bolaños García está orgulloso de dirigir las maniobras para asaltar el Poder Judicial y las iniciativas legislativas para instaurar un nuevo régimen político, donde el auto ungido “bloque progresista”, amalgamado por el PSOE con retales diversos de partidos secesionistas y neocomunistas, se postula para detentar el poder omnímodo y perpetuo en lo que ha venido en conocerse durante siglos como España. Tan  antidemocrático y totalitario proceder rechaza la posibilidad de la alternancia política en el gobierno, so capa de que la vuelta de un gobierno de  “ la derecha y la ultraderecha” supondría un retroceso en los “avances sociales” conseguidos.

El pseudoargumento repetido hasta la náusea por las terminales del gobierno asombrará a los estudiosos del futuro, pero no al reducto inasequible al desaliento que, dependiendo de la región española donde resida, se ha sometido a la disonancia cognitiva desplegada por la cofradía de pícaros que sustenta al gobierno. A pesar de su grosera falsedad, la parte de la sociedad que tradicionalmente se identificaba con “la izquierda” mantiene en jaque la propia continuidad de la comunidad política llamada España y desprecia las ideas de libertad, tolerancia y respeto del pluralismo ideológico en una sociedad democrática que parecieron inspirar al régimen político de la Constitución de 1978.

A los pasos ya dados ( asalto al Tribunal Constitucional para convalidar el proceso deconstituyente, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas etc) se transitan otros para controlar el Poder Judicial, amputando la relación entre jueces de instrucción y las unidades de policía asignada a las tareas de investigación criminal, cercenar el ejercicio de la acción popular en el proceso penal así como permitir el acceso a la judicatura a advenedizos sin una formación contrastada para colonizar y promocionar a los fieles del nuevo movimiento en la judicatura desde las primeras etapas.

En resumen, estas medidas legislativas pendientes se articulan mediante:

1. La proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas (¡!). Crítica del ICAM.
2. Proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y
3. Anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Es por esto por lo que no puede sorprender la convocatoria conjunta de las principales asociaciones judiciales y fiscales a la realización de un paro el pasado 11 de junio, una concentración este sábado a las puertas del Tribunal Supremo e, incluso, justificado por estado de necesidad constitucional, una huelga en la Justicia para los próximos 1, 2 y 3 julio, para el caso de que estas reformas no se retiren.

Notas

[1] En uno más de los episodios bochornosos que riegan esta nueva década ominosa, y, al mismo tiempo, reveladores de la vanidad narcisista de sus actores, este individuo se felicitaba a las puertas del Congreso de los Diputados por el acuerdo al que había llegado – Santos Cerdán León, Carles Puigdemont Casamajó  y el “mediador” Francisco Galindo Vélez, mediante- para la aprobación de la Ley de (Auto) amnistía.

[2] El Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, estuvo vigente desde el 19 de junio de 2018 hasta el 29 de enero de 2020.

Author: juandemariana