En el último comentario se explicó por qué el Estado no puede acabar con la economía sumergida. O, mejor dicho, por qué tal esfuerzo en realidad destruiría al propio Estado.
Uno de los supuestos del análisis entonces presentado era que la mayoría de la gente percibe eso del mercado negro como indeseable y precario, y que por tanto prefieren estar "regularizados", aunque ello suponga pagar impuestos y otras tasas a los políticos. Ello no es óbice para que siempre haya habido individuos más cómodos en el mercado negro, a los que se podría tildar, desde una perspectiva estatista, correctamente como insolidarios.
Pero ¿qué ocurriría si esa percepción cambiara? Si, de repente la gente no viera tan mal eso del mercado negro. Y no solo no lo evitara, sino que lo buscara activamente. Siguiendo el razonamiento del anterior comentario, no hay duda de que se aceleraría la descomposición del Estado.
La cuestión es ahora en qué condiciones podría empezar a cambiar la actitud hacia la economía sumergida. Podemos obtener una respuesta a partir del análisis económico. En este caso, la decisión está entre permanecer regularizado o pasarse al mercado negro. Cada opción tiene costes y beneficios, de hecho, los beneficios de una son los costes de la otra; el individuo se decidirá por la opción que mayor beneficio le reporte.
En condiciones normales, el principal coste de permanecer regularizado consiste en las obligaciones fiscales y sociales, esto es, los impuestos y las cargas de seguridad social. A cambio de eso, el individuo, ¿qué obtiene? La respuesta no es tan obvia como podría parecer. Servicios como carreteras, justicia, seguridad, educación o sanidad realmente no dependen en la actualidad de que el individuo esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Por tanto, en general, la persona que paga impuestos no lo hace para poder acceder a estos servicios, cosa que ya tiene sin (aparentemente) pagarlos.
En realidad, parece que el individuo que paga impuestos lo hace más bien por temor a posibles complicaciones con el gobierno que terminen en sanciones de algún tipo. Así, para mucha gente, el beneficio del pago de impuestos proviene más bien de la tranquilidad de no tener que enfrentarse al gobierno que de los servicios públicos que éste le va a suministrar, pues estos los tiene por dados. Mientras el beneficio por tranquilidad supere al coste de situarse fuera de la ley, se mantendrán en el mercado regulado.
Obsérvese además que a muchos individuos (por ejemplo, los asalariados) se les retiene gran parte de sus impuestos en el pago de la nómina. Para ellos, la declaración del IRPF representa simplemente un pequeño esfuerzo incremental, incluso ni siquiera tal en algunos casos, cuando la declaración sale "a devolver". Para esta gente, la comparación en la decisión no es con el total de los impuestos, sino solo con el pago que han de hacer en la regulación con Hacienda, muy inferior al global de impuestos, lo que inclina con más probabilidad la balanza del análisis hacia el lado de no complicarse la vida.
Sobre el análisis estático, procede ahora incluir elementos dinámicos. En primer lugar, es obvio que una subida de impuestos llevará a un mayor número de gente a optar por el mercado negro, cosa que sabemos que ocurre. Esto es así porque aumentan los costes, pero no lo hace el beneficio (evitar conflictos con el gobierno).
Asimismo, si se empieza a cobrar por los servicios públicos hasta ahora gratuitos, vuelve a incrementarse la posibilidad de optar por el mercado negro. En este caso, porque la renta disponible para servicios no públicos disminuye. Eso hace que aumenten los beneficios subjetivos de no pagar impuestos, ya que la renta disponible incrementa su valor.
Análisis similares aplican a muchas de las medidas que están tomando los gobiernos europeos y en particular el español. Por ejemplo, las variaciones en las condiciones para el acceso a pensiones en el sistema público incrementan la propensión a optar por el mercado negro.
En general, se puede observar que el gobierno español, con sus subidas de impuestos y mermas de servicio público, está empujando a más y más gente al mercado negro. Poco a poco, la gente se irá dando cuenta de que en el mercado negro se puede vivir, y que quizá se puede vivir incluso mejor que en el regular. Para esta gente, los problemas del gobierno serán exclusivamente del gobierno, no de España, pues ellos no van a afrontar los incrementos de interés que exige el mercado de deuda pública.
Este efecto se verá además realimentado por una disminución en los beneficios de evitar problemas con el gobierno. En la medida en que la gente vaya escapando a la economía sumergida, el gobierno irá debilitándose, y cada vez le será más difícil perseguir estas actividades. En consecuencia, más individuos percibirán una disminución del riesgo de estar en el mercado negro y, de nuevo, aumentará la posibilidad de prefieran estar en él.
Así pues, cada vez más individuos se van a resguardar de la crisis en el mercado negro. Cada nueva subida de impuestos o nueva tasa o recorte de prestaciones, impulsará a otras cuantas personas al mercado negro, mientras los "regulares" les miran con creciente envidia. Y llegará un momento en que la presión será tan insoportable que incluso las empresas más grandes, reducto del mercado regularizado por ser fácil blanco del gobierno, tendrán que capitular, pues la alternativa será no poder operar. Si los trabajadores empiezan a pedirles que les paguen en "negro" o que si no se marchan, ¿qué harán?
En fin: parece que, ante los crecientes abusos del gobierno, se va a producir una creciente huida a refugiarse en la economía sumergida. Inicialmente, será por mera supervivencia, pero terminará siendo por conveniencia, conforme vaya cayendo el mito del Estado del Bienestar, conforme avance en su inevitable autodestrucción con cada uno de los llamados "recortes".
Pero, si cae el Estado, ¿quién suministrará los servicios públicos? Es la pieza que falta en el puzzle, que dejamos al próximo comentario.
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