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A vueltas con el IVA

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Supimos que sufriríamos una fuerte subida del IVA desde el preciso momento en que Cristóbal Montoro lo negó rotundamente. Pues bien, ya la tenemos aquí: el tipo general pasará del 18 al 21%; el tipo reducido pasará del 8 al 10%; y el tipo superreducido se quedará en el 4%. Todo esto entrará en vigor a partir de 1 de septiembre.

El pretexto, el de siempre: reducir el déficit. Pero la subida del IVA no sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá aun más la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos y/o empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él en nuevos programas de gasto público prescindibles y subvenciones a sectores, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

¿Y quién acabará soportando y pagando este IVA? Pues dependerá de si las empresas pueden repercutirlo en los precios o no, que dependerá del sector en el que se encuentren. Hay sectores en los que las empresas podrán trasladar la subida del IVA a los precios finales, porque en su sector hay menos competencia, porque su producto está muy diferenciado del resto y es ‘único’, porque todo el sector traslada a precios el impuesto, o porque vende sus productos únicamente a otras empresas (con lo que el IVA es ‘neutro’).

Pero no siempre es así, sobre todo en empresas muy cercanas al consumo final. En muchos de estos sectores los empresarios no podrán repercutir el 100% de la subida al consumidor debido a que la gente no consumirá lo mismo (ya sea porque se decantará por productos ‘sustitutivos’ o porque la competencia decidirá no trasladará el impuesto a los precios), con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.

Pague quién pague finalmente este impuesto, la sociedad se empobrecerá en su conjunto y la salida de la crisis será cada vez más difícil, costosa y dolorosa.

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