La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, persevera en su afán de convertir a la autonomía que dirige en lugar privilegiado para el progreso económico de sus habitantes, en comparación con los oscuros presagios que anuncian cada día otras regiones españolas. Aguirre eliminará en breve –junto con la donación– otro injusto artilugio fiscal: el impuesto de sucesiones que gravaba por doble partida la prosperidad alcanzada entre generaciones de una familia durante años.
Anteriormente, para transmitir una empresa familiar y conseguir la reducción del 95% en la base imponible del impuesto de sucesiones era imprescindible, entre otras condiciones, que los herederos mantuvieran el valor de los bienes adquiridos durante los diez años siguientes al fallecimiento del titular del negocio, salvo que fallecieran antes de ese plazo.
Es decir, que lo importante nunca fue la continuidad empresarial sino quién era heredero y qué obtenía durante una década en la partición. Al impuesto de sucesiones le daba igual la suerte del emprendedor que sucedía en la firma así como el esfuerzo futuro de éste por establecer un círculo virtuoso entre empleados, clientes y proveedores. La envidia igualitaria, respecto de la herencia, no ha entendido de compromisos sino de simples posiciones de poder.
En “La Acción Humana” Mises distingue entre el impuesto neutro que sufraga los gastos de la burocracia estatal y no interfiere en el funcionamiento del mercado, y el impuesto total que grava íntegramente todo ingreso o patrimonio y desvanece la motivación individual. Mises considera los impuestos cien por cien sobre patrimonio y sucesiones como simples levas sobre el capital, incautaciones antagónicas a la idea del impuesto neutro. Los actuales impuestos hereditarios que aún subsisten no llegan a los niveles de confiscación señalados por el gran economista austriaco, pero sí han participado de la semejanza con el impuesto total en tres prejuicios de signo socialista: no proceden del trabajo personal, responden al equívoco principio de “capacidad de pago” y reverencian el principio de “justicia social”.
Es, por tanto, una buena noticia el final del impuesto de sucesiones para beneficiarios que, sin distinción, hereden una humilde cuenta corriente, un inmueble mediano o un establecimiento fabuloso. Cinco millones de personas que conviven en ese acelerado aunque secretamente admirado espacio de oportunidades que se llama Madrid despedirán con mucho gusto esa clase de arbitrario impuesto total.
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