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Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo LXV: Sobre la defensa del Estado (II)

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Continuando el comentario anterior, habría que señalar que el señor Audet acierta cuando apunta la obsesión de muchos liberales y libertarios por los impuestos, afirmación que entiendo bastante correcta. Audet explica la fiscalidad española y apunta que no es tan alta para mucha gente, al menos en lo que se refiere al impuesto sobre la renta que cifra sino recuerdo mal en un 19% . Pasa un poco por encima del IVA que es el 21% en la mayoría de los bienes que adquirimos y se olvida de los impuestos al trabajo enmarcado en las cotizaciones a la seguridad social. Tampoco hace mención a los  de impuestos especiales a determinados consumos como el agua, el combustible o la electricidad tan de moda en estos momentos. Los impuestos  de sucesiones ,los impuestos de plusvalías o los de transmisiones patrimoniales o los impuestos al ahorro y la inversión entre otros muchos tampoco los ha tratado. Si lo hiciera la media del 40 o 50% de tributos pagados por la ciudadanía sería bastante correcta. Recuerde que sólo los impuestos al trabajo son algo así como un tercio del salario de un trabajador y que el porcentaje del 40% de impuestos se refiere a la media de la población, incluyendo aquellos que no trabajan. El trabajador común paga bastante más de ese 40% de sus ingresos. No niego que a cambio recibe una gran variedad de prestaciones y servicios suministradas estatalmente, pero el porcentaje de lo que se paga es cuando menos muy elevado.

Sin embargo es cierto que para muchos liberales su principal preocupación es reducir ese porcentaje para hacer más llevadera la vida del sufrido contribuyente. Parece como si por reducir este porcentaje se alcanzase una mayor libertad, cuando el debate no debe ir por ahí. Los viejos libertarios solían usar la metáfora del amo bondadoso que mejora la vida de su esclavo incrementando su estipendio y dejándole cierta libertad de gasto. El esclavo sin duda estará mejor, dirían estos teóricos, pero no se altera con esto la naturaleza de su relación. El amo cunado quisiese podría volver a la situación anterior o incluso endurecerla si así le placiese. La cuestión es, por tanto, de principio y consisten en cuestionarse la razón por la cual una persona o grupo de personas, sean bien o mal intencionadas, pueden determinar cual es la parte de mi renta de la que puedo disponer, pudiendo cambiarla prácticamente a voluntad. De ser cierto el principio esto implica que yo no sería propietario del fruto de mi trabajo o del valor monetario de mis intercambios, sino que lo serían esas personas. Es más ni siquiera se concede la capacidad  de opinar al respecto  o sobre el fin último de esos recursos que me pudieran ser extraídos. Ni la cantidad ni el destino pueden ser discutidos, con independencia de las necesidades que pueda tener o mis valores últimos, pudiendo mis impuestos ser usados en fines totalmente contrarios a mis ideas o principios.

Obviamente esto no quiere decir que una bajada de impuestos no sea deseable, ni que esta no pueda producir efectos beneficiosos para la prosperidad de un país. Muchas de las propuestas liberales de política pública  son de hecho  respaldadas por los ancap, pero la cuestión es sobre los principios sobre los que se asientan los tributos, no cual debe ser el monto o la forma de los mismos.

Otro tema de mucho interés es el que se refiere a que en ausencia de estado determinados temas de investigación no serían lo suficientemente atendidos o las personas que se dedicasen a ellos no estarían lo suficientemente bien remunerados y tendrían que abandonarse su estudio. Es una variante del viejo argumento de los bienes públicos, que en ausencia de un gobierno que los suministre no serían suministrados en una cantidad adecuada. Pero la respuesta a este argumento debería ser la misma, y es primero que quien o que determina cual es la cantidad y calidad del bien público a ser ofrecido y segundo de si lo prestado es un bien o pudiese ser un mal. También es relevante saber si la acción privada puede o no suministrar ese bien. Vayamos entonces por partes.

El argumento que usa el profesor Audet es que sin la coacción estatal no estaríamos dispuestos a financiar determinadas investigaciones que ahora se realizan en las universidades públicas, algo que habría que matizar. Actualmente tampoco se financian todas las investigaciones que pudieran ser de interés. Los gobernantes a través de sus ministerios o consejerías deciden que temas son prioritarios en cada momento y los financian de acuerdo con los criterios que entiendan pertinentes y en la cantidad que estimen oportuna. Esto es existen muchos temas de investigación y con ellos los investigadores potencialmente interesados que se ven excluidos. La determinación de los temas y la cuantía con la que son financiados depende en última instancia de decisiones políticas, supongo que bienintencionadas aunque pudiera darse el caso de que respondan a presiones de grupos de interés o a la oportunidad política del momento. En cualquier caso la determinación de la cantidad, la calidad o el tema de investigación no responde a algo objetivo sino a la fuerza relativa que tenga el ministro  o consejero a la hora de elaborar los presupuestos y después de las preferencias en materias de investigación  de estos o sus equipos, que muchas veces “barren para casa” y privilegian sus propias áreas de interés. Pero en cualquier caso lo que de ahí resulta tiene más que ver con la política que con las necesidades de investigación que pudiese demandar una determinada sociedad. Tampoco se puede determinar de forma objetiva cuales son estas, pues cada persona manifestará preferencia por una u otra área de conocimiento. Unos querrán primar la investigación biosanitaria, otros la física de partículas y otros la biología molecular, y siendo todas importantes al final se hace necesario algún tipo de reparto que caso con total seguridad no contentará del todo a los investigadores. Sin contar con el hecho de que siempre se dan imprevistos como pandemias o volcanes que obligan a reforzar los fondos destinados a estas áreas (para que, pro desgracia, den frutos cunado ya no se necesiten). En el caso de las ciencias sociales el problema es aún más grave, al existir muchas áreas de conocimientos divididas cada una de ellas en muchas escuelas. Esto es no sólo hay que escoger entre las distintas ramas de la economía, la política, la sociología o la historia sino entre escuelas. Por ejemplo podemos optar por dar fondos a la tan de moda economía experimental y no tantos a estudios austríacos (que necesitan menos medios materiales). Pero el político está ahí haciendo una elección consciente entre escuelas, sin poder explicitar de forma objetiva por que lo hace. No es posible por tanto determinar si se está gastando mucho o poco en “ciencia”  o “investigación” pues lo que realmente existen son ciencias  o investigaciones concretas en áreas concretas. Como cualquier otro bien público no podemos saber si la cantidad que se oferta es o no la correcta, y por tanto tampoco podemos conocer la proporción correcta que dedicar dentro de ellas a investigación práctica o aplicada. Es una vez más el viejo teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, sólo que esta vez dedicada a la investigación científica.

La segunda cuestión es si lo que se investiga es primero algo que conviene estudiar y segundo si responde a algo que es valorado por las personas que conforman la sociedad. El profesor Roger Shattuk escribió hace algunos años un interesante libro, Conocimiento prohibido, en el que expone la no conveniencia de estudiarlo todo. Tras exponer varios de los mitos culturales (Pandora, Árbol del bien y el mal…) que intentan limitar nuestra curiosidad afirma que algunas cuetiones no sólo no merecen ser estudiadas sino que puede ser contraproducente hacerlo por las posibles consecuencias que podría tener sobre la estabilidad social. Cita entre ellas el estudio del átomo, determinadas investigaciones sobre genética (creación de quimeras, eugenesia racial…) o, incluiría yo ,determinadas estadísticas.  Tampoco todas los doctrinas sociales o económicas tienen las mismas consecuencias para el bienestar de la ciudadanía.  Esto es cabría discutir si investigarlo todo es pertinente y, de no ser así, si sería conveniente destinar recursos públicos a tal fin. El problema es determinar cuales son los conocimientos que pueden producir esos efectos y esto no es algo fácil, pues todos podríamos proclamar la utilidad social de nuestras investigaciones y denigrar las de los demás. No hay criterios objetivos para poder hacerlo ni a día de hoy se dan las condiciones como para poder hacerlo. Por tanto si podemos predicar que una investigación determinada no va a resultar en mejoras en la vida de las personas, con que criterio puede reclamarse financiación pública sobre ellas? . En segundo lugar aún pudiendo determinar que una investigación no es dañina cabe discutir si tiene o no el valor suficiente como para destinar recursos públicos a ellas. A primeros de año la prensa suele informarnos jocosamente de premios concedidos a investigaciones supuestamente absurdas para ilustrarnos del despilfarro de dinero en que se convierte en muchas ocasiones la ciencia oficial. Quizás no sean estas las peores. Investigaciones “serias” pueden ser potencialmente mucho más perniciosas que aquellas, que por lo menos no dejan de ser inocuas, bien por el tema que tocan bien por las consecuencias que potencialmente pueda tener.

En tercer lugar habría que discutir si esas investigaciones podrían ser financiadas de otra forma que la de recurrir a impuestos. El señor Audet presume que dejados al libre mercado muchas personas no estarían dispuestas a pagar los salarios de profesores e investigadores. Puede ser. Pero yo creo que dejados al mercado se darían dos posibles fenómenos, el primero el de que no cobrasen todos los investigadores y profesores salarios similares sino que estos viniesen determinados por las preferencias de los pagadores. Muy probablemente en las áreas de conocimiento más demandadas se incrementasen los salarios, lo que haría más atractiva la especialización, mientras en otras se reduciría el salario y el número de especialistas como como consecuencia. El segundo es que algunas áreas y especializaciones podrían desaparecer del mapa o verse sustancialmente reducidas. Pero no podemos a priori saber cuales van a ser, pues dependerá mucho de la capacidad  “empresarial” de sus cultivadores el hacerlas o no atractivas. También al igual que cualquier otro mercado dependerá de los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, o de las propias circunstancias del ambiente. Hace poco tiempo vulcanólogos o virólogos no llamaban especialmente la atención entre las disciplinas más atractivas. Ahora esto ha cambiado.

Es fácil observar  que en todo el mundo existe un gran número de universidades privadas y que ofertan una cantidad enorme y muy dispar de conocimientos. También se puede percibir que gracias   a internet el conocimiento es escalable, esto es no es necesario pagar una fuerte suma para tener acceso a clases de muchas materias, pero la suma de estas pequenas tasas multiplicadas por un numero sustancial de alumnos puede financiar al profesor. Incluso podría recurrir a la publicidad. Lo único que hay que hacer es ofertar algo atractivo. No veo, por tanto,  la imposibilidad de poder financiar una carrera de investigador sin tener que recurrir necesariamente a la intervención estatal.

En el siguiente artículo se discutirá sobre si los ancap tenemos o no los pies en la tierra.

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