Anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo

Dentro del liberalismo existen a grandes rasgos tres escuelas o corrientes fundamentales de filosofía política: anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo. Cada una defiende la libertad desde posiciones diferentes, en parte contradictorias pero también complementarias, con imperfecciones y limitaciones.

El anarcocapitalismo (anarquismo liberal, individualista, de mercado) se opone al Estado como institucionalización y monopolio de la coacción sistemática y defiende un orden social basado en el derecho de propiedad y el principio de no agresión: la seguridad y la resolución de conflictos pueden conseguirse mediante mecanismos de mercado libre a través de contratos con agencias privadas en competencia, sin exclusividad ni privilegios.

El anarcocapitalismo propone una justificación o fundamentación ética de las normas sociales de inspiración iusnaturalista o consecuencialista (o una combinación de ambas): las leyes legítimas aplicables a los individuos son universales, simétricas y funcionales. La única norma con estas características es el derecho de propiedad o principio de no agresión: la propiedad o dominio legítimo sobre los bienes se consigue mediante ocupación original (primer uso, colonización) e intercambios voluntarios; la fuerza contra otras personas sólo puede utilizarse para defenderse, para restablecer la justicia ante algún delito o crimen; las obligaciones y los derechos positivos sólo surgen mediante contratos libremente aceptados por las partes involucradas. Una sociedad libre es la que resuelve sus problemas sin iniciar la violencia y sin robos, mediante intercambios puntuales y acuerdos voluntarios.

El anarcocapitalista considera que el Estado, ineficiente, abusivo o corrupto en el uso del poder, no defiende la libertad y la propiedad sino que las viola sistemáticamente y es su peor enemigo: la legislación suele ser liberticida, los impuestos son robos y las guerras son matanzas injustificadas. A partir de los principios fundamentales argumenta cómo puede existir en la práctica la sociedad sin Estado, recuerda que no ha habido ningún contrato con cada individuo que legitime su sometimiento al poder estatal, y que los servicios o bienes públicos recibidos no justifican la obligación del pago de impuestos.

Los principales problemas del anarcocapitalismo son considerar la seguridad un bien económico como cualquier otro y obviar que existen ciertos bienes y servicios, como los espacios comunes y la defensa, que los grupos humanos suelen poseer, proporcionar y disfrutar de forma conjunta, lo cual puede implicar la necesidad de un gobierno centralizado. Además algunas normas que se perciben socialmente como legítimas no se aceptan explícitamente a nivel individual mediante contratos sino que surgen evolutivamente y se concretan en tradiciones y costumbres sociales: que un individuo no acepte una norma no implica automáticamente que esta sea ilegítima, y tal vez el grupo está justificado a obligar o expulsar a quienes la incumplen.

El minarquismo defiende un Estado limitado o mínimo necesario para las funciones de seguridad y vigilancia (defensa nacional frente al exterior, orden público interno) y para la provisión o gestión de otros bienes públicos (especialmente legislación, justicia, policía, relaciones diplomáticas, infraestructuras públicas): sin este gobierno mínimo imprescindible para la organización colectiva estable cualquier grupo humano dejará de existir como unidad autónoma, bien por desintegración por desórdenes internos (conflictos no resueltos por subjetividad, parcialidad o poder coercitivo insuficiente, guerra de todos contra todos) o por invasión y conquista desde fuera. El minarquista suele preferir jurisdicciones o unidades de administración pequeñas por su mayor eficiencia y por la facilidad de los individuos de cambiar de una a otra (voto con los pies).

El Estado es necesario para evitar y resolver conflictos internos y para actuar coherentemente como una unidad frente al exterior: pero como concentración del poder es una entidad peligrosa, tanto para sus propios ciudadanos como para los no miembros. El minarquismo intenta legitimarlo y limitarlo mediante algún acuerdo constitucional con normas que permitan dividir y restringir su poder (separaciones, contrapesos): sin embargo históricamente las limitaciones constitucionales han resultado ser poco efectivas ya que son endógenas (el Estado se vigila o supervisa a sí mismo).

El minarquismo tiene diversos problemas: no especifica cuál debe ser la extensión de cada Estado, qué individuos y territorios debe incluir o excluir y por qué; si se permite la secesión no está claro hasta qué nivel puede ejercerse; si la defensa ante agresiones externas es un problema grave, las unidades políticas pequeñas pueden ser ineficientes y tal vez tiendan a agregarse en unidades mayores (de ciudades a naciones e imperios); si la secesión no se permite, el minarquismo parece consistir en coaccionar al prójimo para participar en la defensa común contra potenciales enemigos más lejanos. Gran parte de la producción de leyes y su administración judicial es privatizable: no todas las normas tienen por qué ser iguales para todo el mundo, y las pactadas mediante contratos privados pueden utilizar mecanismos competitivos alternativos de vigilancia y arbitraje.

El problema esencial del anarcocapitalismo y del minarquismo es cómo definir o entender al Estado: si como un agresor ilegítimo o como la organización del gobierno o estructura de control de un grupo; si como un opresor unilateral privilegiado o como el resultado de un acuerdo que facilita la cooperación social. Ambas interpretaciones son posibles, y normalmente la realidad es compleja y contiene elementos de las dos (no necesariamente en la misma medida). El Estado es el monopolio de la fuerza y de la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos o ciudadanos: pero esto no es ilegítimo si las personas involucradas lo han pactado libremente así; normalmente no todos los individuos lo han aceptado voluntariamente, algunos porque no quieren participar de ese Estado, otros porque quieren un Estado diferente (más o menos liberal o intervencionista).

El evolucionismo aplicado a la filosofía política enfatiza la importancia de los órdenes espontáneos en los sistemas complejos adaptativos: pretende describir científicamente y explicar cómo funciona la sociedad en lugar de legitimar o justificar filosóficamente cómo debe hacerlo; advierte contra el racionalismo constructivista, contra la planificación coactiva centralizada, contra la ingeniería social; recuerda que la realidad es muy compleja, que el conocimiento humano es limitado y disperso, y que las cosas probablemente existen porque funcionan relativamente bien aunque no se entienda cómo o por qué. Las normas sociales no se producen mediante razonamientos reflexivos abstractos utilizando axiomas irrefutables y lógica deductiva, sino por evolución mediante generación de alternativas, rechazo de lo fracasado y retención de lo exitoso (prueba y error): los grupos mejor organizados tienden a desplazar a los peor organizados.

El evolucionismo es correcto pero incompleto: las normas son propuestas y aceptadas o rechazadas por los individuos según sus preferencias o intereses (dando mucha importancia a la reacción de los demás, al qué dirán, a la reputación o prestigio); las personas argumentan las leyes utilizando diferentes criterios de legitimidad o justicia; algunos grupos humanos pueden prosperar cooperando internamente para parasitar o depredar a otros.

Los liberales pueden incluirse en una de estas corrientes o tomar elementos de todas ellas: esto puede hacerse por motivos puramente intelectuales o por otras razones como querer dar una imagen de sí mismo y señalar la pertenencia a algún grupo (el anarcocapitalista radical, rebelde, contundente, extremista, lógico, consistente, idealista; el minarquista sensato, pragmático, realista; el evolucionista científico, descriptivo). Los problemas surgen de no querer o no poder ver las limitaciones, errores e imperfecciones de cada paradigma.