Skip to content

Anomalías democráticas (IV)

Compartir

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

La educación no universitaria como forma de coacción estatal surgió en nuestro país a comienzos del s. XIX con la denominada Ley Moyano (1857), elaborada por Manuel Alonso Martínez, un ministro de Isabel II que impuso por primera vez la educación obligatoria. Así, entre los seis y los nueve años se reservaba la instrucción básica, aunque se dependía en buena medida de los ayuntamientos y de la beneficencia para su correcta implantación, ya que el Estado no contaba con los recursos suficientes para hacerla cumplir. Posteriormente, la enseñanza media, que incluía el título de magisterio, se situaría en las capitales de provincia, obligadas a contar con, al menos, un instituto. La educación universitaria se reservaría en exclusividad para el Estado, algo que sobrevivió hasta finales del s. XX.

Un punto de inflexión fue la Ley General de Educación (1970). España, metida en guerras varias hasta bien entrado el s. XX, apenas tuvo tiempo de organizar de forma clara una educación estatal duradera. Como podemos suponer, esta ley supuso una escenificación de la dictadura franquista. Aquí vemos un gran ejemplo de la ideología y la imposición en el ámbito educativo. Así, asignaturas como Formación de Espíritu Nacional y Hogar (para ellas) son algunos ejemplos. Además, aumentó la edad mínima de instrucción por parte del Estado hasta los catorce años. Sin embargo, la ley contaba con una característica que la hacía única, así como imperdurable en un sistema democrático: la dureza en el acceso a las becas. La consecuencia más palpable es que la educación era un verdadero ascensor social, algo que las posteriores leyes educativas se ocuparon de finiquitar.

El siguiente punto de inflexión llegaría con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990), más conocida como LOGSE. Aquí la primera novedad fue el aumento de la edad de instrucción estatal hasta los dieciséis años. Pero en lo que destacó la LOGSE fue por deteriorar el sistema educativo hasta niveles nunca vistos. Podrá decirse que la educación estatal es pura instrucción, que lo era, pero el sistema de becas y acceso a la universidad era razonablemente justo. Esto cambia a partir de los 90. Desde entonces, el sistema educativo se ha concebido en su forma más democrática posible, esto es, todos deben tener derecho, no a la instrucción, sino al título. Vamos ya para dos décadas largas de deterioro inexorable del sistema educativo, especialmente de la enseñanza media.

La educación estatal ha llegado a un punto en el que se ha convertido en una carísima maquinaria burocrática que produce analfabetos a gran escala. Los estudiantes acaban la enseñanza media sin haber leído un libro, sin el más mínimo conocimiento de la historia de su país, de la lengua que hablan (no hablemos ya de otras) o de las matemáticas más básicas. No es en absoluto infrecuente que los estudiantes deban acudir a academias privadas para obtener títulos certificados por instituciones extranjeras para acreditar cierto nivel de conocimientos en otros idiomas, lo cual escenifica a la perfección dónde está el sistema estatal. Poco se puede añadir de una prueba estatal de acceso a grado universitario en la que casi la totalidad (llevamos dos años rozando el 100% de aprobados) consiguen acceder a estudios superiores con el nombre de selectividad. El ascensor social que, en otro tiempo, supuso la educación ha sido pulverizado por el buenismo y la obligación moral de dar un título académico a todo el mundo. Se trata de un ejemplo palmario de cómo el Estado va copando otra área más de la sociedad para, poco a poco, desprestigiarla y convertirla en un elemento igualador, no diferenciador. Ya estamos en el momento en el que se impone titular o pasar de curso sin necesidad de superar todas las asignaturas de un plan de estudios.

Pero no sólo eso. El propio sistema de acceso a la profesión de docente queda en entredicho cuando se le conoce estudia brevemente. Al burocratizar el sistema educativo, los trabajadores de dicho sector se convierten en meros funcionarios sin incentivos por la mejora. De hecho, la Junta de Andalucía trató a comienzos de la década pasada de establecer un sistema de incentivos en el que los profesores recibieran un plus en sus sueldos si suspendían a pocos alumnos, en un incentivo perverso de manual. La obsesión por las estadísticas ha llegado a un punto en el que la solución es la reducción constante del nivel académico, con el fin de ofrecer una apariencia de mejora. El sistema educativo ha virado totalmente su razón de ser a favor de una educación basada en las metodologías en lugar de focalizarse en los contenidos. Así estamos.

Serie «Anomalías democráticas»: I, II, III.

1 Comentario

  1. Hallo¡ En el Sistema Educativo también se percibe la coacción estatal. Las sucesivas Leyes Educativas han degradado la enseñanza y los alumnos cada vez están peor preparados. Lo cual, hace que los gobernantes traten de conseguir una igualdad de resultados y desprecien la meritocracia. No hay una cultura del esfuerzo y de esta manera, la formación no puede funcionar como un «ascensor social». Además, ¿Cómo se puede explicar «las matemáticas con perspectiva de género»? Con éstas y otras ocurrencias estamos empantanados-raul.


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más artículos