En el sector eléctrico, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro no tan intervenido, no existen precios determinados por las fluctuaciones del mercado sino tarifas establecidas por el humor del Ministerio de Industria de cada gobierno. En su deseo de proteger paternalmente a los usuarios ante al aumento de los costes de generación, se imponen artificialmente a las compañías eléctricas precios tasados por kWh mediante su publicación periódica en el BOE. Una de las consecuencias de este dirigismo económico es que, al facturarse la electricidad a un precio inferior del que realmente cuesta producirla y distribuirla, se acaba arrastrando en las cuentas de las eléctricas un déficit creciente.
El Ejecutivo reconoce, empero, el derecho que tienen dichas eléctricas a cobrar ese déficit tarifario y a recuperarlo progresivamente mediante un recargo en la propia tarifa durante los tres lustros siguientes al ejercicio en que se genera.
El mecanismo ideado por el PP en su paso por el Gobierno para contener la inflación cuando los tipos de interés eran bajos es el siguiente: para no tener que esperar tanto (15 años) a que las compañías eléctricas cobren la diferencia del déficit se les permite titulizar los derechos de cobro de dicha deuda y obtener los créditos correspondientes. Así, el regulador del sector (la CNE) organiza actualmente unas subastas más o menos trimestrales en el mercado financiero internacional para que los bancos hagan sus ofertas. Una vez conseguidos los créditos bancarios viene la distribución millonaria que tiene que realizar la CNE entre las eléctricas que entran en una guerra sin cuartel (no exenta de fraudes) por determinar cuáles han sido los costes de generación de cada compañía para repartirse ese codiciado botín. Como cada grupo eléctrico tiene un conjunto muy variado de plantas y centrales de producción y su contabilidad es compleja, es un verdadero galimatías determinar fehacientemente el déficit generado en cada una de ellas. El Gobierno intenta “fijarlo” a golpe de regulación. Al final se ha decretado como uno de los criterios básicos de reparto el de la cuota de mercado de cada eléctrica; como si ésta no pudiera cambiar con el paso del tiempo (la sombra de la competencia perfecta es alargada).
Para empeorar aún más las cosas, varias subastas han quedado parcial o totalmente desiertas a pesar de haber respaldado el Estado las condiciones de garantía de la deuda y pese a poder cobrarse ya el déficit antes de que se produzca. Se estima que para finales de 2008 habrá un déficit acumulado desde el 2002 de unos 14.000 millones de euros (casi un 1,3% de nuestro PIB y un 48% de los ingresos anuales de todo el sector eléctrico). Ha alcanzado tales niveles que ya no es colocable en los mercados financieros con la crisis y la estrangulamiento del crédito que padecemos. Para colmo, el déficit seguirá aumentando unos 4.000 millones de euros cada año si seguimos con las acostumbradas electro-tarifas. El sistema de regulación tarifaria y su financiación ideado por los políticos ha hecho aguas.
Además, otra consecuencia indeseada de las tarifas es que impiden lisa y llanamente que aparezca más competencia en el sector eléctrico; no hay incentivos para ello. Se olvida, por lo demás, que los precios son los mecanismos más eficaces para fomentar el ahorro y la eficiencia entre los consumidores. El ministro Sebastián cree que esto se logra mediante la aplicación de las tarifas sociales progresivas aprobadas recientemente que penalizan los consumos juzgados por la casta política excesivos de las residencias habituales o bien regalando masivamente bombillas de bajo consumo a la población durante el 2009. Puro diseño de planificador social para eludir la (menos imperfecta) coordinación informativa de los factores de producción llevada a cabo por los precios libres.
El funambulismo paranoico del intervencionismo político se refleja en que junto al abaratamiento artificial de la factura eléctrica vía tarifas irreales se grava, por otro lado, el recibo eléctrico indebidamente con variopintos impuestos como los debidos por emisiones de CO2, por subvenciones regaladas a otras energías renovables e ineficientes o los que financian a las autonomías por solidaridad interterritorial. Puro artificio interventor.
Mientras, sigue la comedia: la CNE (poli malo) presenta inútiles informes proponiendo subidas de tarifas eléctricas al Ejecutivo (poli bueno) que las lima como si de precios se trataran para embridar el IPC y lograr réditos electorales sin importarle la evidente desconexión creciente entre la evolución de los costes de producción y el pago del consumidor. Las eléctricas, por su parte, sacan todo el partido posible a dicha trampa tarifaria con decenas de vericuetos mientras los usuarios pagan su factura maquillada a la baja pensando que disponen de abundante energía barata sin percatarse que, con el tiempo, terminan pagando diferidamente (y con intereses) lo que han consumido y no han pagado en su momento, a modo de una segunda hipoteca oculta. Eso sí, el progre siempre puede consolarse y pensar que va a traspasarse el déficit a las generaciones venideras como si de distribución de cargas sociales se tratara; será por falta de escrúpulos…
Habría que recordar a todos ellos lo más grave: la falta de precios verdaderos desincentiva las inversiones necesarias en plantas y redes. La merma de beneficios así como el agujero creciente en la tesorería de las compañías eléctricas producido a causa de todo este desaguisado interventor puede poner en serios apuros la propia seguridad y calidad del suministro que ha de atender a una demanda siempre creciente.
Desde el pasado 1 de julio 2008 el consumo industrial de alta tensión se guía por precios, no por tarifas, para cumplir parcialmente con la directiva europea de 2003/54. Pero para garantizar la seguridad del suministro en su conjunto es necesaria una completa y verdadera liberalización del sector y no la farsa que tenemos en escena actualmente. Para ello habría que tirar a la basura todo el sistema de tarifas y dejar que hablen esas inestimables señales del mercado que son los precios amén de permitir la libre entrada a otros operadores en el sector. Mientras ambas cosas no sucedan, a pesar de las buenas intenciones de la Ley del Sector Eléctrico y sus desarrollos reglamentarios o la existencia del OMEL, perdonen que me carcajee cada vez que oiga hablar del “mercado eléctrico”.
Coda final: no faltarán los demagogos que sigan pidiendo intervención para proteger al desvalido usuario o para erigir campeones o barreras nacionales en el sector. Una pena.
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