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Buen Gobierno: la responsabilidad de los cargos públicos

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Hace poco se ha publicado el libro de un doctor de Salamanca menos conocido, Juan Zapata y Sandoval, titulado De iustitia distributiva et acceptione personarum, traducido por primera vez al castellano por el equipo de investigadores del CSIC: Ana María Barrero, Carlos Baciero y Jesús María García Añoveros.

Juan Zapata fue un criollo nacido en la ciudad de México, descendiente de oidores y presidentes de la Audiencia de Nueva España. Ingresó allí en la Orden de San Agustín en 1590, viajando a la Península en 1602 como rector y catedrático de Teología en el Colegio San Gabriel de Valladolid. Formado en la Universidad de México, que por aquellos tiempos era perfectamente comparable en altura intelectual y en maestros a las españolas, podemos considerarle un miembro ultramarino de la Escuela de Salamanca; al menos, juzgando los autores que luego citará: Pedro de Aragón, Luis de Molina, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma, Francisco de Vitoria o Diego de Covarrubias. Posteriormente regresaría a México al ser nombrado obispo de Chiapas y luego de Guatemala, donde falleció en 1630.

En 1609, el mismo año que Juan de Mariana publicara su tratado De monetae mutatione, Zapata y Sandoval editaba en Valladolid este largo estudio sobre La justicia distributiva y la acepción de personas. Se trata del análisis de un interesante aspecto de la virtud de la justicia, menos frecuente en los doctores escolásticos. Conocemos bien un elevado número de tratados sobre la justicia en los cambios, el precio justo, los salarios justos… Todos ellos centrados en la llamada justicia conmutativa, que se refiere a las relaciones entre iguales en los intercambios, y que permitió a los Maestros de Salamanca avanzar algunas importantes intuiciones sobre el comportamiento económico, como la teoría cuantitativa, la teoría subjetiva del valor o la paridad del poder adquisitivo entre distintas divisas.

La justicia distributiva, sin embargo, se refiere a la ordenación del todo entre las partes, o sea, "la distribución de los bienes comunes de la república entre los individuos". Desde el punto de vista económico, su aplicación más inmediata es el análisis sobre la fiscalidad y los impuestos, algo que también estudiaron nuestros doctores (Juan de Mariana, como bien sabemos, condenaba las alteraciones monetarias como una medida inflacionaria que ocasionaba, a la postre, un impuesto injusto y oculto).

Pues bien, el texto que estamos comentando nos sitúa fuera del marco económico, y en un campo de gran interés actual: el ejercicio de la actividad política. Cada semana nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y abuso de poder que refleja, en mi opinión, una lamentable calidad moral en algunos de los representantes de los ciudadanos. Y a ellos se podrían aplicar muchas de las consideraciones de fray Juan Zapata en su crítica a la acepción de personas: se trata de un ejercicio contrario a la justicia distributiva, en concreto en el reparto de los cargos públicos. En vez de elegir a los mejores, teniendo en cuenta sus méritos y su dignidad, se prefieren otros individuos generalmente en razón de intereses personales, familiares, etc.

Zapata escribió pensando en el derecho de los nacidos en América a los cargos eclesiásticos y civiles. Cuestión muy sugerente, que demuestra la sensibilidad política de tantos españoles de nuestro Siglo de Oro, pero que no vamos a tratar aquí por falta de espacio. Me interesaba solamente destacar algunas exigencias morales en el ejercicio del poder que, entonces y ahora, parecen necesarias para los gobernantes. Por ejemplo, a la hora de nombrar los oficios civiles en las Indias recomienda que los candidatos sean hábiles, es decir, competentes por su sabiduría, ingenio y destreza; que haya una previa investigación de la dignidad de las personas, sus dotes y méritos; que sean sinceros, esto es, que no engañen a nadie; que sean enemigos de la avaricia; o que fueran preferentemente personas cercanas a la sociedad y el cargo en cuestión (aquí es donde instaba a promover a los criollos y aún a los indios americanos), en detrimento de extranjeros y advenedizos. En definitiva, se les exigirá "integridad de vida, perfecto conocimiento de las funciones que han de desempeñar, educación cívica, preocupación por la república y destreza en la dirección de la función pública, ciencia, moderación, nobleza, fortaleza y justicia".

Asunto distinto y espinoso, aunque frecuente en aquella época, era la venta de cargos públicos; con lo que Zapata no estaba de acuerdo pensando que ofrecía muchos más inconvenientes que ventajas. Aunque, dada la costumbre y su legalidad formal, propuso varias condiciones para que fuera moralmente lícito en lo que concierne al precio de venta, las cualidades de las personas que los adquieren, etc.

Termino con una cita literal: "si el soberano o la persona a quien se le ha encomendado hacer provisión o recabar informes para hacerla, al proveer estos oficios… pospone a los dignos a favor de los indignos, delinque sin duda contra la justicia distributiva con pecado de acepción de personas y está obligado a restituir el daño que resulta de la incompetencia del ministro". Menuda responsabilidad ésa de la restitución, algo perfectamente vigente en aquellos tiempos y que nuestra sociedad moderna e ilustrada parece que quiere olvidar a toda costa.

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