Para la izquierda, el rápido crecimiento en el precio de las viviendas tiene un nombre oscuro y desagradable, los especuladores, y una solución, la intervención pública. El asunto de Tamayo y Sáez nos permitió ver la hipocresía de quienes, como Simancas o Luis Suárez, colectan ganancias inmobiliarias con la misma facilidad con que maldicen al infame sector del ladrillo.
Quienes citan a la especulación como culpable de nuestros males inmobiliarios olvidan que esta actividad consiste principalmente en comprar barato y vender caro. Eso significa que sólo pueden hacer su labor con éxito si los precios ya suben sin su intervención y, de hecho, al realizar su actividad, tienden a hacer subir el precio cuando éste es relativamente barato y a reducirlo cuando es relativamente caro. La especulación, en definitiva, ayuda a suavizar las subidas de precios. Además, es una explicación especialmente absurda si no se dan otros factores adicionales: si tantos especuladores hay comprando viviendas y haciendo subir los precios, la oferta debería crecer para atender a toda esa demanda, porque habría más dinero que ganar. Algo habrá que se lo impida.
Si su malo resulta no serlo, quizá la solución a todos los males que propugna el intervencionismo patrio pueda ser el verdadero culpable. El control político sobre el suelo siempre se ha citado en España como el principal causante del alto precio del mismo. Pero el problema no está sólo en que los ayuntamientos puedan decidir donde, cuando y cuanto se puede construir, impidiendo que la oferta de vivienda se amplíe para satisfacer la demanda. También está en las innumerables trabas burocráticas.
Un estudio recientemente publicado por el Cato Institute demuestra que, en Estados Unidos, hay una correlación clara entre el tiempo que se tarde en lograr los permisos para construir una vivienda y lo mucho que se eleva el precio final sobre la suma del precio del suelo y los costes de producción. Cuando se compra una casa, no se paga sólo eso sino también el coste de los permisos que haya que obtener para construirla. Dado que esos costes son difícil de evaluar, Edward Glaeser y Joe Gyourko han preferido utilizar una parte de los mismos, como es el tiempo medio que se tarda en obtenerlos. Y resulta que aquellas ciudades en las que el tiempo es mayor, también es mayor la diferencia entre el precio final con respecto a los costes totales que tendrían las viviendas sin intervención pública, esa santa venerada por la izquierda preocupada por el ciudadano.
Cabe esperar que en España la situación sea aún más exagerada. Lorenzo Abadía asegura que el precio de las viviendas en los Pirineos, pese a la mayor capacidad adquisitiva de nuestros vecinos, es un 20% más barato en el lado francés que en el español. En España, además, hay que contar con el precio del kilo del concejal de urbanismo. El elevado precio de las viviendas debido a la especulación se debe, en parte, a lo que hay que pagar bajo mano para la financiación de nuestros partidos políticos. Y esos son los que luego intervienen para salvarnos.
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