El modelo cantonal suizo es todo un ejemplo de descentralización política y fiscal, al igual que los históricos fueros españoles o las más recientes ciudades-estado. Estas tres formas de organización territorial tienen un punto en común: la fragmentación del monopolio gubernamental en pequeñas unidades muy próximas y cercanas a sus residentes y, por tanto, bajo la atenta mirada del contribuyente.
Y es que el poder real del Estado no radica tanto en el monopolio del uso de la fuerza sino, más bien, en su capacidad para acaparar, sin competencia alguna, los recursos tributarios de una determinada población delimitada territorialmente. En este sentido, la fiscalidad viene a ser la sangre del organismo estatal. Sin recursos económicos, ya sea de forma indirecta (impuestos) o directa (posesión de los medios de producción y de sus habitantes), su capacidad para ejercer el uso de la fuerza se debilita.
En este sentido, al igual que para combatir la corrupción suele aducirse desde el liberalismo la necesidad de limitar a la mínima expresión los ámbitos de actividad en los que es precisa la intervención gubernamental, a nivel territorial podría argumentarse, igualmente, la posibilidad de reducir a pequeños núcleos geográficos la actuación fiscal del estado. En este sentido, el federalismo e, incluso, el municipalismo -al estilo de los cantones suizos- darían como resultado un sistema político-estatal mucho más favorable a la libertad individual que el gran poder centralizado propio del tradicional estado-nación. Como dato curioso, cabe señalar, por ejemplo, que Suiza carece de primer ministro o jefe del Estado. Su Gobierno adopta la forma de un órgano colegiado, formado por siete ministerios con idéntico poder (un ministro, un voto), pero la mayor parte de las competencias (fiscales inclusive) son desempeñadas por cada cantón.
Asimismo, dentro del modelo foral es la provincia y no el Gobierno regional el principal ostentador del poder fiscal. Así, en el País Vasco, por ejemplo, las diputaciones son las encargadas de recaudar los principales tributos. Algo similar acontece con las ciudades-estado, configuradas a modo de provincias o municipios con potestad impositiva plena. Es evidente que España precisa reformar de forma profunda su actual modelo territorial. Unos abogan por regresar el modelo centrípeto, otros defienden el actual sistema autonómico y algunos reivindican la necesidad del federalismo e incluso la secesión. Curiosamente, éstos últimos, que tan legitimados se sienten para declarar de forma unilateral la independencia de pueblos enteros y la anexión de territorios ajenos, rechazan de plano la secesión dentro de las fronteras que reclaman para sí, lo cual evidencia su ansia totalitaria.
Pero, curiosamente, dentro de todo este debate político se ha olvidado por completo la posibilidad de avanzar hacia un municipalismo o provincialismo real, en el que cada ente goce de potestad plena para recaudar impuestos al estilo cantonés, de modo que sean éstos quien en última instancia financien al estado para el desempeño de una funciones mínimas, y no al revés, tal y como acontece ahora.
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