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Capitalistas a la cárcel

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Como todo el mundo sabe, Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales donde los gestores y dueños de grandes empresas dan con sus huesos en la cárcel por distintos motivos. Desde Jeff Skilling, antiguo presidente del Consejo de Administración de ENRON, condenado a 24 años de prisión y pendiente de una apelación que podría reducir su sentencia, hasta la celebérrima Martha Stewart, condenada por cuatro delitos, son muchos los capitalistas norteamericanos o residentes en los EE.UU. objeto de investigaciones por parte de fiscales de distrito u organismos del Gobierno Federal.

El caso más reciente de gran empresario condenado a prisión es el de Conrad Black, el que fuera propietario entre otros del diario británico The Daily Telegraph y del Chicago Sun-Times. Encausado por diversos delitos que sumaban 100 años de cárcel, el magnate canadiense fue condenado el pasado mes de julio por cuatro de los 13 delitos que se le imputaban. En total, 35 años de cárcel y más de un millón de dólares de multa si la sentencia, que se espera sea publicada en noviembre, aplica las penas máximas.

En un artículo publicado en la revista Tatler el pasado mes de abril, Black denunciaba la existencia de una "nueva clase de abogados y expertos legales beligerantes" dotados del "poder de destruir". La posibilidad de encausar a empresas enteras y la figura del plea bargain, es decir, la reducción de la condena propia a cambio de acusar a otros, ha convertido las investigaciones sobre fraude empresarial en auténticas cazas de brujas, a menudo infundadas, y que no sólo desperdician dinero del contribuyente, sino que causan la pérdida de miles de puestos de trabajo y miles de millones en acciones sin que al final se haya probado más que una pequeña infracción fiscal que se podría haber resuelto con una multa.

Además de esto, Black señala que algunas partes de la conocida como Patriot Act, la legislación antiterrorista promulgada en 2001 y renovada en marzo de 2006, han sido usadas para confiscar su propiedad y eliminar algunos de sus derechos, como el de la acusación previa. El resultado de estas prácticas es la búsqueda por parte de algunas empresas "de medios de capitalización distintos a la bolsa o la huida a Londres". Un hecho del que poco antes de ser nombrado primer ministro se jactaba el entonces ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, y ante el que el alcalde de Nueva York, el republicano Michael Bloomberg, mostraba su alarma hace unos meses.

Sin embargo, no parece que el asalto empresarial vaya a terminar en los EE.UU. Es más, a tenor del discurso de algunos candidatos presidenciales del Partido Demócrata, los empresarios parecen haberse convertido en el nuevo chivo expiatorio de todos los problemas económicos de ese país. Por otra parte, la elección de Andrew M. Cuomo, conocido por haber denunciado a más de 2.000 empresas por discriminación racial mientras ocupaba el puesto de secretario de Vivienda en el Gobierno de Bill Clinton, como fiscal general de Nueva York en noviembre de 2006 no augura nada bueno.

Por desgracia para los norteamericanos, su país se parece cada vez más a lo que Zygmunt Bauman denominara el "Estado jardín", una visión política que concibe la sociedad como un mero objeto de diseño, cultivo, y por supuesto erradicación de malas hierbas. En la situación actual, todo aquel que haya amasado una fortuna, o que como Conrad Black se atreva además a defender desde sus medios de comunicación conceptos como el Estado limitado o la economía de mercado, será objeto preferente de fumigación preventiva. Un triste sino para esa nación que en otros tiempos inspiró a tantos amantes de la libertad.

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