Se ha hablado y escrito mucho, con gran cantidad y variedad de estupideces, acerca de la inundación de la zona de Nueva Orleans por el huracán Katrina. Algunos han protestado porque no se dedicó más dinero estatal al mantenimiento y a la construcción de diques. A toro pasado y después de ocurrido un desastre es fácil lamentarse de un riesgo no perfectamente cubierto. Conocer a priori qué recursos adjudicar a qué asuntos es muy problemático: los medios son finitos, y añadir a alguna partida presupuestaria implica quitar de otra. Ahora hay quienes se arrepienten de no haber gastado más en diques (sin especificar cuánto más sería adecuado), pero el error siempre es posible en toda acción humana. El futuro es en general impredecible en detalle y no existen garantías completas de seguridad. Todo lo que se gaste ahora en diques no podrá utilizarse para prepararse frente a otras amenazas que quizás sucedan en el futuro.
No se trata simplemente de un problema técnico (recurrir sólo a diques puede evitar alguna inundación pero agravar problemas futuros debido a la distribución de los sedimentos transportados por el río), es sobre todo un problema económico y ético donde entran en conflicto las preferencias particulares de grandes cantidades de personas. Protegerse del alza de un río mediante diques puede trasladar el problema a otra parte del río, y esto lo saben muy bien los habitantes de zonas proclives a inundaciones: en ocasiones se ha recurrido a destruir diques en unos lugares para salvar otros. Y además el sistema de diques es especialmente vulnerable a ataques terroristas (si no se les había ocurrido antes ya deben haber tomado nota).
Los ecofanáticos insisten en culpar de todo al calentamiento global, a la actividad industrial, a la depredación de la naturaleza. Algunos han afirmado que esta catástrofe sucedida en una nación rica demuestra la necesidad de gobiernos estatales más fuertes (incluso un gobierno mundial) que nos defiendan porque todos somos igualmente vulnerables y podemos sufrir por igual las consecuencias de los desastres naturales. Pero las naciones más libres son más ricas y tienen más recursos para defenderse de los ataques de la naturaleza.
Distintos lugares son diferentes respecto a su vulnerabilidad frente a catástrofes naturales de todo tipo (terremotos, inundaciones, incendios, huracanes…): es absurdo considerarlos a todos iguales y pretender garantizar institucionalmente de forma colectiva y coactiva la reparación de los daños. Los seguros estatales los obtienen unos a costa de otros e incentivan la construcción y la población de zonas peligrosas: los individuos no tienen en cuenta adecuadamente los riesgos ya que el gobierno les va a rescatar sistemáticamente y no tendrán que responsabilizarse por sus errores. La demagogia frente al desastre es tal que se insiste en que es una cuestión de orgullo nacional el reconstruir a toda costa, y se tacha de insensible a quien ose afirmar que tal vez sea más sensato asumir las pérdidas y aprender la lección.
Los votantes culpan a los políticos que odian y lamentan que no estén los suyos en el poder. Los políticos se culpan unos a otros, se hacen las fotos y los discursos de rigor para que parezca que hacen algo. Las burocracias estatales han mostrado su incompetencia, pero esto no les preocupa gran cosa, ya que el fracaso está en su naturaleza y es esencial para su crecimiento: se cortan unas pocas cabezas como chivos expiatorios y se incrementa su presupuesto. Sin agencias estatales financiadas mediante impuestos la gente tendría más dinero disponible para contratar seguros privados o para donarlo voluntariamente a instituciones de caridad (las que realmente ayudan) y nadie tendría la excusa moral de que ya ha pagado para que el gobierno se ocupe de todos los problemas de los necesitados.
Muchos han puesto el grito en el cielo al descubrir que en los ricos Estados Unidos de América todavía hay pobres que no pudieron evacuar la ciudad (¿o quizás algunos no quisieron, porque sabían que era muy probable que es su ausencia sus viviendas fueran saqueadas?). Exigen más redistribución de riqueza y más socialismo, pero no se les ocurre pensar que entre las causas de esa pobreza pueda estar la institucionalización de los subsidios que genera una cultura de dependencia e irresponsabilidad personal.
Algunos piensan que la situación de colapso y fracaso del estado es sus funciones teóricamente más básicas de protección del orden público es equivalente al funcionamiento de un mercado libre de seguridad. Los críticos del anarcocapitalismo creen haber demostrado su causa, que sin un estado monopolista del uso de la fuerza aparece el caos, e incluso critican al mercado por no impedir los saqueos y las agresiones. Pero ese mismo estado tan necesario para algunos permitía la existencia de esta ciudad famosa por su delincuencia y corrupción. Es difícil que las instituciones sociales del mercado puedan surgir y mostrar su funcionamiento si los gobernantes deciden desalojar por la fuerza a los ciudadanos y confiscarles las armas, si se les impide defender su persona, su domicilio y sus posesiones. Además el desarrollo de instituciones sociales lleva tiempo, no surgen de la noche a la mañana, y el monopolio coactivo del estado impide su formación.
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