Los medios españoles han recogido, como una curiosa anécdota, los planes de Ikea de crear dos nuevos barrios, uno en Londres y otro en Hamburgo. La compañía sueca ha pagado 25 millones de libras por una extensión, cercana a la ciudad olímpica, de unos 100.000 metros cuadrados. Soportan, en su mayoría, construcciones industriales que darían paso a 1.200 viviendas para el alquiler, oficinas, hoteles y una torre de 40 metros de altura. Para apreciar la arquitectura habrá que ir en bicicleta o andando, ya que los coches recorrerán Strand East en una cota más baja, moviéndose como en una madriguera. Está pensada para que la vivan la clase media. El proyecto para Hamburgo es menos ambicioso. Es interesante porque recuerda que el desarrollo urbanístico no tiene por qué estar en manos de los políticos. Pero hay proyectos más ambiciosos y más interesantes.
Es el caso de la provincia de Limón, en Costa Rica. Hay un proyecto, que tiene visos de quedarse en eso, de crear un ordenamiento jurídico propio para Limón, aunque seguiría formando parte del país. La elección de esa provincia está basada en que es una zona pobre y degradada del país, con una composición racial peculiar, fruto de pasadas oleadas inmigratorias, y la relación con el gobierno central es tensa. Una fruta madura, piensa Rigoberto Stewart, su principal impulsor, que puede caer en una verde pradera de derechos individuales, libre comercio y libre empresa. Sin comportamientos consensuados convertidos en crímenes. Sin impuestos. Sin moneda oficial. Con una justicia y una seguridad privada.
El proyecto comprende un área de algo más de 9.000 kilómetros cuadrados en la que viven 340.000 personas. Quizás demasiado ambicioso y que es difícil que cuente con el beneplácito de los limonenses, pese a ser muy atractivo. Hay otro proyecto, triple, menos ambicioso quizás, y acaso por ello más factible. Tanto, que se puede decir que está ya en marcha.
Se trata de tres ciudades que se erigirán en Honduras bajo el patrocinio de Coalianza, comisión para la promoción de alianzas público-privadas. No busca una secesión pacífica, surgida desde las exigencias del pueblo, como Limón. Coalianza es una institución pública que, bajo el amparo de una ley, promueve la licitación de proyectos de desarrollo por parte de empresas privadas de nuevas ciudades. Las empresas pueden tener derechos temporales «sobre bienes patrimoniales del Estado» y aportar «servicios que correspondan al Estado». Se puede decir que el proyecto entronca con las ideas de Paul Romer.
Un grupo inversor bajo las siglas MGK ha llegado a un acuerdo con Coalianza para construir la primera ciudad modelo, así llamada, dentro de la RED (región especial de desarrollo) de Trujillo. Está en el Valle de Sula. MGK ha anunciado la inversión de los primeros 15 millones de dólares.
La urbanización se hará bajo una planificación privada, como los barrios promovidos por LandProp, la compañía de Ikea. Pero lo interesante no es eso, sino que las tres ciudades tendrán sus propias leyes, sus propios impuestos, su propia policía, en unas condiciones que forman parte de un memorando acordado con el Estado de Honduras, dentro de lo previsto por la ley. Es una concesión revisable. La seguridad jurídica no es completa, pues no es lo que pretende Rigoberto Stewart que sea Limón, una región completamente independiente. Pero cabe pensar que si las leyes de Valle de Sula, y las de las otras tres ciudades, son mejores que las del resto de Honduras, tendrán un éxito que podría asentar su futuro.
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