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Colapso judicial, una lacra estatista

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A raíz de la huelga de funcionarios al servicio de los jueces se ha puesto de manifiesto para el gran público, si es que no lo estaba antes, el colapso que padecen juzgados y tribunales. No es algo nuevo, sino una progresión sin aparente final desde hace décadas. No vamos a profundizar en las reformas legales efectuadas ni en los cambios sociales sufridos en estos años. Simplemente, y no es poco, trataremos de explicar esta penosa situación a la luz del teorema general de imposibilidad del socialismo, teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría de la tragedia de los bienes comunales. Para ello seguiremos las ideas expuestas en Justicia sin Estado, de Bruce L. Benson.

Señala el autor que la saturación de tribunales y juzgados no es característico de un país concreto, sino que acontece con similar intensidad en el resto del mundo desarrollado. El poder judicial ha sido absorbido, paulatinamente y de diversa forma, por el Estado moderno, en sus comienzos inserto en un proceso hacia el mercantilismo más atroz y hoy profundamente intervencionista, a pesar del contrastado fracaso del socialismo y la evidente aplicación del teorema que en 1920 publicó Mises como imposibilidad general de la planificación central o el estatismo.

Al estar en manos del Estado, la función de resolver controversias y castigar a los delincuentes con pronunciamientos ejecutivos e irresistibles una vez firmes, queda al margen de las señales que el mercado libre pone a disposición de la producción de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio, como es el caso. Sin precios de mercado resulta imposible asignar recursos de forma racional. El despilfarro así como la ineficiencia se hacen inevitables. No es posible practicar un cálculo económico que ayude al actor, en este caso al "poder judicial" (en España, el Estado en su implacable inmensidad), a planificar su curso de acción ajustando sus decisiones a la situación del mercado abierto en la demanda de resoluciones judiciales de diversa naturaleza.

Benson va más allá y toma la tragedia de los bienes comunales como explicación satisfactoria y certera. El exceso en la demanda de los servicios judiciales se debe a la gratuidad, o práctica gratuidad de las mismas. Los costes no son asumidos por el actor procesal, al menos, no en su totalidad. Los particulares contratan con abogados y procuradores como requisito general de postulación. Las costas procesales, en su caso, con el tratamiento legislativo contingente, buscan disuadir al demandante temerario o abusivo, o tratar de expulsar los casos poco seguros o con un gran riesgo de ser perdidos. Aun así, esto no siempre sucede y Benson opina que sin un sistema rígido de "pierde-gana", donde el perdedor carga con todo el coste del proceso, incluida la defensa o representación de la parte contraria, difícilmente los consumidores del servicio judicial asumirán los costes reales, adaptando así su consumo en función de los fines que prevén obtener.

Dada la saturación actual, el coste se mide en función del tiempo hasta la resolución final. El sistema ha conseguido, en su ineficiencia congénita y sin visos de solución, aunar dos elementos: por un lado se atrapa a los legítimos demandantes en un eterno e infernal camino de desesperación procesal; mientras tanto, incentiva a quienes persigan fines espurios calculados incluyendo en la ecuación la ineficiencia misma del procedimiento. El resultado es manifiestamente mejorable…

Los agentes de la intervención, las mentes pensantes que pretenden sostener el sistema a pesar de su imposibilidad contrastada, intentan ajustarlo sin recurrir al libre mercado de servicios judiciales. Dos son las vías de reforma. Por un lado el cambio de las leyes procesales, la reducción de requisitos y trámites, la disminución de garantías consideradas ineficientes, en términos estáticos; en definitiva, un análisis económico del Derecho Procesal que en nada bueno servirá a la libertad y los derechos de propiedad de los ciudadanos.

La segunda vía propuesta y practicada por el voraz Estado es la multiplicación de los recursos a disposición de la prestación del servicio. Ciego, sin precios de mercado, incapaz de afrontar la asignación en base a señales espontáneas y libres que interpretar subjetivamente y tratar de incluir en un plan de acción con visos de alcanzar el beneficio perseguido, sucumbe ante la más desventurada de las soluciones. Más edificios, más jueces, más funcionarios. Las Ciudades de la Justicia proliferan en España, las comunidades autónomas, competentes en instalaciones y gestión de las mismas, entre otras cosas relacionadas con la prestación del servicio, amplían el espacio dedicado, mejoran los medios materiales, pero lo hacen sin ton ni son, en exceso o de menos, despilfarrando o quedándose cortas. Por otro lado el Estado se resiste a ampliar el número de plazas de jueces y magistrados, se pelea con los funcionarios que no comprenden o asumen la descentralización política de 1978 y pretenden idéntica retribución con independencia de la administración pagadora y autónoma. Del mismo modo, el Estado continúa complicando el entramado jurisdiccional, creando juzgados sin apenas asuntos, o con una cantidad ingente de los mismos. En base a la especialización y respondiendo a una legislación movida por la discriminación positiva o la claudicación ante presiones sectoriales, la planta judicial hace aun más difícil el ajuste.

En conclusión, no es la falta de presupuesto lo que colapsa los juzgados e impide a los ciudadanos ver satisfecha su demanda legítima de servicios judiciales. El racionamiento se hace inevitable en la gestión de bienes comunales por la autoridad competente. La discriminación en cuanto al tipo de cuestiones que perseguir con mayor o menor intensidad deja a la ciudadanía en la total indefensión de sus legítimas pretensiones.

Tenemos herramientas suficientes para reconsiderar muchas cosas, devolver al ciudadano lo que es suyo, desechar lo que a todas luces se ha demostrado liberticida e ineficiente, estática y dinámicamente. Abrir el debate es nuestra intención, lo que venga después, ya se verá.

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