A lo largo de los últimos meses y principalmente a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin hemos observado muy notables incrementos en el precio de la energía, causados por la escasez y el consecuente encarecimiento de multitud de materias primas. Además de las subidas de precio de las materias primas generadas por los problemas de producción y suministro arrastrados de la pandemia y los propios generados por la guerra, se han unido los efectos de las sanciones de Occidente a Rusia en concepto de limitaciones a la exportación de multitud de bienes y servicios. Todo ello ha redundado en el hecho de que los países más dependientes de la importación de gas y petróleo rusos estén sufriendo una verdadera crisis energética, no ya por la dificultad del suministro sino por su encarecimiento, cuyo efecto es marcadamente regresivo sobre la población de dichas naciones.
De hecho, aún no se ha llegado al final de la cuestión, y desde Occidente se siguen diseñando nuevos paquetes de sanciones contra Rusia, con motivo de la continuación de la invasión de Ucrania. Así, la pasada semana, la Comisión Europea aprobaba un embargo a la práctica totalidad del petróleo ruso como parte del sexto paquete de sanciones implementado desde las instituciones europeas. Cabe resaltar que, dentro de dicho embargo se encuentra exento el 10% del petróleo importado desde Rusia por parte de países UE, por motivos de seguridad nacional y suministro energético básico, dirigido a estados miembros que no tenían sustituto inmediato para ello.
Personalmente creo que esta nueva medida contra Rusia es necesaria en la fase actual de desarrollo de la invasión de Ucrania y que llega en un momento clave (tras la aprobación y ejecución de cinco paquetes de sanciones anteriores). Aún así, Europa debe ser consciente de que, hasta el momento, esta es la sanción más dura que se ha impuesto contra Rusia, suponiendo un enorme coste tanto para el país de Putin como para las naciones europeas.
Europa se ha posicionado claramente en defensa de la libertad y la soberanía nacional del pueblo ucraniano, con países incluso como Estonia -que registró una tasa de inflación del 20% el pasado mes- apoyando el embargo de petróleo ruso, e incluso pidiendo ir más allá con las sanciones, extendiéndolas a más áreas. Aunque comparto el posicionamiento moral de países como Estonia y, en general, de la UE con respecto a Ucrania, creo que actualmente ir más allá con las sanciones debe ser reflexionado con cautela, debido a que adentrarnos en territorios como embargos de gas ruso supondría costes tan elevados que conllevaría una crisis energética, económica y social a nivel general en Europa, siendo esta especialmente marcada en aquellos países que son prácticamente dependientes en su totalidad del gas ruso, como es el caso de muchos países bálticos y algunos nórdicos.
En el corto plazo Europa debe aceptar su dependencia en ciertos aspectos de Rusia, recapacitar sobre los errores que llevaron a ello y buscar soluciones para el medio plazo y no únicamente parches. Aplicar un embargo al gas ruso o, a menor escala, restricciones notables a su importación sin pensar en las consecuencias económicas y sociales de ello en los países de la UE sería una decisión enormemente imprudente. Por ello, se debe seguir diseñando paquetes de sanciones que consigan infligir todo el daño posible a los sectores de la economía rusa más cercanos al gobierno de Putin, a la par que se trata de paliar los costes de dichas medidas sobre la economía europea.
Aquí es donde llegamos al quid de la cuestión, siendo este cómo atajar los elevados costes de la energía para tratar de reducir el coste de las sanciones sobre Rusia en los países occidentales.
En multitud de países se ha tratado de reducir los precios en lugar de compensar económicamente a aquellas familias que verdaderamente lo necesitan, para reducir el coste de la crisis energética sobre estas. El problema se halla en que la reducción de precios se ha tratado de forzar a través de controles de precios de la energía o reducción/eliminación de algunos impuestos cuya traslación al precio final ha sido nula o casi nula, y cuando ha resultado efectiva solo ha servido para reincentivar la demanda y volver a elevar los precios. La estrategia más efectiva sería, por ende, no intervenir en el sistema de precios, permitiendo que estos hagan su función de señalar la escasez y tensiones de demanda en el mercado -y la acorde asignación de recursos-, a la par que compensar a través de transferencias directas a aquellas familias más necesitadas de ello, paliando el aumento del coste de la energía para aquellos que no puedan afrontarlo.
He de reconocer que una medida de este tipo sería de diseño complejo y tardaría al menos varios meses en implementarse debido a que deberían decidirse los factores objetivos en base a los que otorgar la ayuda, el sistema de solicitud y aprobación de la ayuda, el formato (transferencia directa, bono social, reducción directa de la factura a través de compensación a las compañías eléctricas, etc.). Además nos encontraríamos con factores de dificultad técnicos y económicos, y con barreras de tipo político que, aunque posiblemente no bloquearían dicha medida en su totalidad, sí la retrasarían o modificarían de tal manera que disminuyera su eficacia.
Mientras tanto, multitud de políticos en todo el mundo siguen empeñados en que la solución es un tipo u otro de control de precios. Como he comentado anteriormente, reducir artificialmente los precios a través de controles políticos de los mismos solo redundaría en una mayor demanda energética que generaría aún mayores tensiones en el mercado ante la presente escasez y conduciría a una inevitable y muchísimo mayor crisis energética en un futuro cercano. Es decir, solo serviría para retrasar el problema a la vez que se hace notablemente mayor.
Por lo tanto, la única razón que veo tras la implementación de dicho tipo de medidas es de justificación política, es decir, que resultan fructíferas de cara al electorado y posicionan al líder político como redentor y salvador único, cuando realmente solo contribuye a un hundimiento mayor.
Existen multitud de medidas que pueden estudiarse de cara a su implementación para atajar los elevados precios de la energía como es el caso de la modificación de sistemas y modelos para el calculo de precios en el mercado energético, sacar el precio del gas del calculo del precio marginal en aquellos países con sistema marginalista o, por otro lado, diseñar un sistema de transferencias sociales dirigidas a las familias más vulnerables para paliar la regresividad de la crisis energética. En ningún caso en el escenario actual debería recurrirse al control de precios energéticos, ya que solo conllevaría a empeorar el problema y prolongarlo en el tiempo.
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