Elijah Gullett. Este artículo ha sido publicado originalmente en FEE.
La libertad de expresión en Internet ha estado en el punto de mira del Congreso, de expresidentes y de expertos de ambos bandos políticos. Ahora se enfrenta a una nueva amenaza: el Tribunal Supremo.
Dos próximos casos ante el Tribunal Supremo, González contra Google y Twitter contra Taamneh, supondrán un importante desafío a la inmunidad de responsabilidad concedida a los proveedores de servicios de Internet (ISP), ya que los demandantes intentan responsabilizar a los gigantes tecnológicos de los contenidos terroristas publicados en sus plataformas y supuestamente promovidos por sus algoritmos. Al plantear una amenaza a esta amplia inmunidad de responsabilidad, estos casos también suponen una gran amenaza para las protecciones de expresión existentes y para Internet tal y como la conocemos. El Tribunal Supremo debería ponerse del lado de Twitter y Google, manteniendo la inmunidad concedida por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.
Distinción entre plataforma y editor
La Sección 230 protege la libertad de expresión en línea al eximir a plataformas como Google y Twitter de responsabilidad por la expresión de sus usuarios. Los motores de búsqueda y los sitios de redes sociales están protegidos porque se consideran «plataformas» y no «editores». En virtud de la disposición, los ISP pueden moderar de buena fe los contenidos alojados en sus sitios, pero no se encargan activamente de la curaduría de contenidos. Esta práctica contrasta con la de editores como los periódicos, que seleccionan y editan activamente los contenidos que alojan. La distinción entre editor y plataforma es importante porque tiene importantes consecuencias jurídicas. Si alguien publica contenido difamatorio en Twitter, Twitter no puede ser considerado legalmente responsable, pero si un periódico como The New York Times publica el mismo contenido, podría enfrentarse a graves consecuencias legales.
Las protecciones que ofrece la clasificación de «plataforma» de los ISP son las que hacen posible la Internet moderna, ya que permiten que las empresas de Internet sean económicamente viables. Si un sitio pudiera ser demandado o cerrado por el contenido que publica un usuario, los riesgos serían astronómicos, haciendo casi imposible que un sitio, especialmente una startup, existiera durante un periodo prolongado de tiempo.
Incidencia en el sector tecnológico
Un informe de la Engine Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la política tecnológica, descubrió que las empresas tecnológicas se enfrentan a grandes costes por demandas, y que sólo los honorarios de los abogados cuestan entre 130.000 y 730.000 dólares por una sola demanda. Por lo tanto, eliminar la inmunidad de responsabilidad derogando o reformando la Sección 230, y abriendo así las plataformas de Internet a una mayor responsabilidad y más demandas, tendría consecuencias desastrosas para la industria tecnológica.
Este cambio de política supondría un duro golpe para las grandes tecnológicas, pero las nuevas empresas tecnológicas y los competidores más pequeños se verían aún más perjudicados, lo que reduciría las posibilidades de elección de los consumidores. Los conservadores se quejan a menudo de que los sitios les silencian o prohíben sus contenidos, pero sin la Sección 230 no tendrían plataformas alternativas como Parlor y Truth Social. Por tanto, además de fomentar el crecimiento de la industria tecnológica, la fórmula de la Sección 230 es la salsa secreta que mantiene la libertad de expresión en Internet.
Una moderación inmoderada
Sin estas protecciones, sitios web como Twitter se verían obligados a vigilar intensamente los contenidos, buscando hasta la más mínima infracción que pudiera considerarse ilegal o difamatoria, todo ello para evitar posibles demandas. Los usuarios de todas las tendencias políticas ya están preocupados por el exceso de moderación, ya se trate de prejuicios anticonservadores o de comunidades minoritarias vigiladas excesivamente por moderadores de contenidos. La eliminación de las protecciones de la Sección 230 multiplicaría por diez la moderación de contenidos, ya que los sitios de redes sociales se apresuran a evitar demandas, lo que no haría sino aumentar estas preocupaciones existentes.
A pesar de los riesgos de la reforma de la Sección 230, está aumentando la presión de todos los bandos para frenar la expresión en línea por medios legales. Republicanos como el senador Josh Hawley y demócratas como Elizabeth Warren se han unido contra la protección de la expresión en línea, presionando para derogar la Sección 230, obligar a los ISP a moderar los contenidos como los políticos consideren oportuno y tomar medidas enérgicas contra la «desinformación«. Incluso el juez Clarence Thomas ha sugerido que es hora de empezar a «emparejar la amplia inmunidad» de la que gozan actualmente las empresas tecnológicas.
Una tradición de libertad
Sin embargo, estas propuestas de reducir o incluso despojar a los ISP de sus protecciones de inmunidad van en contra de la tradición jurídica estadounidense de proteger la libertad de expresión. La sección 230, por otra parte, encaja perfectamente en esta tradición jurídica, que incluye casos como Smith contra California (1959), en el que el Tribunal Supremo decidió que los intermediarios, como las librerías, están protegidos contra la responsabilidad por el contenido de los materiales que transportan. En casos anteriores, el Tribunal se ha inclinado por proteger la libertad de expresión, en lugar de regularla, y debería hacer lo mismo ahora.
Como afirmaron la ACLU y otras organizaciones de defensa de las libertades civiles en su reciente escrito de amicus curiae presentado al Tribunal, fallar en contra de las empresas de González y Twitter podría acabar «amedrentando a las plataformas», obligándolas a moderar en exceso sus contenidos para eliminar cualquier cosa que pudiera llevarlas ante un juez.
Nuestra búsqueda de la justicia nunca debe ir en detrimento de nuestra libertad civil más básica: la libertad de expresión. En un mundo en el que se cuestiona la verdad y la política es voluble, una Internet libre y abierta es una parte necesaria de la protección de esta libertad. El artículo 230 ha sido la clave de nuestro Internet libre y abierto, y eliminarlo ahora sería una medida profundamente peligrosa.
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