Condicionalidad, por favor

Las condiciones de los fondos que la Unión Europea destinará a sus países miembros son absolutamente lógicas y necesarias.

Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro de la condicionalidad.

La condicionalidad de los fondos europeos ha aparecido como el gran fantasma de esta recesión económica, al menos a ojos de los medios de comunicación y de gran parte de los analistas económicos. Muchos relacionan la condicionalidad de dichos fondos a una absoluta pérdida de soberanía o a crisis de deuda pasadas. Desde la izquierda se nos trata de vender que la condicionalidad europea supondría que organismos supranacionales tomen el control absoluto de nuestras cuentas públicas, y que los famosos “hombres de negro” visiten España. Todos estos miedos ya sobrevolaron la economía española en 2011 y 2012, con el inicio de la crisis de deuda y la cercanía de la quiebra. Pero en sí, esta crisis no es igual a aquella -ni a ninguna anterior-, y los mecanismos activados para tratar de suavizar su impacto o dispersar sus efectos no son los mismos. Tampoco la condicionalidad.

La condicionalidad en estos casos es algo más que lógico, y no tiene por qué ser negativa para la economía española. Pero tampoco será el elixir mágico que nos libre de todas las deficiencias estructurales del modelo productivo español. Antes de nada, cabe recordar que nadie “impone” la condicionalidad, ya que esta deriva de una demanda de fondos realizada por un país soberano a mecanismos como el MEDE o a organismos como el FMI -en el caso sobre todo de potencias emergentes-, que actúan de prestamista de última instancia cuando los mercados reflejan un elevado coste de la deuda por un mayor riesgo de impago derivado de la elevada fragilidad de las cuentas públicas.

Por el momento, la crisis del coronavirus no ha devenido en una crisis de deuda -ni tiene visos de hacerlo en el corto plazo- ya que parte de una base de crisis de la economía real, generada por un factor absolutamente exógeno como es un virus, que ha tenido prácticamente paralizada la economía global durante varios meses. Dicha situación se ha seguido por una serie de políticas de sostenimiento de rentas y preservación de los niveles de empleo dentro de un escenario de destrucción masiva del mismo. Estas políticas han complementado a los estabilizadores automáticos clásicos, lo cual ha tenido un efecto notable sobre el déficit público, potenciado a su vez por la erosión de las bases imponibles. Es por todo ello, que en el medio plazo requeriremos de un programa serio de estabilización fiscal, en el cual se contemple la eliminación de gran parte del gasto discrecional e injustificado, siguiendo las recomendaciones efectuadas por la Airef en numerosos spending reviews. A dichas recomendaciones se ha unido recientemente el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que solicitó en sede parlamentaria la estructuración de un plan a medio plazo de racionalización fiscal, con el objetivo de reducir el déficit público tras la recesión y aminorar los niveles de deuda sobre PIB.

Es decir, las instituciones europeas no han solicitado nada que nuestras propias instituciones independientes no estén pidiendo en el plano de reformas macroeconómicas. Es decir, prudencia fiscal a medio plazo, reformas estructurales y potenciar la innovación para fomentar la ineludible transición de la economía española hacia un modelo con menos fricciones internas y más productividad. Para todos estos objetivos, la UE ha puesto a disposición de España, al igual que del resto de países miembros, una serie de líneas de crédito y transferencias para ayudar a sostener y reformar la economía europea.

Pero, ¿de qué cuantías estamos hablando? Pues bien, en total, el MEDE ha aprobado una línea de crédito de 240.000 millones de euros a nivel europeo, estableciendo la condición de que dichos fondos se destinen a asegurar y reforzar la capacidad del sistema sanitario. Por otro lado, la Comisión Europea ha puesto a disposición de los miembros la línea SURE, con capacidad de hasta 100.000 millones de euros e íntegramente destinada a la financiación de programas de sostenimiento del empleo, como sería el caso de los ERTE, los cuales no solo comportan un coste directo por la asunción del pago de parte de los salarios por parte del estado, sino asimismo por la merma de recaudación a raíz de la exoneración de gran parte de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el transcurso del ERTE. Por último, encontramos el plato fuerte de las instituciones europeas, el fondo conocido como Next Generation EU, formado por un total de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 se liberarán en concepto de transferencias, mientras los 250.000 millones restantes se introducen en concepto de crédito. La condicionalidad de dichos fondos, tanto de las transferencias como del crédito, aunque aún no confirmada totalmente, giraría en torno a inversión para la evolución del modelo productivo europeo, centrándose en asuntos como la transformación digital o reformas estructurales que contribuyan a reducir el desempleo estructural en países gravemente afectados por ello (por ejemplo, España) o a aumentar el nivel de productividad de la economía a través de una mayor inversión en intangibles y/o capital humano.

Las condiciones de los fondos que la Unión Europea destinará a sus países miembros son absolutamente lógicas y necesarias. En un primer plano, únicamente establecen la direccionalidad del gasto procedente de dichos fondos, para acometer ciertas reformas estructurales y cambios en el modelo productivo (muchas veces lastrado por las rigideces existentes) que deberían haberse acometido hace tiempo.

Las medidas recomendadas para España por las instituciones europeas, y que se encuentran recopiladas en el informe país del Semestre Europeo se centran en flexibilizar el marco de relaciones laborales y promover el empleo estable e indefinido, lo cual incluye reducir las elevadas tasas de temporalidad y desempleo estructural tan características de la economía española. En segundo lugar, el Semestre Europeo demanda reducir el fracaso escolar en España y aumentar el nivel educativo a través de una contracción de las tasas de abandono escolar. Asimismo, las instituciones europeas reclaman mayor inversión en investigación, innovación y desarrollo, teniendo en cuenta que sobre su PIB, España invierte, en proporción, menos de la mitad en activos intangibles que países líderes como Alemania o Reino Unido. Otra de las propuestas de política económica incluida en el Semestre Europeo es la de reducir los excesos burocráticos y trabas existentes entre las administraciones públicas para potenciar la eficiencia y el dinamismo de la economía española a través del refuerzo del mercado único.

Por lo tanto, la condicionalidad no tiene por qué ser vista como un elemento negativo, ya que únicamente supone un incentivo a efectuar las reformas que llevan siendo muy necesarias para España, al menos, durante la última década. Los fondos europeos serían inservibles per se si no fueran acompañados de una determinada condicionalidad, ya que seguramente serían empleados en cubrir agujeros de gasto corriente y no tanto en efectuar reformas de presente y futuro, como las que demandan las instituciones europeas. Europa está haciendo su trabajo, ahora toca que nosotros hagamos el nuestro. Condicionalidad, por favor.