Contra el pasaporte VIH

Recientemente, hemos vivido la apertura de un nuevo debate dentro del espacio público. Se trata de la implantación por parte de varios gobiernos autonómicos de la obligación de presentar un pasaporte para acceder al interior de ciertos establecimientos. Sin embargo, no se trata de un pasaporte en el sentido al que estamos acostumbrados, es decir, para pasar la frontera entre dos Estados soberanos. Nada de eso. Se trata de un certificado que dice que estamos vacunados contra el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH.

Como saben, este virus se transmite a través del contacto sanguíneo (madres embarazadas a sus hijos, por ejemplo) o sexual. El Tribunal Supremo avaló la implantación de este pasaporte VIH bajo ciertos supuestos. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia de Galicia y País Vasco ya se han pronunciado en contra, alegando que se restringen derechos fundamentales, como el de reunión, en base a un incierto riesgo.

En la opinión pública, si observamos los informativos generalistas, la sensación es que la sociedad demanda de la implantación de dicho pasaporte. El principal alegato es la seguridad. “Tengo derecho a saber si el que está al lado se ha vacunado”, señalaba una señora por televisión entrevistada en la calle, como si estar vacunado impidiera la transmisión del mismo. El derecho a la intimidad, en este caso sanitaria, parece que choca de frente con el derecho a la seguridad de otros. Imaginemos que una persona contagiada accede a los lavabos de un local de ocio o de una empresa sin tener presentar una prueba fehaciente de que se ha vacunado contra dicho virus. Es cierto que podría seguir transmitiendo el virus y que las vacunas contra el mismo se han desarrollado mucho, pero la sensación de seguridad está ahí.

La mayoría de la población no alcanza a entender que el acceso a los datos médicos es algo totalmente vedado. Normalmente, estamos acostumbrados a ver películas o series con la discriminación en base al sexo o a la raza como argumentos. Ahora bien, la discriminación alcanza igualmente otras causas, como puede ser la sanitaria. Discriminar a personas por la falsa sensación de seguridad en base al contagio de un virus en concreto presenta dos problemas. El primero, como ya hemos dicho, es el acceso a datos personales. Una vez abierta esta puerta, se asentaría un peligroso precedente. ¿Por qué no implantar un pasaporte heroína para las entrevistas de trabajo? Porque, claro, si vamos a contratar a alguien, a nadie le interesará un empleado que tome sustancias adictivas en su tiempo libre. El segundo es la arbitrariedad de elegir un virus y no otro. Existen multitud de virus en el mundo, con mayor o menor transmisibilidad. ¿Por qué quedarnos únicamente en el VIH? ¿Por qué no ofrecer la totalidad de los datos médicos para acceder a cualquier lugar? Imaginen que entra un cliente en mi negocio de hostelería siendo un adicto a alguna sustancia psicotrópica. ¿Tengo el derecho a saber lo que esa persona consume?

Por otro lado, este pasaporte VIH ofrece una cuestión sobre protección de datos en la que pocos han reparado. Estamos enseñando nuestros datos médicos, por ejemplo, a un portero de discoteca. Si nuestro médico observa nuestro historial, sabemos que tiene la obligación legal, bajo pena de expulsión de la profesión, fuerte multa y hasta pena de prisión, de mantener la más estricta confidencialidad sobre los datos ahí reseñados. Ahora bien, ¿esto es extensible a un empleado de la hostelería? Los médicos reciben formación sobre protección de datos y el secreto profesional que deben guardar para con sus pacientes. Exactamente lo mismo que los abogados, por citar otro ejemplo. Las personas que observan nuestro pasaporte VIH no tienen ese tipo de formación.

Además, cuando mostramos datos personales a cualquier empresa, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, es muy estricta en este sentido. Las empresas, por ejemplo, tiene obligación de custodiar los datos personales y mantener la salvaguarda de estos, bajo amenaza de fuertes multas. No sabemos si el pasaporte VIH, que ya constituye una intromisión sobre los datos personales de los ciudadanos, va a regirse por esta misma ley o por otra distinta. ¿Habrá que exhibir el pasaporte cada vez que se acceda al local? ¿Podrán las empresas crear un registro de personas que lo hayan mostrado anteriormente y, así, no tener que enseñarlo cada vez?

Por último, este pasaporte suscita otra pregunta que no ha sido respondida por los gobiernos autonómicos, pero que ha servido como uno de los argumentos por parte de los tribunales superiores autonómicos para rechazar la propuesta. Hablamos de la situación en la que se deja a los trabajadores de los establecimientos donde sea obligatorio presentarlo. ¿Podría tener la empresa acceso a los datos personales de sus trabajadores, como es su historial médico? La cuestión no es en absoluto menor. Mientras que los profesores, por ejemplo, no pueden ni tener acceso al expediente de sus alumnos por tratarse de datos confidenciales, las empresas podrían tener acceso a los historiales de sus empleados. Esta flagrante contradicción ha sido esgrimida, como decimos, por los tribunales para no aceptar dicho pasaporte. Además, los menores de cierta edad ni siquiera tienen la posibilidad de vacunarse. Por tanto, se crearía una discriminación arbitraria hacia los mayores de cierta de la que quedarían excluidos los menores. Vemos que la implantación del certificado VIH ofrece más dudas que soluciones. Además, está el hecho de que la obtención del pasaporte significa haberse vacunado, no la imposibilidad absoluta de transmitir el virus. Pese a vacunarse, la posibilidad, y el riesgo, seguirán estando ahí. Ahora bien, siempre contamos con la solución liberal en este sentido: que cada uno establezca las medidas que considere oportunas. Puede abstenerse de acudir a reuniones, actos sociales o cualquier otra aglomeración que crea le constituye un peligro inasumible. Puede administrarse las dosis permitidas para desarrollar anticuerpos con mayor rapidez. Puede, en definitiva, ser el que controle el riesgo al que se expone, dentro de unos límites insuperables. Suponer que el gobierno, a través del acceso a nuestra privacidad, puede llevar a la desaparición del riesgo es, por un lado, no entender cómo funciona un virus y, lo peor de todo, no comprender cómo funcionan los gobiernos.