Es opinión común que los profesionales llamados liberales engloban a la amplia red de particulares que ofrecen con riesgo bienes y servicios al mercado a cambio de una remuneración, prefiriendo en su inmensa mayoría que el Estado no se entrometa demasiado en sus asuntos sin esperar de éste ninguna clase de favor. Pero abogados, notarios y contables en España, de entre el conjunto de tales profesiones, siguen perseverando en la opacidad y el privilegio para sus actividades.
Desde comienzos de Septiembre, la Comisión Europea señala a nuestro país como uno de los miembros de la UE que menos ha avanzado en la supresión de obstáculos que favorezcan la competencia en beneficio de los consumidores. Hay que señalar la importancia de los profesionales: generan el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión y el 6,4% del empleo.
Las objeciones que plantean los corporativistas españoles son triviales, por no decir paupérrimas. Señalan que aunque desean participar en la mejora de la competitividad española, entienden que deben buscarse otras soluciones más “creativas” además de que ellos trabajan sobre conceptos sensibles difícilmente entendibles por las leyes del mercado.
Para el caso de abogados y expertos contables parece que hay un mayor avance en la aceptación de reglas que multitud de profesionales por cuenta ajena interiorizan cada día de su devenir laboral. Los abogados se muestran diligentes hacia Bruselas y los contables aceptan la liberalización a cambio de asegurar ciertos estándares de calidad.
No obstante, llama la atención el rechazo frontal de unos notarios que pretenden “excluir las actividades notariales públicas del conjunto de las actividades económicas, y por tanto de la noción misma de empresa”. Esta opinión (aunque sea aguantada por el Tribunal de Justicia Europeo y la propia Comisión) es difícilmente razonable cuando cualquier notario anuncia sus valiosísimos servicios a través de un gran rótulo a pie de calle, contrata y despide técnicos cuando le conviene y admite que cualquier ciudadano acuda al notario que le apetezca, aunque no sea él mismo. Una cosa es la imprescindible función del fedatario público, con sus cautelas y excepciones, al servicio de la seguridad jurídica de todos (el sistema continental sigue siendo superior al anglosajón) y otra cosa es que una notaría no contenga elementos propios de empresa afecta a aspectos relevantes de la economía de mercado.
Los consumidores pueden comprender un monopolio pero no la exclusividad monopolística de todas sus funciones. Dice Mises en “La Acción Humana” acerca de la armonía y conflicto de intereses: “Es cierto que el precio del monopolio, no el monopolio por sí, hace contradictorio el interés del consumidor y el del monopolista. El factor monopolizado deja de aprovecharse tal y como los consumidores quisieran. El interés del monopolista prevalece sobre el de éstos; en este campo se desvanece la democracia del mercado. Ante la aparición del precio del monopolio desaparece la armonía de intereses y se contraponen los de los distintos miembros del mercado”.
Algunos de los denominados liberales en su oficio recuerdan por su actitud el lema que pregonan los sustentadores de la dictadura china: un país, dos sistemas. La nación está en su bolsillo y exprimen todas las posibilidades privadas y públicas.
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