Cuando un mínimo superávit no es suficiente

El economista alemán del XIX Adolph Wagner, figura central de la Escuela alemana del socialismo de Estado, dio origen a la que se conoce como la "ley de Wagner". Ésta sostiene que el crecimiento económico tiene gran peso en el gasto público y, por ende, en las funciones que crecientemente asume el Estado. Así, el gasto público tiende a crecer de manera más rápida que la producción del país.

No nos debería extrañar esta ley tras lo vivido en los últimos años de esplendor económico español con pies de barro. Como tampoco nos asombra el resultado final de todo ello: una explosión de la deuda pública desde el año pasado que hace tambalear no sólo los cimientos de la economía nacional sino de la Unión Europea y su moneda común.

El Estado, durante los años de ese grandioso auge económico y crediticio que experimentamos hasta 2007/2008, gozó de ligeros superávits públicos o de equilibrios presupuestarios, lo que redundó en que la deuda pública (sobre el PIB) apareciera completamente bajo control.

Pero ¿y el gasto público y, más aún, los compromisos públicos? Qué pasó con ellos. ¿Se cumplió la "ley de Wagner"? Huelga decir que sí. Ahondaremos en las razones que suelen aducirse para explicar el significativo incremento de gasto público durante los años del boom. Aunque no todas se corresponden con las motivaciones aportadas por el propio autor, de cuya teoría manaba más el ideal comunal y de Estado (capaz de dirigir centralizadamente la producción de manera más eficiente) que tanto admiraba.

El primer motivo aducido por el autor es que una sociedad más rica es más compleja, por lo que genera grupos más divergentes. Las demandas de servicios o bienes públicos por parte de este ramillete de grupos (¿de interés?) son superiores y variadas. Se necesita más gasto público para atender a necesidades diversificadas (razón no le falta y los grupos de interés bien lo saben).

La segunda razón se asienta en que progreso y riqueza económicos inflan el gasto estatal en tanto que la "demanda de gasto público tiene una elasticidad a la renta superior a uno". Lo que esto significa es que un incremento porcentual de la unidad en la renta nacional (por ejemplo, PNB) generaría un incremento superior al uno por ciento en el gasto público debido a la naturaleza de los bienes y servicios que aprovisiona el Estado. Dado que el tipo de bienes y servicios que se arroga el sector público es de lujo o superior, ante incrementos en la renta o ingresos nacionales, el gasto necesario para poner en marcha los nuevos servicios será superior. Ello producirá, bien déficits fiscales, bien un efecto expulsión del sector privado (que tendrá que consumir menor proporción de las crecientes rentas al derivarse más fondos a gasto público).

En palabras del propio Wagner: "Interpretada desde el punto de vista económico-nacional, esta ley significa la creciente extensión absoluta, y también relativa, de la forma de organización pública junto a, y en sustitución de, la económico-privada dentro de la economía pública".

Esta ley ha sido frecuentemente discutida y ha habido innumerables intentos de validarla empíricamente. En todo caso, la hipótesis es más que plausible en el contexto económico en que se enmarca (creciente PIB), y no debemos ningunear el poder (y el peligro a largo plazo) de la misma: que las economías en crecimiento impulsan el aumento del Estado en una proporción superior al de la propia economía.

Pero la "ley de Wagner" no sólo se cumple por los argumentos expuestos por su autor, centrados en el lado del gasto. El ciclo económico, en su fase de auge, tiene un papel determinante en una variable no mencionada aún: los ingresos fiscales. Ya se ha comentado que los años del boom se caracterizaron por presupuestos aparentemente saneados (en el periodo que va de 2000 a 2004, entre +1% y 0,2%; y ya déficits no muy significativos del -1% al -2% entre 2005 y 2007).

Pero ésta se trataba de una situación engañosa. La recaudación fiscal pareció emanar del cuerno de la abundancia durante estos felices años merced a la fuerte actividad económica, acarreando un riesgo a largo plazo para las arcas públicas por la falsa percepción de bonanza perpetua. El gasto público creció al ritmo en que lo hicieron los ingresos fiscales. Es decir, todos esos ingresos fiscales del auge se gastaron en su totalidad, comprometiendo gasto estatal de todo tipo y condición para ejercicios futuros, lo que acabó por impedir la capacidad de reacción del sector público cuando la actividad económica se desplomó a partir de 2008.

Y tras 2008, pasó lo que cabía esperar, que la recaudación, a partir de ese año, pero, sobre todo, de 2009, se hundió por el fango y que una gran parte del gasto comprometido en el boom resultó ser muy rígido a la baja. Y ahora, quién le pone el cascabel al gato. Fatal desenlace tras la actuación de nuestros supuestamente prudentes dirigentes políticos durante el auge, que exprimieron el presupuesto al máximo con fondos provenientes de unos ingresos públicos inflados e irreales en el largo plazo (por la propia naturaleza de la burbuja inmobiliaria) y que en la crisis y recesión irremediablemente colapsaron. Por no hablar de las políticas de gasto que desde 2008 se pusieron en marcha, con los rescates bancarios, los "planes E" y las crecientes prestaciones por desempleo (inevitables éstas por el fuerte desempleo), que no hicieron sino echar más gasolina al fuego (pero ahí ya entramos en otra fase del ciclo económico, la crisis y recesión, que no pretendo abordar en este artículo).

Sí, Rubalcaba, la burbuja inmobiliaria no se frenó a tiempo. De hecho, se hizo lo posible por alargarla y acabó frenándose sola, tarde y mal. Pero a quién le interesaba entonces pararla. ¿A una demagoga clase política –ayuntamientos, autonomías, gobierno- que veía la oportunidad de consagrarse en el poder de manera casi perpetua, recaudando a espuertas y prometiendo aún más, al tiempo que a la ciudadanía poco le importaba el destino de sus impuestos porque tenía trabajo, acceso al crédito fácil y creciente valoración patrimonial? Y no nos detengamos en el sector bancario, ahora sometido a una dramática insolvencia… Bien sabemos que no interesó a nadie en aquel momento, pero si había un agente social al que menos preocupó fue al gobierno, empeñado, a través de su Ministerio de la Vivienda, en que, primero, pareciera que no existía "burbuja" y luego, en que ésta no "estallara".

¿Por qué no lo frenasteis, Rubalcaba y Zapatero (y Aznar)? Pues porque la avaricia recaudatoria y confiscatoria del Estado no tiene fin. Quién es el verdadero Scrooge aquí: aquel empresario a quien su "avaricia" durante el boom le cava su propia tumba o aquellos irresponsables que nunca se verán obligados a liquidar sus activos, a cerrar ni irán a prisión -cosa que sabemos sí pasa en las empresas privadas-, y que no hacen más que abrir fosas durante el auge para meternos a todos dentro tras la orgía de deuda pública de la recesión (que nos traerá más impuestos, devaluaciones, hiperinflaciones…). Cómo se ve la paja en el ojo ajeno… y no el "edificio" en el propio.

Efectivamente, como se colige de la "ley de Wagner", el crecimiento del tamaño del Estado, vía ingresos, fue de una proporción superior a lo que crecía la economía medida en términos de PIB. Esto es consecuencia de que los ingresos fiscales reaccionan como un resorte amplificado ante la coyuntura económica (tanto durante el auge como en la crisis). Esta sensibilidad o elasticidad de los ingresos ante variaciones del PIB viene explicada principalmente por tres razones.

• La primera de ellas, la progresividad fiscal y la reducción del desempleo hacen que un incremento de la renta nacional redunde en una recaudación fiscal superior al alcanzarse tramos superiores de rentas (sobre todo, en lo que respecta a gravámenes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF–).
• Asimismo, los impuestos indirectos que recaudan las diferentes Administraciones Públicas también son sensibles al ciclo económico. El número de transacciones de este tipo de bienes en la economía se multiplica considerablemente (piénsese no sólo en el IVA, sino en los impuestos especiales, como la gasolina o bebidas alcohólicas, o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -ITP/AJD-).
• Por último, y quizás de mayor importancia recaudatoria, están los beneficios empresariales, de los que el Estado ingresa el Impuesto de Sociedades (IS). Estos crecen en una proporción muy superior a las ventas durante la fase expansiva del ciclo, principalmente, por el aprovechamiento de las economías de escala. (Avanzamos que durante la contracción también las pérdidas serán más sensibles a la caída de las ventas, lo que significa que el sector público verá muy mermada su recaudación).

Puestos a decir, durante los felices años de la abundancia (de crédito y gasto) en España, las políticas fiscales que se pusieron en marcha ni siquiera pueden considerarse keynesianas. Se trató de simple estatismo despilfarrador. Keynes en todo caso abogaba, por ejemplo, por reservar las obras públicas para la recesión (y no durante el auge). Asimismo, sabiendo que en la recesión los déficits se van al 7 y hasta el 10%, como ha sucedido en España en 2009 y 2010, los superávits durante el auge deben estar permanentemente por encima del 5%, lo cual no debe suceder a costa de subir impuestos, sino de no asumir más gastos y compromisos… Así nos va.