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De libros blancos y otras desgracias

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De entre todas las formas ideadas por los políticos para aumentar su capacidad de invasión de la esfera civil, probablemente la redacción de “libros blancos” sea la más elegante. Con el encargo del preceptivo “Libro Blanco”, el poder político disimula su ambición intervencionista, pues en última instancia no hará sino seguir las recomendaciones del grupo de expertos “independientes” encargado de su elaboración, cuyas conclusiones jamás consistirán en exigir al Estado que “saque sus sucias manos” del problema objeto de análisis sino, más bien, en todo lo contrario. El Libro Blanco de la energía, recientemente elaborado a petición del ministerio correspondiente, no desmiente nada de lo antedicho.

En España, a partir de 1997 se inició un tímido proceso de liberalización del sector energético con el que se trató de introducir un mayor grado de competencia. Sin embargo, el alcance de estas medidas tenía un recorrido bien corto y sus efectos acabaron por agotarse con el transcurso de unos pocos años. Ahora, los expertos liderados por Pérez Arriaga, estableciendo una errónea relación de causalidad, dicen que este proceso liberalizador ha sido un fracaso y que lo que procede es desandar lo andado para volver a uncir al sector energético al férreo yugo de la burocracia estatal.

Cada vez resulta más evidente que las ineficiencias del sistema eléctrico español nacen de la regulación de las tarifas fijadas por el estado. Precisamente por eso, las compañías eléctricas se dedicaron en los años de la burbuja bursátil a invertir en empresas de todo tipo, pues la inversión en su línea de negocio no es rentable con los precios intervenidos. Por tanto, lo imperativo no es intervenir más el sector, sino introducir progresivamente un mayor grado de liberalización que permita la formación de precios en un régimen de competencia real.

Tras una somera lectura (la densidad y volumen del tocho exigen cierto tiempo), la tesis que desarrolla el equipo de sabios seleccionado por Montilla, delegado plenipotenciario del Estat Catalá en Madrit, que en los ratos que le deja su elevada misión actúa de Ministro de Industria, parece ser precisamente la contraria. Por su parte, D. Josep, desde su atalaya, seguirá conminando a la población a apagar los aparatos de aire acondicionado cuando más calor hace y a ahorrar energía de las formas más imaginativas, lo que como ejemplo de política energética de un país avanzado no está nada mal. Para eso, la verdad, no hacían falta quinientas páginas.

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