De vuelta a los orígenes del antitrust

Los trust de nuestro tiempo son por supuesto las tecnológicas, con nombres propios como Amazon, Google, Apple o Facebook.

El origen de las leyes antitrust (o derecho de competencia, para los europeos) está en la conocida Ley Sherman, en honor al senador estadounidense que la propuso y consiguió su aprobación. Como es sabido, el derecho de la competencia pretende proteger los mercados y por ende a los consumidores, del poder que los agentes puedan ejercer en los mismos, sea gracias a su posición monopolística (o de dominio), a acuerdos colusorios entre competidores o a la consolidación empresarial.

El fundamento teórico es claro: en la medida en que los mercados se puedan apartar de su funcionamiento ideal, puede ser necesaria la intervención gubernamental para corregir estas distorsiones. Ello requiere necesariamente responder a una pregunta previa: ¿cuál es el funcionamiento ideal del mercado? La respuesta no la tuvieron los economistas mainstream hasta que Arrow en 1951 demostró que el modelo de competencia perfecta era un máximo de Pareto, y, por tanto, óptimo para el bienestar social.

No entraremos aquí en más detalles sobre esta fundamentación económica del antitrust. Pero sí llamaremos la atención sobre un pequeño detalle: la Ley Sherman data de 1890, por lo que difícilmente pudieron ser modelos económicos aún sin crear los que impulsaron al buen señor a perseguir su promulgación en pro del bienestar del consumidor americano.

Y por supuesto que no fue así. Más en coherencia con la teoría de la regulación del premio Nobel George Stigler (según la cual la regulación responde a la presión de grupos de interés, no a modelos económicos o una supuesta búsqueda del bienestar social), Boudreaux, DiLorenzo[1] y el propio Stigler[2], proponen una explicación histórica muy diferente para justificar las leyes antitrust.

En ésta se nos explica que el grupo de interés detrás de la aprobación de la Ley Sherman fue posiblemente el de los granjeros, a través de asociaciones como The Granger’s and Farmer’s Alliance. Uno de los principales objetivos políticos de dicha organización era la promoción y protección de las pequeñas granjas, que estaban teniendo serios problemas para competir con las giant wheat farms (granjas gigantes de trigo), a las que llamaban land monopolies.

Según nos cuenta DiLorenzo, esta asociación agrupó en su entorno a pequeños empresarios, académicos (aunque ninguno economista, al parecer) y periodistas. Su nivel de éxito se puede ver en los numerosos congresistas que hacían suyas las quejas de los pequeños empresarios, de estar sufriendo competencia injusta por parte de los trust o grandes empresas. O de que estos “monopolios” gigantes estaban creando una peligrosa concentración de riqueza.

Así, se creó la sensación en la sociedad de que un pequeño grupo de emprendedores de éxito estaban consiguiendo su riqueza a costa de granjeros, trabajadores y consumidores, y en este caldo de cultivo fue del que surgieron las leyes antitrust. 

DiLorenzo y otros economistas han aportado evidencias económicas concluyentes demostrando que nada de lo denunciado era cierto. Por ejemplo, los trust consiguieron sistemáticamente reducir los precios de los productos que comercializaban, generando enormes beneficios para los consumidores y productores, frente a las denuncias de los granjeros de que pretendían abusar de su posición subiendo los precios (el ejemplo paradigmático es el de los ferrocarriles).

En resumen, parece que la finalidad real del antitrust no era incrementar el bienestar del consumidor americano, que estaba conociendo rebajas de precios como jamás se habían visto en la historia gracias precisamente a los trust perseguidos, sino proteger el statu quo de los productores más pequeños e ineficientes, que se veía amenazado por la actividad disruptiva de nuevos emprendedores y nuevas ideas. Un análisis histórico de las decisiones de antitrust tanto en los EEUU (realizado ya por Armentano) como en la Unión Europea revelaría que, sistemáticamente, han perseguido a los empresarios innovadores y exitosos, a los que más riqueza han creado, a causa de denuncias realizadas por sus rivales frustrados.

¿Por qué cuento todo esto? Estamos en 2018, casi 130 años después de la aprobación de la ley Sherman. Y, sin embargo, la situación se repite. Los trust de nuestro tiempo son por supuesto las tecnológicas, con nombres propios como Amazon, Google, Apple o Facebook.

Nadie en su sano juicio puede dudar de la riqueza que estas empresas han aportado a la sociedad y a los consumidores, pero también a los productores. Por ejemplo, gracias a Google, una empresa puede publicitarse pagando tan solo cuando consigue visitas a su “sede” virtual. Y gracias a Amazon, cualquier emprendedor puede ponerse a vender sus ideas en cuestión de días y con mínima inversión, pues le proporcionan tanto servicios logísticos como de web-hosting de forma integrada.

Y, sin embargo, volvemos a tener políticos quejándose del daño que los trust hacen al tejido empresarial. Ahí tenemos el reciente ejemplo de los comentarios de Trump sobre Amazon vía Tweet. O el más elaborado de la iniciativa de la Comisión Europea de regular las relaciones entre plataformas tecnológicas y los empresarios que las usan, para evitar el trato “injusto” por parte de aquellas, que “podría tener un potencial efecto negativo en la innovación o en la economía europea en general”[3]. Ello, por no hablar del asedio a que se encuentran sometidos estos trust desde casi todos los medios de comunicación, así como desde diversos ámbitos académicos.

Así que la historia se repite: idénticos protagonistas (periodistas, empresas perjudicadas, académicos- aunque ahora sí hay economistas), idénticas justificaciones (competencia “injusta” de los trust, concentración de la riqueza en unos pocos) e idéntica ausencia de evidencia empírica para las quejas.

En 1890 esto desembocó en las leyes antitrust, sobre cuyas desastrosas consecuencias nunca seremos conscientes del todo, pues afectan a la innovación, y es imposible saber qué innovación no ha llegado a realizarse por su culpa.

Nos queda por ver cómo acaban las cosas en esta ocasión. Afortunadamente, parece que el bombardeo no ha calado aún en la opinión pública, que sigue siendo consciente y disfrutando de todo el bienestar que los cuatro arriba citados nos han traído en los últimos años. Pero también es cierto que la gota no cesa y quizá en algún momento penetre y lo ponga todo perdido. La sanción de la Comisión Europea a Google el año pasado es un ejemplo de una buena gotera. Y habrá que esperar a ver qué consecuencias tiene el escándalo Cambridge Analytica para Facebook y redes sociales.