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Declaración Universal de los Derechos de los Políticos

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El pasado 10 de diciembre se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto escrito tras la Segunda Guerra Mundial y que recoge dos tradiciones distintas de pensamiento sobre los derechos de las personas. La primera, que se refleja esencialmente en los artículos primero a 20, es la tradición individualista que reconoce en cada persona al portador de derechos inalienables que le son inherentes y que se derivan del derecho a la vida y a la propiedad. Es la tradición que se reflejó en la famosa Declaración de Derechos de Virginia o en las diez primeras Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos.

El artículo 21 marca ya el cambio de tono, y proclama el derecho de todos de participar en el proceso político. A partir de ahí se lista un conjunto de derechos «positivos», como el «derecho» a la seguridad social, a «una remuneración satisfactoria», a «un nivel de vida adecuado» a la «educación gratuita» y demás.

El de los derechos positivos es un capítulo sin límite. Mientras que los negativos nacen del mismo ser de la persona, los otros son una lista de la compra que se puede ampliar a medida que la sociedad es más próspera y puede sostener las promesas de los políticos. No son, en realidad, derechos, sino la promesa de que el proceso político pondrá a una parte de la sociedad, o a toda ella, bajo una servidumbre involuntaria que resultará en la provisión por el Estado de ciertos bienes y servicios. Los derechos positivos son un programa político.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no parte del reconocimiento de ciertos derechos propios de cada individuo, sino que es ella quien los otorga, quien los crea. E, igual que los ha proclamado, los puede cambiar en cualquier momento. De hecho, en su artículo 29 dice que «estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas», y como éstos dependen de lo que decidan los dirigentes, la carta de derechos de 1948 es una concesión, limitada y siempre provisional, de los políticos. Es una Declaración Universal de los Derechos de los Políticos. Siempre nos están salvando… menos de ellos mismos.

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