El problema de la ideología es que es esta y no los hechos o la ley los que marcan quién es el delincuente.
En el popular distrito madrileño de Vallecas, los ciudadanos están muy preocupados por el incremento de la delincuencia. Los vecinos entrevistados por la televisión regional madrileña muestran su preocupación por la situación del barrio, donde en poco tiempo se ha apuñalado a dos hombres y se menciona a los delincuentes ya existentes, la llegada de nuevos de origen no español que delinquen ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad, la existencia de “narcopisos” y zonas concretas donde es imposible entrar sin tener, como poco, un susto. No muy lejos de allí, en Puente de Vallecas, en antiguos edificios de protección oficial, los okupas se han montado una especie de “supermercado” de drogas y los consumidores de éstas acuden en masa, lo que provoca la lógica preocupación de los vecinos de la zona. Para terminar de poner en contexto la situación, en otro distrito del sur de Madrid, en Usera, se vive una situación similar; en el parque Juan Español y la Plaza de la Romana, los vecinos se enfrentan, de nuevo, a problemas de drogas, reyertas, suciedad y, posiblemente, prostitución[1].
La preocupación, al menos en las cercanías de las zonas más afectadas, no es baladí y el problema radica en qué puede hacer el ciudadano para defenderse de este incremento de la delincuencia. Analicemos las opciones que se nos presentan. En primer lugar, tendríamos la autodefensa. En España, tener un arma de fuego para defensa propia es complicado, pero no imposible, y usarla, más difícil todavía. Se trata de una cuestión de proporcionalidad, de que la fuerza que se use contra el atacante sea proporcional a la del ataque. Hay condenas de personas que usaron incluso dentro de su casa una fuerza “excesiva”. Afortunadamente, no son muchas, son más anecdóticas que frecuentes, pero son las suficientes como para que la gente “normal” prefiera dejarse agredir antes que terminar en la cárcel. Además, lo habitual es que el miedo o cualquier otra emoción nuble la razón y calcular la proporcionalidad sea casi imposible. El resultado de este sinsentido es cierta sensación de injusticia y de que el delincuente tiene cierta ventaja sobre el que cumple con la Ley.
La otra forma es que alguien vele por nosotros. Dejando aparte la posibilidad de tener un guardaespaldas privado por el hecho de ser un poco caro para la mayoría de los ciudadanos, debemos recordar que, en esta sociedad nuestra, la fuerza es monopolio del Estado y para velar por la paz y la seguridad están las fuerzas de seguridad[2] ¿O no? Precisamente, la queja de los vecinos en los tres casos expuestos se centraba en la falta de Policía que vigilara las zonas más conflictivas.
En Madrid, en España, la falta de medios es una excusa, una queja habitual cuando las cosas no salen como pensamos que deberían salir. En este caso, no se asegura que la Policía sea inefectiva, sino que no es suficiente. Rara vez se dice que debe haber más eficiencia a la hora de dar el servicio, menos conflictos internos e institucionales, menos política o más profesionalidad; al final siempre se reduce a falta de presupuesto y, dependiendo del partido que esté en el poder, que ha habido o hay recortes. Hay que dejar claro que nunca habrá suficientes medios para eliminar la delincuencia. Se podrá reducir, en especial la organizada, que es más predecible, pero las razones que empujan a alguien a saltarse la Ley son demasiado variadas como para predecirse en su totalidad. Más preocupante es que, desde las propias instituciones que dicen velar por nuestra seguridad, se favorezca un contexto adverso a los intereses del ciudadano. Y en este punto entra la tercera pata que quiero analizar: la ideología que domina la política.
En España, hablar de política es hablar de ideología. Gestionar los servicios públicos es secundario y, para desgracia de sus profesionales, la gestión de la Policía tiene base ideológica. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, vecinos, comerciantes y oposición han denunciado que los policías municipales no actúan de manera contundente contra cierto tipo de delincuentes[3], entre ellos los manteros, o sea, vendedores de productos falsificados o robados, y los okupas, que además de quedarse en una propiedad que no es suya, suelen realizar otras actividades ilegales. Cuando esta actividad está relacionada con la venta de droga en pequeñas cantidades, surgen los “narcopisos”, que es una de las situaciones que se denuncian en Vallecas.
El problema de la ideología es que es ésta y no los hechos o la ley los que marcan quién es el delincuente y quién no, qué se debe hacer y qué no, y si la ideología tiene carácter totalitario, qué se debe pensar y qué no. Cuando el Ayuntamiento de Madrid, así como el de otras ciudades de España como Barcelona, Zaragoza, Valencia o La Coruña, que son gobernadas por partidos de extrema izquierda, dan orden o “sugieren” a sus policías que no se actúe con contundencia contra ciertos delincuentes, es porque desde un punto de vista ideológico se les considera víctimas (de las circunstancias, del capitalismo, de los empresarios explotadores, de cualquier persona o institución que esté en su punto de mira) o se les utiliza como herramienta política para conseguir otros fines e inmediatamente se justifica su acción. Así, si la mayoría de los manteros casualmente son de raza negra, detenerlos se considera racismo, incluso insinuar que el colectivo delinque también es racismo. Las políticas que se derivan del Ayuntamiento de Madrid se cuidan mucho de hacer referencias a ciertas condiciones, incluso se ponen de su lado y en contra de los que se ven perjudicados por su actividad ilegal. Sin salir de este caso de los manteros, estamos ante una especie de racismo a la inversa. Hemos pasado de que, si son de cierta etnia son delincuentes seguros, a que si son de esa etnia nunca pueden ser delincuentes. Ambas posiciones están basadas en el color de la piel, es decir, ambas son racistas, cuando realmente un delincuente lo es únicamente porque no cumple con las normas sociales, con las leyes. El resultado de esta situación es una sensación de indefensión por parte de los ciudadanos, una visión negativa hacia los grupos que se ven aparentemente favorecidos, incrementándose los prejuicios negativos hacia ellos y, si la situación se extiende en el tiempo, el apogeo de grupos violentos que se enfrentan con las minorías, aumentando la inestabilidad social, como ya ocurrió en la Europa de entreguerras. Claro, que si el objetivo de la ideología en el poder es la revolución, ésta es una estrategia de lo más eficiente para alcanzar el conflicto civil.
[1] Quien tenga ya unos años y haya vivido los turbulentos años 80 del siglo XX sabrá por propia experiencia que el nivel de delincuencia actual está lejos del de aquellos tiempos. No eran solo los distritos del sur de Madrid los que tenían un exceso de agresiones, sino el centro de la ciudad y, de una manera menos intensa, el resto de distritos del municipio. La lacra de la droga generaba cientos de yonkis que robaban para drogarse y las pequeñas mafias alimentaban mafias aún mayores, en una época de permisividad ante la delincuencia. Salir por la noche era habitual, pero tenía más riesgo que hoy. Y si no, que se lo digan a las madres de la época.
[2] En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen del Gobierno central; algunas Autonomías tienen policías regionales y todos los municipios tienen Policía local. Cada una tiene su propio ámbito de aplicación y es posible que haya conflictos, no demasiados, de competencias entre ellas, sobre todo entre las autonómicas y las que dependen del Gobierno central.
[3] Y no es porque los policías ejerzan de comisarios políticos, pero algunos sindicatos han denunciado precisamente esta situación de politización de la labor policial. Por otra parte, no solo es el Ayuntamiento de Madrid, pues la interpretación y aplicación de la Ley que hacen algunos jueces supone la salida casi inmediata de los delincuentes que, como ocurre con ciertos carteristas del centro de Madrid, siguen con lo suyo una vez que están libres.
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