El buen dinero como institución libre es sustituido por el mal dinero impuesto coactivamente por el Estado: es un proceso histórico gradual que va desde el monopolio de la acuñación de monedas de metales preciosos hasta el monopolio de emisión de billetes y monedas sin referencia ni valor real, mediante leyes de curso legal forzoso, la prohibición o desincentivación de alternativas (penalización de la posesión de metales preciosos y de su uso como medios de pago o referencia contractual), y la instauración de bancos centrales oficiales encargados de la gestión del dinero estatal.
Con un dinero oficial ya no son todos y cada uno de los ciudadanos quienes deciden constantemente de forma descentralizada, evolutiva y adaptativa qué es dinero y qué no, sino que unos pocos gobernantes imponen su elección a todos, y además suelen reservarse el derecho a producirlo en exclusiva, normalmente con costes tan bajos que ello les facilita unos ingresos considerables (señoreaje).
Los gestores estatales del dinero pueden prometer que preservarán su poder adquisitivo, pero son incompetentes para ello ya que es una tarea imposible de realizar mediante la planificación centralizada. Además los errores en la estabilización del valor del dinero no son aleatorios: la posibilidad de facilitar la financiación estatal mediante la inflación implica un sesgo sistemático hacia la pérdida de valor del dinero; la independencia de los bancos centrales a menudo no es real. La inflación además suele excusarse, o incluso falazmente justificarse, como una forma de estimular el crecimiento económico, o como un modo de evitar los presuntos graves peligros del abismo de la deflación.
La imposición de formas concretas de dinero puede aprovecharse por los Estados para obtener ingresos: el gobernante impone un dinero sobre cuya producción tiene alguna ventaja competitiva o monopolio; o el monarca recibe monedas buenas, manipula su contenido metálico quedándose con buena parte del mismo, y exige al gastarlas que circulen por su valor nominal o facial.
El Estado también puede aprovechar el intervencionismo monetario para reducir el coste de su endeudamiento (fomentando la compra de deuda estatal, lo que reduce su tipo de interés) o impagar parcialmente sus deudas de forma fraudulenta (sin reconocer el impago): la inflación reduce el valor real de las deudas, y el principal deudor suele ser el Estado, que es el agente con el poder para generarla.
Los billetes o depósitos (medios fiduciarios) que antes eran promesas de pago de los bancos centrales (o de algunos bancos privados) convertibles a la vista en cantidades específicas de oro, se transforman en billetes inconvertibles sin ninguna referencia o derecho real, entes abstractos sin posibilidad de concreción determinada, símbolos sin significado o referente estable y por lo tanto fácilmente manipulables: son las diversas divisas fiat nacionales o supranacionales, que pueden además devaluarse periódicamente según criterios políticos para impagar a los acreedores, especialmente a los extranjeros. El activo bancario que sirve como respaldo de billetes y depósitos ya no consiste en bienes privados de máxima liquidez, sino que se sustituye por la deuda estatal.
El dinero mercancía desaparece: no existe un bien con valor estable que se use como dinero, no es posible refugiarse en su posesión y atesorarlo como depósito fiable de valor. Los agentes pierden la costumbre de usar monedas de oro o plata en los intercambios (o medios de pago que se refieren a ellas), y su poder adquisitivo fluctúa dependiendo en gran medida de las manipulaciones de los bancos centrales (gestión de sus divisas y de sus grandes reservas de metales preciosos).
La depreciación sistemática del dinero estatal sólo puede afrontarse aceptando las pérdidas, gastándose el dinero, prestándoselo al Estado al comprar deuda pública, o asumiendo riesgos especulativos con posibilidad de ganancias o pérdidas (compra de materias primas, inmuebles, terrenos, activos financieros).
El Estado tiende a distorsionar el dinero en su propio beneficio para mejorar sus ingresos y su financiación. Su depreciación sistemática fomenta la función de medio de intercambio y menoscaba la de depósito de valor: así el Estado incentiva la compra de su deuda (atesorar dinero estatal en forma de billetes implica perder valor por la inflación), e intenta que los agentes privados realicen más intercambios que le generen ingresos fiscales mediante los impuestos por actividad económica (los agentes intentan defenderse de la pérdida de poder adquisitivo desprendiéndose antes del dinero).
Ciertos activos financieros presuntamente carentes de riesgo (e incluso indexados a la inflación, como la deuda estatal indexada por índices de precios), no son equivalentes al atesoramiento de dinero, ya que se trata de préstamos que el agente económico no habría realizado (o al menos no en tanta cantidad) si dispusiera de la posibilidad de recurrir a un bien real como buen dinero.
Los agentes económicos pueden intentar defenderse de la inflación considerándola en los precios que piden en los intercambios, sobre todo en las relaciones contractuales a largo plazo (salarios, deuda, diversos derivados). Pero a menudo sólo se tienen en cuenta expectativas de inflación, y el Estado puede intentar burlarlas mediante inflación por sorpresa: del dinero como referencia estable y fácilmente predecible se pasa al dinero como herramienta de desestabilización impredecible.
El Estado fomenta la confusión entre dinero (bien presente, medio de pago, nivel de precios) y financiación (coordinación intertemporal, tipos de interés). Las manipulaciones estatales del dinero y el crédito son las causantes de los ciclos económicos: los bajos tipos de interés y las diferentes garantías estatales que provocan riesgo moral fomentan la expansión desestabilizadora del crédito y el endeudamiento (tanto en cantidad como en duración). Los agentes económicos, especialmente los bancos, tienden a deteriorar sus posiciones de liquidez, endeudándose a corto plazo y prestando a largo plazo (desajuste de plazos), hasta límites insostenibles que terminan haciéndolos insolventes.
El intervencionismo estatal (monetario y otros) causa múltiples descoordinaciones en la estructura productiva de la economía, que no refleja las capacidades y preferencias de los agentes económicos: estos podrían expresar su desacuerdo con las oportunidades de compra o inversión atesorando dinero y esperando las correcciones pertinentes, pero los gobernantes intentan impedir esta posibilidad.
En lugar de reducir sus precios relativos o cambiar lo que producen, los proveedores fracasados o dueños de recursos ociosos (tanto de bienes como de servicios, entre ellos los laborales) intentan evitar o reducir sus pérdidas exigiendo al Estado que inyecte dinero a la economía, presuntamente para estimularla: en realidad estos vendedores están exigiendo al Estado que los privilegie a costa de otros vendedores y de todos los compradores (los que tienen el dinero y sufren la pérdida de su poder adquisitivo) y de los receptores de rentas fijas. Se erosionan la libre competencia y la soberanía del consumidor, y los vendedores acostumbrados a recurrir de forma exitosa a la intervención coactiva del Estado hacen rígidos sus precios: su estrategia de negociación consiste en ser inflexibles y exigir ser rescatados de sus errores.
Los agentes económicos pueden intentar defenderse de las manipulaciones estatales recurriendo a medios de pago alternativos no prohibidos: los más importantes son los depósitos bancarios, que son dinero privado (entendido en sentido extenso). Pero la referencia o base de esos depósitos sigue siendo el dinero oficial, y los bancos en realidad no son competidores contra el Estado sino sus colaboradores: a cambio de comprar su deuda (que es presuntamente segura y no incrementa los requisitos legales de capital), y de aceptar ser regulados y supervisados, los gobernantes reducen la competencia en el sector (oligopolio) y lo protegen de sus errores (garantías de refinanciación por el banco central, operaciones de rescate). Además los diferentes bancos no compiten en la calidad de sus depósitos ya que la vigilancia de los depositantes queda anulada mediante los fondos de garantía de depósitos.
La banca privada sometida a un banco central tiende a magnificar los errores del intervencionismo monetario estatal: los defectos de regulación y supervisión, inevitables por problemas de falta de información e incentivos perversos de los gobernantes, llevan a la banca a asumir riesgos excesivos, poniendo en peligro a todo el sistema económico.
La politización del dinero significa entregar un enorme poder al agente ya de por sí más poderoso, dañino, ineficiente, incompetente e ilegítimo: el Estado. Algunos colectivistas* intentan falazmente justificar simultáneamente el dinero estatal y los impuestos: según ellos el mercado libre no es capaz de generar espontáneamente un buen dinero, y la fiscalidad consigue que el medio de pago impuesto y aceptado por el Estado tenga aceptación generalizada (ya que hay que usarlo para un desembolso tan grande como el pago fiscal, tiende a usarse para todos los demás pagos); además los impuestos, los tipos de interés y la masa monetaria podrían ajustarse para promover el crecimiento y estabilizar la actividad económica.
La realidad es que los impuestos suelen ser una redistribución masiva, coactiva, inmoral e ineficiente de riqueza; el mercado genera espontáneamente buen dinero; y el Estado es sumamente incompetente en la gestión de la economía. Eventualmente las manipulaciones estatales pueden ser tan dañinas que los ciudadanos desobedecen las leyes de curso legal forzoso y repudian la moneda: el Estado no puede crear un buen dinero, pero sí puede destruirlo.
El dinero politizado supone dificultar las relaciones comerciales internacionales (costes de transacción entre divisas, riesgo de tipo de cambio) y posibilitar las guerras comerciales mediante devaluaciones: se fomenta el colectivismo violento, el enfrentamiento conflictivo de ellos contra nosotros. El poder de control de la moneda puede también facilitar la financiación de las guerras, casi nunca justificadas, evitando alternativas más adecuadas o prudentes como los impuestos o la deuda, y con el coste de dañar algo tan esencial para la economía como su patrón monetario.
Para evitar los problemas monetarios de las barreras políticas algunos colectivistas proponen un gobierno mundial del dinero: no tienen suficiente con los fracasos locales, y proponen un fracaso a escala máxima, sin posibilidad de competencia ni alternativas. Del dinero como institución descentralizada se pasaría al máximo nivel posible de socialismo y coacción monetaria.
* Teoría monetaria moderna o Modern Monetary Theory.
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