Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó. A principios de los ochenta, el Estado de Alaska gastaba por cada uno de sus ciudadanos el triple de lo que gastaba el gobierno federal por cada americano. Ante el desenfreno de legisladores, burócratas, compinches y grupos de presión, el gobernador, Jay Hammond, se empeñó en acabar con esta espiral del gasto.
Hammond temía que los ciudadanos del Estado conocido como La Última Frontera abandonaran su espíritu decidido y aventurero y se adormecieran bajo la protección de un inmenso Papá Estado. Sería terrible, pensaba, lo que les sucedería a multitud de ciudadanos dependientes del Estado el día que éste se quedara sin la gallina de los huevos de petróleo.
Así que a finales de los setenta surgió la idea de que parte de los ingresos que el Estado obtenía de los yacimientos petrolíferos fuesen entregados en forma de dividendos a cada ciudadano de Alaska. En vez de dejarlos en manos de los burócratas para derrocharlos día a día, mejor invertirlos en un fondo permanente para que cada ciudadano pudiese administrar su parte correspondiente según su propio criterio. O sea, una especie de impuesto al Estado: si recauda tanto, no por su eficiencia, sino porque se ha reservado la propiedad de tierras ricas en petróleo pero después no sabe gestionar estos ingresos, mejor que pague algo a los ciudadanos. De paso, argumentaba Hammond, los ciudadanos se sentirían más comprometidos con la gestión del petróleo a la vez que serían más reacios a subidas de impuestos.
En 1976, los votantes de Alaska apoyaron 2 a 1 la creación del Alaska Permanent Fund. En verano de 2005, este fondo rondaba ya los treinta mil millones de dólares. Obtuvo apoyos desde el principio entre los más izquierdistas porque aseguraba una distribución igualitaria de los beneficios. Igualmente agradó a muchos ecologistas pues su enfoque a largo plazo impedía el derroche de los recursos naturales. Otros observaron que el fondo se asemejaba al ideal izquierdista de una renta básica universal con la mejora de que no lo costeaba ningún ciudadano con sus impuestos. Además, puesto que sigue tratándose de un lugar remoto y por lo tanto, poco visitado, Hammond se aseguró de que los dividendos que cada ciudadano recibía fuesen aumentando a medida que uno acumulaba años de residencia en Alaska. A día de hoy, casi todos los ciudadanos de la fría región norteamericana reciben un dividendo anual de mil dólares. O más, si llevan más de un año como residentes. Y, encima, no tienen impuesto estatal sobre la renta.
El caso opuesto sería el de Nigeria. El Banco mundial estima que, con el boom del petróleo, su hacienda ingresó unos trescientos mil millones de dólares que después derrochó con creces. El resultado total fue nefasto para los nigerianos. Con este contraste en mente, ya ha habido quien ha propuesto la implantación de un fondo permanente en Irak.
Sin embargo, con todo ello el dinero que se ha conseguido apartar de las manos de los burócratas apenas representa un 5% del gasto público. Insignificante en comparación con lo que siguen manoseando, pero sería difícil encontrar regiones en todo el globo que pudiesen presumir de un porcentaje mayor. Pero es un primer paso. Una forma más contundente y seria de poner los beneficios del petróleo en manos de los ciudadanos habría sido la privatización de las tierras públicas en las que se halla el petróleo. Privatizando y desregulando el sector se habría incentivado la competencia todavía más. Y ese 5% habría crecido quién sabe cuanto.
El camino queda abierto a nuevas ideas para recuperar esa inmensa riqueza que día a día malgastan los burócratas y sus compinches.
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