Ha costado más de un año pero, por fin, el actual bipartito catalán ha cumplido la promesa principal con la que concurrió a las elecciones autonómicas de 2012. Habrá consulta, lo que no implica que ésta sea legal. Aun así, conociendo la ambigüedad deliberada de CIU (y la influencia de los sondeos) es más correcto afirmar que hay preguntas preparadas; que finalmente se vote, está por ver.
En efecto, la historia, y en particular la más reciente, de los convergentes está plagada de pasos atrás, de planes supuestamente grandilocuentes para sus seguidores (no para todos los catalanes) que luego, por factores externos, nunca se ejecutan. Tras ello, el victimismo aparece con expresiones del tipo "expolio fiscal", versión más culta del "España nos roba".
No obstante, en toda esta deriva independentista y de búsqueda del enfrentamiento permanente con el gobierno de España, el nacionalismo catalán no ha estado solo. Al contrario, partidos como el PSC han colaborado por activa (demanda de un nuevo Estatuto que no estaba entre las prioridades de la ciudadanía catalana pero que sirvió para estigmatizar al PP y a Ciudadanos) y por pasiva (su equidistancia, producto de los complejos y de la asunción de dogmas nacionalistas, se ha traducido en la pérdida sucesiva de escaños). También ICV ha participado y también lo ha hecho a través de conceptos de difícil asimilación como el de España plurinacional, sobre el que "sentó cátedra" Rodríguez Zapatero. Finalmente, se sumaron las CUP, partido nuevo que de manera oportunista ha utilizado la crisis económica para lanzar un mensaje independentista de corte radical. Ver para creer, CIU de la mano de una formación anti-establishment…
Como puede comprobarse, salvo el afán de ruptura poco más une a los partidarios del que se convertirá en mantra top para el próximo curso ("derecho a decidir"). En el resto escenarios poco tienen que ver los unos con los otros. Por ejemplo, el filocastrismo caracterizador de CUP o ERC no empatiza con los tintes moderados de Convergencia (y menos de Unió).
Asimismo, los sondeos de opinión muestran una convergencia cada vez más menguada y una Esquerra en alza. Dicho con otras palabras: el órdago de Mas no está dando los resultados apetecidos (algo que, por otro lado, ya anticiparon las autonómicas de 2012).
Este es el escenario. Mientras desde la Generalidad se ataca una y otra vez a la Nación, mientras se prohíbe la educación en castellano o directamente se margina a los castellano-parlantes, se destinan generosas partidas presupuestarias de dinero público para fomentar la simbología y el componente identitario.
Uno de los resultados tangibles es que la libertad de prensa, siendo benévolos en el diagnóstico, no atraviesa por sus mejores momentos en Cataluña, con unos medios públicos que repiten de manera acrítica el mensaje-discurso único que sale de fuentes gubernamentales.
En este sentido, las entrevistas que concede Mas a la prensa catalana no reciben por parte de la progresía (española) las mismas dosis de virulencia en su respuesta, como cuando aquélla analiza las relaciones de Rajoy con los medios de comunicación. Dicha progresía mira cobardemente para otro lado cuando el CAC publica listas negras de periodistas y diputados autonómicos. Nada nuevo, de todos modos. Es el funcionamiento habitual de esa izquierda retrógrada, reaccionaria, que siempre se presenta como moralmente superior y para la que los liberticidios nacionalistas son la respuesta a supuestas provocaciones (generalmente de la derecha extrema, pedante expresión que se hizo hueco a partir de 2004).
Finalmente, diferentes personalidades más buenistas que con buena intención, piden "diálogo" a las partes, orientado en última instancia a dar reconocimiento a la "singularidad catalana", concepto polisémico donde los haya.
Sin embargo, el diálogo, vocablo de fácil alusión, difícilmente se puede llevar a la práctica cuando una de las partes ha optado por imponer una solución unilateral a la otra e insiste en que no va a conformarse con simples prebendas.
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