Madrid es una de las regiones con la economía más dinámica y productiva de toda España. Generadora de empleo y riqueza, no es de extrañar que en las elecciones municipales y autonómicas sea la joya que desean todos los partidos, aunque sólo sea por el prestigio que supone. Sin embargo, Madrid tiene una desgracia, que tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de la capital gobierna el Partido Popular. Y esto no es una desgracia por sí mismo sino porque, a la vez, en el Gobierno de España lo hace el Partido Socialista Obrero Español, lo que genera no pocos conflictos de intereses en los que las carreteras y autovías son protagonistas indiscutibles.
A fecha de hoy existen cuatro infraestructuras donde la polémica está a la orden del día. La M-30, autovía de circunvalación de la capital cuyas obras de mejora acomete el Ayuntamiento de Madrid y que choca directamente con los intereses del Ministerio de Medio Ambiente que exige un Estudio de Impacto Medioambiental. El desdoblamiento de la M-501, también conocida como la "Carretera de los Pantanos", que conecta el este de la región con el centro y donde el mencionado Ministerio también pone sus trabas ante la posible existencia del lince ibérico. La R-1, autopista de peaje que pretende ser una alternativa a la N-1 en su entrada por el norte de Madrid. Y por último, el cierre de la M-50, otra de las carreteras de circunvalación de la capital. En estos dos casos existe un conflicto entre quién debe acometer las obras, si la Comunidad de Madrid que gestiona las carreteras que empiezan y terminan en su territorio y que pretende ejecutarlas lo más rápidamente posible o el Ministerio de Fomento que asegura que son de su competencia al ser de interés general y que no termina de darle prioridad.
Las razones de unos y otros tienen su lógica aunque no la compartamos. El argumento medioambiental es la más polémico y el favorito de los medios de comunicación. Las obras de la M-30, además de las molestias que suponen para el sufrido conductor, generan no pocos problemas de contaminación, ruidos, vertidos y todo tipo de esperpentos medioambientales. No es extraño que oposición, ecologistas, vecinos afectados y por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente hayan llevado el tema a Bruselas. El exceso presupuestario del alcalde más socialista de la derecha española no atraviesa los mejores momentos por mucho que mejore la circulación de la ciudad.
La aparición de excrementos de lince ibérico a unos centenares de metros de la M-501 generó una polémica inusitada en torno al desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos. El excesivo número de accidentes en una carretera desbordada por el crecimiento de la Comunidad, la petición expresa de los alcaldes de la zona y de buena parte de los vecinos y las medidas medioambientales correctoras que se adoptarán en las obras no han sido suficientes para el Ministerio de Medio Ambiente que está más preocupado por la protección de una especie en peligro de extinción y una zona con un ecosistema especialmente atractivo.
El ciudadano tiende a tomar partido en virtud de sus simpatías políticas, como si de un equipo de fútbol estuviésemos hablando, sin entrar en el meollo del asunto, que toda esta polémica no nos sale barata. No me estoy refiriendo a los lógicos y seguramente disparatados presupuestos de todas estas obras más o menos faraónicas, más o menos necesarias; me estoy refiriendo a que el simple enfrentamiento entre administraciones gobernadas por diferentes partidos o el mismo pero con diferentes intereses, conlleva un gasto que sale del mismo sitio, del bolsillo del contribuyente. El trabajo de funcionarios, de peritos, de técnicos, las horas de trabajo, hasta el material de oficina usado para parar la iniciativa de una de las partes tiene su simétrico en la otra y ambas incrementan el coste de algo que ni siquiera sabemos si se va a construir. Todo ello, sin tener en cuenta lo que podríamos denominar como daños colaterales estatales.
La eficiencia no es precisamente una de las virtudes de las Administraciones Públicas, tienden a duplicarse, a triplicarse, a pisarse competencias y a luchar entre sí por el "bien" del administrado y con todo, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuáles son sus competencias. Si ya tenemos bastante con aguantar una Administración, tres es un exceso inaceptable. Las luchas por el poder les salen gratis pues se hacen con dinero público, dinero que obtienen a golpe de decreto o de normativa fiscal. Eso sí, todo muy democrático que para eso hemos votado.
1 Comentario
Un problema es que las carreteras son hechas y mantenidas por las Administraciones Públicas. Si se dejasen a la iniciativa privada, serían los mecanismos de mercado los que determinarían qué carreteras merece la pena hacer y cuáles no. Evidentemente, si las carreteras fuesen hechas por una empresa privada, en competencia con otras empresas privadas, se financiarían con los precios que pagarían los que la usen. Recordemos que la función del precio no es solamente financiar y estimular la oferta sino también restringir la demanda. La situación actual (se pagan con impuestos y no con precios) conduce a una falta de equilibrio entre oferta y demanda. Además del problema de la colisión entre diversas Administraciones Públicas.