Es sorprendente la cantidad de veces que causas aparentemente nobles son excusas socialmente aceptadas para reducir nuestra libertad. La situación se vuelve más hiriente si a la vez que nos la arrebatan observamos como la responsabilidad que ésta conlleva también se pierde. Las causas nobles que el Estado convierte en políticas suelen derivar en individuos irresponsables y caprichosos. ¿Y qué causa hay más noble que la de reducir el número de muertos que todos los días se producen en las carreteras? La Dirección General de Tráfico (DGT) y las administraciones públicas llevan décadas inmersos en esta cruzada tan particular.
Hace algo más de un año, las autoridades españolas decidieron introducir en España el permiso de conducir por puntos con la esperanza de que este tipo de penalización supusiera una mayor concienciación de los peligros de la carretera y el ciudadano levantara un poco el pie del acelerador. Según los datos de agosto de 2007, y en comparación con los de 2006, la situación no puede ser más desalentadora: este año han muerto en las carreteras españolas un total de 229 personas, nueve más que en 2006. El aparente éxito de los primeros meses, todo un fenómeno mediático que abría los telediarios, se ha truncado en uno de los meses de mayor tránsito de vehículos. Nueve muertos más o menos no es un resultado estadísticamente relevante, lo importante es que la ineficacia de todas estas medidas que restringen la libertad de los conductores va acompañada de medidas punitivas y multas que se mantienen o se incrementan pese a la ineficacia de la política.
No menos preocupante es la actitud de los responsables de estos organismos públicos cuando intentan explicar los resultados. El director general de la DGT, Pere Navarro, explicó que la siniestralidad que han registrado las motos –en julio y agosto se ha incrementado en un 53% respecto a 2006– se debió al incremento exponencial de este tipo de vehículos, asegurando que "probablemente, sea un problema de país rico". Ahora resulta que el capitalismo es culpable directo de los muertos en carretera, lo cual no debería de sorprendernos por la tendencia a achacar todos los males del mundo a un materialismo indecente que idealiza el consumo y la posesión de ciertos bienes.
Este tipo de actitud no es nueva. La DGT lleva muchos años culpando del número de muertos al volante al uso incorrecto de los cinturones de seguridad, a la ingestión de alcohol o el uso de drogas o a la excesiva velocidad, lo cual no tiene porque ser falso – seguramente es así–, pero guarda silencio cuando lo denunciable son los errores de diseño de carreteras y autopistas que son propuestas y mantenidas por las administraciones públicas. Así, los puntos negros, es decir, aquellas carreteras en las que el número de muertos es más elevado que en el resto, no suelen ser tratados en las ruedas de prensa que el señor Navarro realiza con tanto aparato mediático alrededor: la mala señalización, la insuficiente iluminación o un diseño ineficiente nunca forman parte de las causas. La culpa no es de la política, es de la realidad que cabezona se niega a plegarse a tanta inteligencia en forma de normas.
Es posible que pensemos que medidas como la de un seguro para el coche que cubra tantos los daños que podamos realizar, como los que podamos recibir, es una medida razonable. También es inteligente llevar una serie de mecanismos que impidan o minimicen los daños personales en caso de accidente. No menos necesario es adecuar la velocidad del vehículo a las características del trazado, a la del propio automóvil o incluso a la habilidad del conductor. Pero que algo sea adecuado, inteligente o razonable no tiene porque ser convertido en norma o ley y mucho menos que su incumplimiento se convierta en un una excusa para confiscar parte de nuestros bienes. Por otra parte, sí es inteligente que el conductor pague o compense los daños que sobre las propiedades o las vidas de otros origine su imprudencia. Tenemos que fomentar la responsabilidad sobre nuestros actos, no satisfacer una norma que en algunos casos es simplemente estúpida o ineficaz.
El seguro obligatorio es un ejemplo de medida innecesaria. Los más baratos pueden generar una falsa sensación de seguridad y sólo sirven para cumplir una obligación administrativa. De hecho, la obligación de tener un seguro es una coacción estatal. Existen mil maneras de que la conducción sea más segura, desde un cierto gasto asumido por el conductor en la contratación del seguro, pasando por la inclusión de cláusulas que penalicen a éste si se ha cometido algún tipo de irregularidad (como conducir bebido o drogado o saltarse ciertos límites de velocidad), para terminar con medidas de cooperación entre amigos y familiares que permitan disfrutar y desplazarse sin peligro. Todo ello invita a la prudencia sin necesidad de obligar a nadie.
La asunción de las responsabilidades sería otro sistema de prevenir excesos. Que el conductor corra el riesgo de terminar con los huesos en la cárcel por la muerte de una persona o por la destrucción de la propiedad es una invitación a la prudencia. No podemos permitir que casos como el de Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro en el juicio por el atropello mortal de un peatón, inviten a pensar que en España la imprudencia se paga con una pena mínima.
Por último debemos pensar en dos cosas más. La primera es que los fabricantes de coches son conscientes de los peligros que la conducción supone y que los conductores son personas con vicios y virtudes, que en muchos casos llevan acompañantes que corren los mismos riesgos. Los coches son equipados con un creciente número de dispositivos que incrementan la seguridad del vehículo, de sus ocupantes e incluso de los peatones y otros vehículos con los que puedan colisionar. Estos dispositivos dejan, con el tiempo, de ser extras y terminan viniendo de fábrica en todos los modelos nuevos, todo ello sin un incremento excesivo del coste final del automóvil. Esto es posible porque el capitalismo y los empresarios trabajan para ello, porque la gente lo demanda. Lo segundo es que pese a todo lo anterior, el peligro de accidente siempre existe y todo el que sale a la carretera puede sufrir uno. Debemos vivir con él y acostumbrarnos. El riesgo cero no existe y por muchas leyes que creen, por muchas multas que nos pongan por no llevar cinturón o por ir a más velocidad de la permitida, podemos perder la vida. Nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad, y el trabajo de miles de empresarios y asalariados que buscan soluciones, son los que reducen el número de muertos.
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