Skip to content

El concepto de perro no ladra

Compartir

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

Ésa es una de las lecciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería aprender de la debacle bursátil de esta semana. Por más que el índice de confianza de los consumidores suba en un mes, eso no quiere decir que exista confianza real en su gestión.

Y lo cierto es que dicho índice, elaborado por el ICO, remontó 5,5 puntos de marzo a abril, lo que junto con el buen dato del paro, podría hacer pensar que se ve una lucecita al final del túnel. Pero si rascamos un poco y observamos cómo se construye el índice de confianza del consumidor podremos hacernos una idea de qué mide y para qué sirve. Se trata de una encuesta con preguntas del tipo «¿considera usted que le va mejor que hace seis meses?» o «¿considera usted que la economía española va a mejorar?», que se realiza a 1.000 personas de diferentes edades, provincias y ocupaciones. La conclusión que cualquier español sensato sacaría de ese repunte es que, o bien las cosas van mejor con toda claridad, o bien la gente está cansada de que vaya mal y necesita vivir con la esperanza de que saldremos adelante. Y teniendo en cuenta que el paro sigue en torno al 20% (por más que la estacionalidad nos haya regalado un dato favorable el pasado mes), no parece que estemos remontando.

Según el ICO, han mejorado sobre todo las expectativas sobre la situación económica, seguida de las del empleo y la economía familiar, mientras que la valoración de la situación actual mejora, sobre todo, en el empleo y el conjunto de la economía. ¿Son incompatibles estos datos con la peor calificación de la deuda soberana española y con la caída bursátil? No lo creo.

Los consumidores financiamos las políticas del Gobierno con nuestros impuestos presentes y con los impuestos futuros, a través de la deuda pública. En España, la proporción de gastos financiados con deuda es mayor que lo que se recauda mediante impuestos, de manera que el consumidor no tiene una percepción real de lo que el Gobierno gasta de más. Por otro lado, la variedad de impuestos, la manera de anunciar las subidas y la periodicidad explican que el consumidor recibe la bofetada pero por partes. Por ejemplo, la subida del IVA supondrá, a partir de julio, una reducción en el poder adquisitivo del ciudadano de la Comunidad de Madrid de 350 euros. Pero será peor: no hay que pasar por alto la caída del PIB y los empleos que se perderán fruto de la subida del IVA. Y la eliminación de la devolución de los 400 euros supondrá otra reducción en su poder adquisitivo extra. Si suben los impuestos especiales, o retocan otros tributos de aquí a septiembre, el efecto será mayor y el ciudadano no se enterará del todo.

La mala percepción del ciudadano de a pie es mucho más grave cuando se trata de los efectos de la deuda del Estado. No solamente porque no se suele dar el dato agregado de la deuda estatal, autonómica, municipal y de las empresas públicas. También porque la deuda de los estados la pagan nuestros descendientes, no nosotros. Pero afortunadamente, la deuda se compra y se vende en el mercado financiero. Eso permite tener más claro lo solvente que el mercado internacional cree que es nuestra economía.

Cuando uno apuesta su propio dinero, mira con lupa dónde lo mete. Y eso es lo que le pasa a los inversores internacionales. Ellos saben que quien ladra es el perro, no el concepto de perro. Se dan cuenta de la diferencia entre la presentación que el dúo Salgado y Campa se llevaron de tournée para convencer a Europa de que somos una buena inversión y la realidad económica de nuestro país. Con un paro del 20%, un sistema bancario lastrado por las cajas de ahorro, cuyo rescate representaría un 15% del PIB, con destrucción del tejido empresarial, unos sindicatos que no están dispuestos a llegar a un pacto en el mercado laboral que facilite el arranque y un contribuyente anémico es necesario un Gobierno con autoridad y solvencia que tome las medidas necesarias, sean o no populares. Y ese no es el Gobierno español.

Por eso, a pesar del maquillaje de datos, de la estacionalidad del empleo, de los buenos deseos proyectados en el índice de confianza del consumidor, la deuda española es más cara y los inversores en Bolsa han dejado claro que no se fían.

** Artículo publicado en el suplemento económido de los domingos, Mercados.

¡Los comentarios están cerrados para este artículo!

Más artículos

Populismo fiscal

Cómo la política impositiva del gobierno de Pedro Sánchez divide y empobrece a la sociedad española El nuevo informe del Instituto Juan de Mariana evalúa la deriva de la política