El confuso «no-mercado» energético español

La política energética de José Luis Rodríguez Zapatero está tan embarullada como el resto. Un observador objetivo, más que lógica y planificación, vería un conjunto de decisiones que se sustentan, unas veces en cuestiones ideológicas, otras en las presiones de diferentes lobbies y/o empresas y en algunos extraños casos, en dolorosos baños de realidad.

A estas alturas, todavía me sorprende que se hable de mercado energético español. Supongo que para un marxista convencido o para un progre descerebrado el sector energético español será un mercado salvaje, pero cuesta encontrar uno donde los precios se establecen de forma oficial a principio de año, donde el Gobierno dicta qué tipo de energías se van a subvencionar, qué instalaciones consiguen autorización, qué empresas van a operar y cuáles no van a conseguir los permisos necesarios. Es difícil encontrar un mercado libre en el que el 20% del capital de Red Eléctrica Española, única empresa que se encarga del transporte eléctrico de alta tensión, esté en manos públicas, siendo ésta la participación mayoritaria, favorecida además por una ley que obligó a las eléctricas a venderle las pocas redes de transporte que tenían incluso en sistemas extrapeninsulares. Es difícil encontrar un mercado libre en el que las empresas del sector se comporten como un oligopolio nacional o como monopolios regionales o en el que las fusiones, compras o participaciones del capital pueden ser supervisadas y vetadas por el gobierno a través de mecanismos, cuando menos, poco éticos. A lo mejor es más acertado hablar del no-mercado energético nacional, un no-mercado que fue "liberalizado", paradojas de la vida, en 1997 con la Ley del Sector Eléctrico.

Industria ha tomado la decisión de subir un 9,8% el precio de la electricidad en 2011 y la ciudadanía, harta de apretarse el cinturón para pagar los excesos de los políticos, ha puesto el grito en el cielo, y con razón. Semejante decisión no es fruto de la casualidad sino de la acumulación de errores y decisiones que han beneficiado a unos pocos y perjudicado a muchos. La apuesta por las energías alternativas del Gobierno de Zapatero ha supuesto unos gastos desorbitados que han ayudado, junto a otros factores, a elevar el precio de la energía un 53% desde 2006 y por los datos que se mueven, este incremento se va a seguir produciendo. Igualito que la evolución de precios en los mercados libres.

Hasta septiembre de este año, las primas de las renovables han sumado 5.886 millones y de ellos la mitad ha ido a parar a la energía fotovoltaica, que apenas representa el 12% de la potencia instalada. En un leve ataque de realidad, el Ejecutivo ha decidido reducirlas, lo que ha despertado la indignación de las empresas y ciudadanos que viven de ello, y sin ninguna razón. El elevado coste de estas tecnologías podría hacer pensar que aún hay mucho que investigar para abaratarlo, o que la labor comercial debe ir dirigida hacia los sectores que están dispuestos a pagar más por una energía aparentemente limpia. Zapatero ha anunciado un descenso de las primas para las renovables en unos 3.300 millones: 232 para las eólicas, 891 para la termosolar y 2.220 para la fotovoltaica. La mala noticia es que las primas siguen existiendo y que la fuente del problema no desaparece, sólo se reduce lo que, como ya demostró el Instituto Juan de Mariana, está ayudando a generar más paro.

El Gobierno ha decidido reducir el déficit tarifario, que por ley no puede ser más de 5.000 millones, y ha decidido repartirlo entre todos los actores, los contribuyentes y las empresas, que son las malas malísimas en todo ejercicio de propaganda progresista. A algunos les parecerá maravilloso que este dinero salga de los beneficios de las empresas, pero me temo que no es tan sencillo. Ya se encargarán de ajustar donde se pueda, como en inversión y mantenimiento. Una de las ventajas de las empresas energéticas españolas es que tienen el negocio diversificado en varios países. La empresa seguirá ganando sin necesidad de invertir en España más allá de los acuerdos que tenga con el Gobierno y de otras inversiones que se hagan para salvar la imagen. Otro ejemplo de mercado libre y salvaje.

Menos revuelo ha generado una decisión del Gobierno sobre la propiedad de las centrales nucleares españolas de Almaraz, Cofrentes, Ascó, Santa María de Garoña, Trillo y Vandellós. De salir adelante, la nueva legislación obligará a cambios en la titularidad de las centrales que exigirá uno por central (actualmente la gran mayoría está compartida), cuentas separadas y detalles de las inversiones. Siempre hay una justificación para cualquier imposición y, en este caso, es la responsabilidad en caso de accidente. Lo interesante de esta nueva normativa radica en la posibilidad, remota, pero posibilidad, de que se pudiera autorizar la construcción de una central nuclear en suelo español. La titularidad única dificultaría la construcción de una central que supone una inversión muy elevada, lo que es una manera indirecta de dificultar este tipo de energía.

Todo esto enlazaría de alguna manera con el empuje que han recibido las cuencas mineras españolas. Porque de nuevo, en este mercado tan salvaje y libre, el Gobierno ha decidido qué tipo de combustible deben gastar las empresas españolas. A principios de diciembre de 2009, Bruselas decidió alargar las ayudas para el carbón europeo hasta 2018, lo que fue muy bienvenido por nuestros subvencionados mineros. El 21 del mismo mes, el Ministerio anunció la prórroga para 2011 de las ayudas a la industria minera del carbón de los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón. Además, por ley, las eléctricas españolas deben usar el carbón nacional.

Con estas condiciones es más fácil construir una térmica o una central de cogeneración que una nuclear. Además, se produce una nueva paradoja, centrales más eficientes y limpias como los ciclos combinados tienen que permanecer paradas para que las térmicas, más contaminantes y menos eficientes, quemen carbón nacional, que además tiene menos capacidad calorífica que el importado y es mucho más contaminante.

¿No estamos en una situación confusa, casi irracional? El Gobierno favorece la ideología ecologista y los intereses de las empresas ligadas a las renovables durante años, luego les da la espalda, al menos aparentemente, reduciendo ayudas y favoreciendo un sector tan lejano a los intereses de ambos grupos y, por último, da una última estocada a la energía nuclear, que ya lo tenía difícil, pero que podría echar una mano en objetivos como la menor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Lo dicho, un mercado de lo más salvaje.