El cuarto poder del Estado

La característica del cuarto poder es que es un contrapeso del poder político externo al Estado y a su organización. O no.

A la tradicional teoría de separación de poderes basada en el equilibrio interno del Estado entre ejecutivo, legislativo y judicial se sumó un poder adicional para controlar desde fuera los excesos del poder, la prensa escrita encarnó este cuarto poder. Aunque se habla de quintos y sextos poderes por extensión puede considerarse que es el papel que juegan los medios de comunicación en general y, gracias a la descentralización que ha traído Internet, cualquier persona con acceso a la red. La característica de este contrapeso del poder político es que se trata de algo externo al Estado y a su organización. O no.

Lamentablemente la práctica no suele encajar con la teoría y esta separación de poderes muchas veces es una mera ilusión que se enuncia pero que no existe. El Estado se define como monopolio y la legitimidad democrática concentra en la voluntad del pueblo el único poder que se expresa de diferentes formas pero que, en definitiva es uno solo. En España, este hecho se manifiesta en la fuerza real de Boletín Oficial del Estado, cuyas páginas son ley y nombran funcionarios a su servicio como son los jueces. No podemos confiar inocentemente en que una parte sea la encargada de controlar y vigilar al todo, de ahí que la idea de un cuarto poder ajeno a los tres poderes estatales resulte tan sugerente.

No obstante, nos movemos de nuevo en el mundo de la teoría porque en el día a día los tentáculos del Leviatán llegan a todos los ámbitos de la sociedad. La libertad de expresión y prensa está consagrada en muchas constituciones pero ello no ha evitado que el Estado haya encontrado formas alternativas para controlar, dirigir o interferir, directa o indirectamente, en los medios de comunicación.

Aunque no existe censura previa sí existen medios de comunicación públicos controlados directamente por los políticos que obedecen a los intereses del gobierno de turno. En España, tenemos radios y televisiones públicas financiadas directamente a través de los presupuestos con el dinero de los contribuyentes. La manipulación está asegurada y crea en su interior dinámicas propias como grupos de interés que exigen mayor financiación o emanciparse de un grupo político para apoyar a aquellos que siempre defienden los medios de comunicación de titularidad estatal asegurando su forma de vida.

Tampoco debemos menospreciar las presiones de todo tipo muchas veces vinculadas a las promesas de futuras concesiones, arreglos judiciales o financiación. E incluso, amenazas veladas como esta del ministro de Hacienda del gobierno español:

“A veces, los creadores de opinión tienen una proyección social, pero también tienen problemas con la Hacienda Pública. Los que tienen presencia pública son todavía más Hacienda. Hay algunos que han criticado mucho esto de las listas desde los medios de comunicación (…) Estoy señalando bastante concreto. He hablado de actividades profesionales, pero fíjese si he sido concreto que sin dar nombres, se han publicado muchos nombres al día siguiente de decirlo (…) Precisamente, este anuncio está dando resultado. Y es bueno que se conozca esa lista, que la gente lo sepa ¿o no es bueno? Los que nos dedicamos a la política lo tenemos todo publicado. Y los que están en el otro lado no. ¿Eso está bien? Además, hablan todos los días de política. Oye pues es bueno que se habla de política pero asumiendo las responsabilidades que tienen como ciudadanos”.

Para que una sociedad libre pueda controlar el poder político necesita medios privados que surgen de la iniciativa empresarial, sometidos a la libre competencia y a la soberanía del consumidor. Las legítimas querencias ideológicas de medios y comunicadores no son correas de transmisión de los burócratas sino las mismas que las de una sociedad plural y abierta. Sin embargo, el Estado puede condicionarlos a través licencias (es el caso de televisiones y radios cuya existencia depende de graciosas concesiones políticas que se conceden a los amiguetes y pueden no renovarse cuando dejen de serlo) o mediante su financiación. Por un lado puede facilitarse el crédito a través de la banca pública (en España el caso de las cajas de ahorro como hucha de televisiones autonómicas o locales) o mediante la contratación de publicidad. Merece la pena analizar las cifras.

En la biblia estatal del BOE se publicó una ley hace diez años (Ley 29/2005) para regular la publicidad institucional a través de, como no, una Comisión de Publicidad y Comunicación institucional que publica periódicamente los el gasto publicitario que se encuentra diseminado y escondido entre los diferentes ministerios. Según el plan anual para 2015 el coste total previsto para este año es de 48.935.480 euros, un incremento del 19 por ciento respecto al año anterior. Si bien es cierto que desde el año 2007 se ha reducido esta partida, las cifras están maquilladas ya que desde el 2008 no se contabilizan las campañas de Turespaña o Renfe por considerarse campañas comerciales. Sumando estas y otras campañas comerciales del Estado (como las de loterías y apuestas, AENA o líneas de crédito ICO) el montante total alcanza los 169,4 millones de euros.

Quienes critican los medios privados de comunicación suelen argumentan que no garantizan la neutralidad al alinearse con los intereses de las grandes empresas que están detrás con sus masivas campañas de publicidad. Si seguimos esta línea argumentativa podríamos sorprendernos y es que, según la tesis doctoral de Víctor Curto Gordo en la Facultat de Comunicació Blanquerna “Escenarios de la publicidad institucional. Definición, contextualización, historia y operativa de la publicidad de las administraciones públicas” el primer anunciante de España sería el propio gobierno Español,entre el año 2007 y 2009 el gasto publicitario del Estado sería mayor que el del mayor anunciante: 268 millones de euros del gobierno de España frente a los 171,20 millones de euros de Telefónica para el año 2007.

Estas asombrosas cifras no tienen en cuenta la publicidad comercial del Estado ni tampoco el gasto público consagrado en otras administraciones territoriales como comunidades autónomas, provincias, ayuntamientos o cabildos. Que cada cual se haga una idea de lo que gastan estas administraciones próximas en su localidad y se harán una idea de la capacidad que pueden llegar a tener los burócratas a la hora de condicionar la agenda política y la opinión pública.                                                          

Cabría preguntarse entonces si la publicación de casos de corrupción durante la crisis podría estar relacionada con el descenso de esta financiación pública indirecta. O desde otro punto de vista, ¿habrían sido tan eficientes los medios en la denuncia de casos de corrupción si hubiesen recibido maná público al mismo nivel que durante la burbuja? En cualquier caso, cuanto menor sea la interferencia de lo público en los medios privados mayor independencia de estos y menos se comportarán como el cuarto poder del Estado.

Podríamos estar peor, los medios de comunicación podrían estar controlados directamente por el Estado o incluso prohibidos. Internet tampoco es una garantía pues de la misma forma que el Estado puede controlar el abastecimiento de papel para los periódicos podría controlar el acceso a la red y censurarla como hacen algunos países comunistas. En ese caso, solo nos quedará votar con los pies y ejercer el cuarto poder desde el exilio.