Las cuentas públicas españolas acaban de cerrar su tercer año consecutivo en números rojos, con un déficit público del 9,24% del PIB en 2010, equivalente a la astronómica cifra de 98.227 millones de euros, tras el 11,1% registrado en 2009 y el 4,1% en 2008. ¿Cómo se ha fraguado este brutal desequilibrio presupuestario?
Para empezar, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas dentro del trienio 2008-2010, al que ya podemos considerar histórico en términos de deterioro fiscal. Tras el estallido de la crisis financiera internacional a mediados de 2007, y su posterior materialización en lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión, los países más desarrollados del planeta, agrupados en torno al G-20, pusieron en marcha amplios y extensos planes de estímulo (gasto público) con el ilusorio fin de impulsar la ansiada recuperación económica.
Su aplicación se concentró fundamentalmente en 2008 y 2009, al menos en lo que se refiere a la zona euro. Posteriormente, y sólo tras el estallido de la crisis de deuda soberana en 2010, los gobiernos se vieron forzados a dar marcha atrás, frenando en gran medida la extensión de tales estímulos ante el riesgo inminente de quiebra por parte de algunos países. Este cambio de rumbo se observa perfectamente en las cuentas españolas:
Evolución de gastos (interanual): 8,8% en 2008; 7,4% interanual en 2009; -1% en 2010.
Evolución de ingresos (interanual): -6,6% en 2008; -9,6% en 2009; 3,8% en 2010.
De este modo, el gasto público aumentó un 15,7% si compramos los Presupuestos de 2007 con los de 2010, mientras que la recaudación cayó un 12,3%.
Ahora bien, medir el déficit público en términos de PIB maquilla, en gran medida, el despilfarro presupuestario del Gobierno. En este sentido, las cuentas pública deberían ser analizadas empleando términos contables similares a los aplicados por las empresas.
Es decir, no tiene sentido medir el déficit en términos de PIB. Es más correcto medirlo el déficit en términos de ingresos fiscales. De este modo, observamos las siguientes cifras: mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas gastaron en 2007 un 4,6% menos de lo que ingresaron; en 2008 gastaron un 11,2% más; un 32% más en 2009; y un 25% más en 2010.
Así pues, el caso más paradigmático en este campo se produjo en 2009, año culmen de los planes de estímulo a nivel internacional y, sobre todo, nacional. Durante ese ejercicio el déficit del Estado (excluyendo CCAA y Ayuntamientos) alcanzó la cifra récord de 99.258 millones de euros. En concreto, sólo el Estado, gastó 205.000 millones de euros frente a unos ingresos no financieros de 105.000 millones. Es decir, gastó un 93,8% más de lo que ingresó por vía fiscal, casi el doble.
Entre 2007 y 2009, Irlanda, Grecia, España y Portugal han registrado los déficits públicos más elevados de la zona euro, e incluso de toda Europa si se excluye a Reino Unido y a la ya quebrada Islandia. En concreto, a lo largo de estos tres años, España ha acumulado un déficit público total de 260.000 millones de euros, equivalente al 25% de la riqueza que produce todo el país en un año. Una cifra descomunal. Empleando la contabilidad presupuestaria señalada anteriormente, el Gobierno ha gastado de media un 22,6% más de lo que ha ingresado por vía fiscal entre 2008 y 2010.
¿Resultado? El Gobierno español ha incurrido en uno de los mayores deterioros presupuestarios del mundo desarrollado, tan sólo superado por Islandia e Irlanda: un desequilibrio fiscal neto superior al 13% del PIB entre 2006 y 2009 (últimos datos disponibles de la OCDE).
Todo este descuadre, como es lógico, se ha materializado en un espectacular aumento de la deuda pública, que ha crecido desde el 36% del PIB en 2007 hasta el 60% en 2010. Es decir, 24 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a esos 260.000 millones de déficit acumulado. De hecho, según las propias previsiones que maneja el Gobierno, la deuda pública rondará el 70% del PIB en 2011, con lo que el Ejecutivo habrá duplicado la deuda existente en apenas 4 años, hasta el punto de rozar el nivel de Alemania.
En resumen, estamos asistiendo a uno de los mayores deterioros presupuestarios de la historia reciente de España y del mundo desarrollado en el contexto de la actual crisis financiera y económica internacional. Y la razón esencia estriba en la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno español.
Esta política keynesiana made in Spain está contenida en el denominado Plan E, "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo", que incluye un total de 99 medidas. El plan de estímulo se puede dividir en tres bloques básicos: medidas directas de impulso fiscal, centradas en mayor gasto público para paliar el paro y tratar de activar la demanda; medidas de impulso financiero (financiación pública a bancos, familias y empresas); y los tradicionales "estabilizadores automáticos" (prestaciones públicas).
La cuestión es que dicho deterioro presupuestario se debió, por igual, tanto al aumento de gastos como al desplome de ingresos. Así, casi la mitad del déficit público acumulado hasta 2009 se debe a la reducción de ingresos y la otra mitad al aumento de gastos (responsabilidad directa del Gobierno). De este modo, si el Ejecutivo hubiera congelado el gasto público desde 2007, España habría registrado en 2009 un déficit próximo al 7% del PIB.
Y es que, entre 2008 y 2009, el Gobierno puso en marcha políticas de gasto discrecionales cuyo coste ascendió al 4,2% del PIB, muy superior a la media europea (1,5%), mientras que el coste de los estabilizadores automáticos fue del 4,9%, unos 53.000 millones de euros, frente al 3,3% de la UE-27.
Así pues, España ha realizado una de las políticas keynesianas más activas y amplias de los países desarrollados sin haber logrado impulsar la ansiada recuperación. De hecho, el único resultado ha sido disparar el déficit hasta cifras récord y duplicar el volumen de deuda en apenas 4 años, levantando de paso serias dudas acerca de la solvencia del Estado español. Si a ello se suma la grave situación del sistema financiero español, podemos concluir que esta política no sólo ha sido errónea sino catastrófica para el futuro de la economía nacional, pendiente ahora de si finalmente es rescatada o no por la UE y el FMI.
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